La mudanza prevista al “Nido” genera fuerte rechazo entre unos 60 operadores de la Sala de Monitoreo Municipal, que cuestionan la ubicación, la falta de transporte, la inseguridad de la zona y, de manera expresa, no quieren compartir edificio ni funciones con personal policial del 911. También denuncian falta de representación efectiva de sus sindicatos.
La posible reubicación de unos 60 operadores municipales de videovigilancia al edificio conocido como “Nido”, donde también funcionarían áreas del GSI y operadores de cámaras del 911, genera resistencia entre los trabajadores. Cuestionan la ubicación, la falta de conectividad en transporte, los problemas de seguridad de la zona y la ausencia de una representación sindical específica.
En la ciudad de Santa Fe comenzó a crecer en las últimas horas un fuerte malestar entre trabajadores municipales de la Sala de Monitoreo local ante una mudanza que, según distintas fuentes consultadas por APROPOL, estaría prevista para el próximo 1º de septiembre y que implicaría trasladar ese servicio al edificio conocido como “Nido”, donde también pasarían a desempeñarse operadores vinculados al sistema de cámaras del 911 de la policía provincial y sectores del GSI municipal.
La situación, de acuerdo con los testimonios recogidos, no es presentada por los trabajadores como una simple cuestión administrativa ni de logística interna. Por el contrario, aparece asociada a una serie de preocupaciones concretas que van desde las condiciones de acceso al nuevo lugar de trabajo hasta el tipo de convivencia funcional que se pretende organizar dentro del mismo edificio.
Según explicó una fuente con conocimiento directo del funcionamiento del sistema, en la actualidad existe un nexo operativo entre las cámaras del 911 y las de la Municipalidad, tarea en la que también participa personal policial destinado desde hace tiempo en ese ámbito. La novedad sería que ahora se buscaría concentrar en un mismo espacio físico a los operadores municipales de videovigilancia, a los operadores de cámaras del 911 y a otros sectores vinculados a la seguridad ciudadana local.
Esa decisión, sin embargo, no habría sido recibida con entusiasmo por buena parte del personal municipal involucrado. Entre las objeciones mencionadas aparece en primer lugar la ubicación del nuevo destino, ya que, según plantean, no existirían líneas de colectivos suficientemente adecuadas o directas para garantizar un acceso razonable al lugar, lo que complicaría especialmente la llegada y el regreso de muchos trabajadores.
A eso se suma otra preocupación que no es menor: el contexto de seguridad de la zona. Siempre según las fuentes consultadas, varios operadores manifiestan temor por las condiciones del entorno y por la posibilidad de verse expuestos a situaciones de riesgo, agravadas por el hecho de compartir edificio con personal policial o con áreas directamente asociadas a tareas de seguridad. Algunos incluso temen ser confundidos con policías por personas ajenas al funcionamiento interno del lugar, lo que aumentaría su sensación de vulnerabilidad.
El rechazo no se agotaría allí. Otro de los puntos de fricción estaría dado por la propia convivencia institucional dentro del edificio. De acuerdo con los testimonios recabados, existe resistencia de parte de operadores municipales a compartir el mismo inmueble con personal policial ligado al 911, aun cuando funcionaran en pisos distintos o bajo estructuras diferentes. La cuestión remite no sólo a diferencias laborales o culturales entre ambos sectores, sino también a la percepción de que se estaría mezclando personal con dependencias, responsabilidades y lógicas de trabajo que no necesariamente son equivalentes.
El malestar se profundiza además por una cuestión gremial. Según se indicó a esta redacción, los aproximadamente 60 operadores de la Sala de Monitoreo Municipal sentirían que sus reclamos no encuentran hoy una defensa suficientemente clara dentro de los sindicatos municipales, lo que alimenta la sensación de quedar atrapados en una decisión ya encaminada sin canales efectivos de consulta, negociación o representación.
Por el momento no se conocen explicaciones oficiales detalladas acerca de los fundamentos de la mudanza, ni sobre las condiciones concretas en las que se desarrollaría la nueva organización del trabajo. Tampoco está claro si existieron instancias previas de consulta con el personal afectado, estudios sobre accesibilidad, evaluaciones de seguridad del lugar o mecanismos destinados a atender las objeciones planteadas por los trabajadores.
Lo cierto es que el traslado, de concretarse en la fecha señalada, no aparece como una reubicación pacífica ni meramente técnica. En la base del conflicto asoma una pregunta más amplia sobre cómo se reorganizan los dispositivos de monitoreo y seguridad urbana en Santa Fe capital, qué lugar ocupan allí los trabajadores municipales y policiales, y hasta qué punto decisiones de este tipo pueden adoptarse sin consenso ni condiciones claras para quienes deben sostener cotidianamente el funcionamiento del sistema.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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