Disparos frente a una comisaría y vecinos alcanzados por la violencia
El lunes 2 de noviembre, alrededor de las 20:50, se produjo un grave episodio de violencia armada en la intersección de Alberdi e Hipólito Yrigoyen, precisamente donde funciona la Subcomisaría 9.ª de Santo Tomé, dependiente de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, cuando desde un automóvil Volkswagen Gol gris se efectuaron varios disparos que pusieron en peligro a personas que se encontraban en las inmediaciones de la dependencia policial.
El hecho consta en el parte policial 600/26, elaborado por personal de la propia unidad, donde se informa que los efectivos escucharon detonaciones frente al establecimiento, tomaron sus elementos de seguridad y salieron para verificar lo sucedido, momento en el cual un vecino, visiblemente nervioso, entregó tres vainas servidas de calibre 9 milímetros y manifestó que los disparos habían sido efectuados desde un vehículo que circulaba por Hipólito Yrigoyen y giró por Alberdi en dirección a Candioti.
El documento identifica como víctimas a una mujer de 81 años y a un hombre de 54, mientras que una fuente policial que aportó información adicional a APROPOL aseguró que se habrían efectuado aproximadamente nueve disparos y que la mujer había recibido un impacto de bala en una mano.
Según esta reconstrucción testimonial, los vecinos habrían quedado expuestos a una balacera desarrollada prácticamente en la puerta de la comisaría, aunque todavía debe establecerse mediante la investigación judicial si la dependencia policial constituía el objetivo del ataque y cuáles fueron las circunstancias concretas en que resultaron afectadas las víctimas.
La circunstancia resulta especialmente grave porque no se trata solamente de disparos efectuados en una zona urbana, sino de un episodio producido frente a una instalación policial, con dos personas identificadas como damnificadas y una denuncia concreta sobre lesiones que exige corroboración médica y judicial.
Una mujer de 81 años habría recibido un disparo y el parte inicial no informa lesiones
Uno de los aspectos más preocupantes de la documentación conocida es que el parte policial, caratulado inicialmente como abuso de arma, identifica a las dos víctimas, pero no consigna expresamente que alguna hubiera sufrido heridas, pese a que la fuente consultada posteriormente aseguró que la mujer de 81 años recibió un disparo en una mano.
La diferencia obliga a establecer si la lesión fue constatada después de la confección del primer informe, si existen actuaciones complementarias, qué asistencia recibió la víctima y cuál es la calificación jurídica actual del episodio.
No puede afirmarse todavía que se haya ocultado deliberadamente esa información, pero tampoco corresponde minimizar la importancia de esclarecer por qué un hecho de semejante gravedad aparece descripto inicialmente sin referencias a lesiones que una fuente policial sostiene que efectivamente existieron.
También deberá determinarse qué ocurrió con el hombre identificado como víctima, cuál fue su exposición al ataque y qué medidas de protección o asistencia se dispusieron respecto de ambos vecinos.
Después de la balacera, una intervención policial por 90 días y desplazamientos de jefaturas
Lo ocurrido posteriormente agrega una dimensión institucional que merece una explicación pública particularmente detallada, porque una fuente policial aseguró a APROPOL que, tras la balacera, se produjo la intervención de la Zona de Inspección correspondiente por un plazo de 90 días y que también se adoptaron medidas sobre la Subcomisaría 9.ª.
Según el testimonio, autoridades superiores de la Unidad Regional I concurrieron al lugar y posteriormente se habrían dispuesto cambios en distintas jefaturas, con la designación del segundo jefe de Orden Público, identificado como Salas, en carácter de interventor, el traslado del jefe de Zona a la Comisaría 12.ª y otras reasignaciones que alcanzarían a la Subcomisaría 16.ª y a dependencias de la región.
La misma fuente denunció que se habría establecido para el personal un régimen de 12 horas de servicio por 36 de descanso, circunstancia que plantea interrogantes adicionales sobre las condiciones laborales de los efectivos y sobre los criterios utilizados para reorganizar los recursos humanos.
Estos movimientos todavía requieren confirmación mediante las disposiciones administrativas correspondientes, pero su eventual existencia obliga a una pregunta elemental: ¿Qué sucedió para que la respuesta institucional fuera una intervención extraordinaria de la estructura policial y no solamente el reemplazo de un responsable operativo?
Si la intervención guarda relación con la balacera, corresponde que la autoridad explique cuáles fueron las deficiencias detectadas, qué responsabilidades se investigan y qué objetivos deberán cumplirse durante los 90 días. Si obedece a otras circunstancias, también resulta necesario conocerlas, porque una reorganización de semejante alcance no debería quedar reducida a comentarios que circulan entre el personal policial.
Mientras se reorganizan las jefaturas, denuncian balaceras vinculadas con las drogas en otros sectores de la región
El problema, según la fuente consultada, no termina en la esquina de Alberdi e Hipólito Yrigoyen, porque los episodios de violencia armada se estarían repitiendo en otras jurisdicciones de la Unidad Regional I, particularmente en sectores de Santo Tomé y barrios de Santa Fe capital, donde existirían conflictos relacionados con la comercialización ilegal de drogas.
El informante mencionó expresamente la jurisdicción de la Subcomisaría 16.ª, donde describió una sucesión de enfrentamientos y balaceras que atribuyó a problemas de narcotráfico, utilizando la expresión coloquial «falopa» para identificar el origen de buena parte de esos conflictos.
La denuncia no permite determinar por sí sola la frecuencia real de esos acontecimientos ni establecer que todos los ataques respondan a disputas por drogas, pero encuentra un contexto que merece investigación en los procedimientos judiciales y policiales desarrollados recientemente en la región.
En efecto, durante los últimos días se difundieron operativos de la Policía de Investigaciones relacionados con ataques armados, tentativas de homicidio y comercialización de estupefacientes, algunos de ellos con allanamientos en Santo Tomé y distintos sectores de Santa Fe capital.
La cuestión de fondo consiste en determinar si los episodios documentados corresponden a conflictos independientes o si existen conexiones entre personas, grupos, territorios y modalidades de violencia que permitan establecer patrones delictivos más amplios.
Otro Volkswagen Gol gris y una nueva balacera: una coincidencia que merece investigarse
Un antecedente especialmente llamativo ocurrió durante la tarde del domingo 1 de noviembre (previo a este ataque) en barrio La Barranquera de Santo Tomé, donde cuatro personas que circulaban a caballo denunciaron haber sido atacadas a tiros desde un automóvil Volkswagen Gol gris, según informaron distintos medios periodísticos.
En aquella oportunidad, uno de los adolescentes involucrados sufrió lesiones al arrojarse del caballo para protegerse, mientras que los responsables del ataque lograron escapar.
La coincidencia entre el modelo y color del automóvil mencionado en ese episodio y el vehículo descripto en el parte policial 600/26 del día siguiente resulta relevante para la investigación, aunque constituye un indicio insuficiente para afirmar que se trate del mismo automóvil o de los mismos atacantes.
Corresponderá a los investigadores determinar si existen registros de cámaras, testimonios, características particulares de los vehículos u otros elementos que permitan establecer o descartar una posible conexión.
El silencio oficial y la falta de información sobre un hecho de gravedad institucional
La fuente que proporcionó los detalles del ataque cuestionó especialmente que lo sucedido frente a la Subcomisaría 9.ª no hubiera alcanzado la difusión pública que, por su gravedad, cabría esperar, y sostuvo que existirían otros episodios de violencia armada en distintas jurisdicciones de la Unidad Regional I que tampoco reciben suficiente atención informativa.
La búsqueda realizada por APROPOL permitió localizar noticias sobre otros ataques a tiros ocurridos en Santo Tomé durante los mismos días, pero no una cobertura específica del episodio del lunes 2 de noviembre frente a la dependencia policial ni una explicación pública verificable sobre las intervenciones administrativas denunciadas.
Esto no demuestra por sí mismo una decisión deliberada de ocultar información ni permite responsabilizar a los medios por actuaciones que desconocemos, pero sí pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades proporcionen una versión institucional completa sobre lo sucedido.
Una balacera frente a una comisaría, dos vecinos identificados como víctimas, una mujer presuntamente herida de bala y una posterior intervención de jefaturas constituyen hechos demasiado importantes como para permanecer sin una explicación pública suficiente.
El Ministerio de Justicia y Seguridad y la conducción de la Unidad Regional I deberían informar qué ocurrió, cuáles fueron los resultados iniciales de la investigación, qué medidas administrativas se adoptaron y si las decisiones denunciadas guardan relación directa con el episodio.
¿Intervienen las dependencias porque detectaron irregularidades o porque la violencia superó la capacidad de respuesta?
Esta es una de las preguntas institucionales más importantes que deja el caso, porque una intervención administrativa puede constituir una herramienta legítima para reorganizar una estructura, corregir deficiencias o recuperar capacidad operativa, pero su necesidad, alcance y fundamentos deben poder explicarse y someterse a evaluación.
Si la violencia armada se reproduce en distintos sectores de la Unidad Regional I, como sostiene la fuente consultada, reemplazar jefes o modificar horarios de servicio no constituye por sí mismo una política suficiente para abordar las causas de esos conflictos.
También es indispensable examinar qué recursos operativos, tecnológicos y humanos tienen las dependencias afectadas, cuál es el apoyo que reciben de las áreas de investigaciones y qué articulación existe con las fiscalías que intervienen en delitos vinculados con armas de fuego y narcotráfico.
Los policías que prestan servicio en esas jurisdicciones también tienen derecho a conocer los fundamentos de las decisiones que modifican sus destinos y condiciones de trabajo, especialmente cuando esas medidas podrían estar relacionadas con una crisis de seguridad cuya verdadera dimensión todavía no ha sido explicada públicamente.
La responsabilidad de informar también forma parte de la seguridad pública
Lo sucedido frente a la Subcomisaría 9.ª exige respuestas concretas sobre el ataque armado, la situación de las víctimas, la investigación de los responsables y las posteriores decisiones adoptadas sobre la conducción policial.
Pero también reclama una evaluación más amplia sobre la reiteración de balaceras en Santo Tomé y Santa Fe capital, el posible papel del narcotráfico en esos episodios y la calidad de la información que el Estado proporciona a la sociedad.
No se trata de exigir que las autoridades revelen actuaciones reservadas ni información que pueda perjudicar investigaciones judiciales, sino de reclamar una rendición de cuentas mínima sobre hechos de violencia que afectan a los ciudadanos y sobre medidas administrativas de trascendencia institucional.
Si efectivamente se disparó prácticamente frente a una comisaría, una mujer de 81 años resultó herida y posteriormente fue necesario intervenir parte de la estructura policial, la sociedad tiene derecho a conocer qué sucedió, por qué sucedió y qué están haciendo las autoridades para evitar que vuelva a ocurrir.
Porque el problema no termina cuando cesan los disparos ni cuando se reemplaza a un jefe policial. También importa qué se investiga, qué se corrige, qué se informa y quién responde por la seguridad de los ciudadanos y de los propios trabajadores policiales.
Otro episodio bajo investigación: encuentran muerto a un joven dentro de un Volkswagen en Recreo
A este escenario de preocupación por la seguridad en el departamento La Capital se suma un episodio ocurrido durante la mañana del miércoles 4 de noviembre en jurisdicción de Recreo, donde efectivos del Comando Radioeléctrico encontraron sin vida a un hombre de 27 años dentro de un automóvil Volkswagen Polo Track, estacionado sobre un camino lateral de Circunvalación, en inmediaciones de la Ruta Provincial 70.
El hallazgo se produjo alrededor de las 9:45, cuando los uniformados realizaban tareas de patrullaje preventivo y observaron el vehículo detenido, encontrando al joven en el asiento del conductor, que se encontraba reclinado. Posteriormente se estableció que su madre había denunciado su desaparición durante las primeras horas de la jornada.
La Fiscalía dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones, la realización de las pericias correspondientes y una autopsia para determinar las causas del fallecimiento, mientras que el automóvil fue trasladado a una dependencia policial para su preservación.
Por el momento se desconoce si este episodio guarda alguna relación con los ataques armados registrados en Santo Tomé durante los días anteriores. La única coincidencia conocida es que los vehículos mencionados pertenecen a la misma marca, aunque se trata de modelos diferentes: un Volkswagen Gol gris en los hechos de Santo Tomé y un Volkswagen Polo Track en el caso de Recreo. No se dispone de elementos que permitan vincularlos ni se ha establecido todavía la causa de la muerte del joven.
El caso, informado por Aire de Santa Fe, permanece bajo investigación judicial y constituye otro acontecimiento que requiere esclarecimiento, sin que corresponda asociarlo a la violencia armada o al narcotráfico mientras no existan evidencias que sustenten esa hipótesis.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
–
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora