El Gobierno provincial confirmó que no prorrogará el aporte solidario creado con la reforma previsional de 2024, por lo que el descuento se reducirá de manera proporcional durante septiembre y desaparecerá por completo desde octubre, impacto que se verá reflejado en los haberes que se cobren en noviembre.
La decisión alcanza tanto a jubilados y pensionados como a trabajadores activos, aunque desde Amsafé advierten que la eliminación del aporte no resuelve el núcleo del conflicto previsional y reclaman la derogación integral de la reforma.
El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, confirmó que el Gobierno no extenderá el aporte solidario incorporado con la reforma previsional aprobada en 2024 y explicó que el esquema dejará de aplicarse de manera progresiva, con un último descuento proporcional correspondiente a trece días y la eliminación total desde octubre, cuyo efecto se percibirá en los haberes abonados en noviembre.
La medida alcanzará tanto a pasivos como a trabajadores activos y significará una mejora directa en el ingreso de bolsillo de quienes venían soportando la retención, especialmente en los tramos más altos de la escala previsional, donde el descuento podía llegar hasta el 6% para quienes percibían haberes superiores a aproximadamente 6,8 millones de pesos.
Boasso defendió el diseño original del aporte bajo el argumento de una “justicia redistributiva” y recordó que quienes cobraban hasta tres jubilaciones mínimas estaban exceptuados, mientras que los porcentajes comenzaban en el 2% y aumentaban de manera progresiva según el nivel del haber.
El Gobierno da por cumplido el objetivo, pero el conflicto previsional continúa
La decisión oficial se produce a dos años de la reforma previsional y en momentos en que el propio Gobierno reivindica que aquel paquete permitió recomponer el sistema y reducir tensiones financieras, aunque desde los gremios la lectura es muy distinta porque sostienen que buena parte del equilibrio se consiguió mediante mayores descuentos, aumentos diferidos y pérdida de derechos para activos y jubilados.
La eliminación del aporte solidario, por lo tanto, representa un alivio concreto, pero no cierra el debate sobre la reforma previsional ni sobre el impacto acumulado desde su implementación.
Amsafé reclama la derogación integral de la reforma
En paralelo, Amsafé anunció que llevará a la Legislatura un petitorio acompañado por miles de firmas para exigir la derogación de la reforma previsional y revisar sus efectos sobre los trabajadores docentes.
El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo que la norma consolidó un modelo de ajuste que recayó sobre activos y jubilados y señaló que, además del aporte solidario, continúan vigentes otros puntos que consideran regresivos, entre ellos el pago diferido de aumentos a los pasivos, el reclamo por un 82% móvil efectivo y la incorporación de sumas no remunerativas que no se trasladan de manera plena a las jubilaciones.
Desde Amsafé también cuestionan que los docentes hayan tenido que extender años de servicio y aportar más mientras los salarios perdían capacidad adquisitiva, y advierten que el mayor impacto terminó recayendo sobre los jubilados, que además de recibir aumentos en forma diferida debieron soportar descuentos extraordinarios sobre sus haberes.
El fin del aporte no significa volver al régimen anterior
Este es uno de los puntos que conviene dejar claro, porque la eliminación del aporte solidario no implica que la reforma previsional quede derogada ni que se restituyan automáticamente todas las condiciones existentes antes de septiembre de 2024.
Lo que desaparece es una de sus herramientas más visibles y cuestionadas, pero siguen en discusión otras modificaciones vinculadas con edad, aportes, forma de cálculo y actualización de haberes, por lo que el alivio económico inmediato no equivale a una marcha atrás integral.
Un alivio que llega después de dos años de ajuste
Para los jubilados y trabajadores alcanzados, el fin del descuento tendrá un impacto directo en el bolsillo y permitirá recuperar una porción del ingreso que durante los últimos dos años fue absorbida por el esquema previsional.
Sin embargo, el anuncio también reabre una discusión política que el Gobierno preferiría dar por saldada, porque si el aporte era transitorio y finalmente desaparece, queda pendiente evaluar qué costo tuvo durante su vigencia y hasta qué punto el equilibrio del sistema se sostuvo sobre el esfuerzo extraordinario de quienes ya venían soportando pérdida salarial, inflación y aumentos diferidos.
La Legislatura vuelve a quedar en el centro del debate
El reclamo de Amsafé busca precisamente que diputados y senadores vuelvan a discutir la reforma y revisen sus consecuencias a dos años de su sanción.
El gremio sostiene que no alcanza con dejar caer el aporte solidario y exige que también se eliminen las diferencias temporales entre aumentos de activos y jubilados, se garantice el 82% real y se restituyan derechos que, según su interpretación, fueron recortados desde 2024.
El Gobierno, en cambio, presenta la decisión como el cierre natural de una herramienta transitoria que habría cumplido su objetivo.
Entre ambas posiciones queda abierta una discusión que seguramente continuará en la Legislatura y en la calle: si la reforma previsional fue una solución necesaria para sostener el sistema o si, como denuncian los gremios, terminó trasladando buena parte del ajuste a quienes viven de un salario o una jubilación.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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