Santa Fe – Personal policial afectado a tareas vinculadas con la custodia y traslado de detenidos denunció que, a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo tribunal, comenzará a cumplir un esquema horario de 8 por 16 horas, en medio de fuertes cuestionamientos por la ausencia de adicionales, la falta de plus y lo que describen como un reparto discrecional de beneficios y francos.
Una nueva queja llegó desde dependencias policiales de la ciudad de Santa Fe, esta vez relacionada con las condiciones laborales del personal que presta funciones en el ámbito judicial y mantiene contacto permanente con personas privadas de la libertad.
Según señalaron trabajadores que solicitaron reserva de identidad, desde este miércoles comenzaría a aplicarse un régimen de ocho horas de servicio por dieciséis de descanso, modificación que atribuyen a las nuevas necesidades operativas generadas por la puesta en funcionamiento del nuevo tribunal.
El planteo, sin embargo, va bastante más allá del horario. Los efectivos aseguran que en el Palacio de Tribunales no cuentan con servicios adicionales ni perciben plus específicos por las tareas que realizan, a pesar de trabajar diariamente con detenidos y afrontar situaciones que incluyen también exposición a enfermedades infectocontagiosas.
Trabajo con detenidos y riesgo sanitario
Las fuentes mencionaron particularmente la presencia de presos con tuberculosis, VIH y otras patologías, y cuestionaron que esa exposición no tenga un reconocimiento diferencial dentro de las condiciones laborales ni económico mediante algún adicional específico.
“No tenemos adicionales, no tenemos plus y trabajamos con presos con tuberculosis, sida y otras enfermedades”, resumió uno de los testimonios recibidos por este medio.
La cuestión sanitaria adquiere especial importancia porque no se trata solamente de custodiar instalaciones, sino de mantener contacto directo y prolongado con personas detenidas, realizar movimientos internos, atender requerimientos judiciales y resolver situaciones operativas que muchas veces exceden las previsiones ordinarias del servicio.
Denuncian privilegios para acceder a las OSPE
Otro de los cuestionamientos apunta al acceso a las Órdenes de Servicio Policial Extraordinario (OSPE). De acuerdo con la denuncia, estas posibilidades de incrementar los ingresos no estarían distribuidas de manera equitativa, sino reservadas en los hechos para determinados efectivos.
Las fuentes sostienen que algunos policías reciben incluso francos especialmente acomodados para poder realizar esas horas extraordinarias, mientras otros quedan directamente afuera del sistema.
También señalan que existirían diferencias en la asignación de los diagramas laborales y aseguran que el régimen de 12 por 36 no estaría disponible para todo el personal, sino condicionado en algunos casos por la jerarquía o por decisiones internas que, según denuncian, carecen de criterios transparentes.
Una suboficial femenina de la guardia fue mencionada por los denunciantes como ejemplo de esas diferencias en la distribución de horarios. Al tratarse de señalamientos que involucran situaciones individuales, corresponde que sean las autoridades administrativas las que determinen si efectivamente existen excepciones, cuáles son sus fundamentos y si el acceso a determinados diagramas responde a reglas generales o a decisiones discrecionales.
“Los plus los cobran los jefes”
El reclamo también pone bajo cuestionamiento la distribución de los denominados plus. Según el personal consultado, esos adicionales económicos quedarían concentrados principalmente entre integrantes de la conducción, mientras quienes realizan las tareas operativas cotidianas con los detenidos no reciben una compensación equivalente.
Los trabajadores cuestionan además que sean convocados durante sus francos para resolver problemas derivados de la custodia de presos o de la organización del nuevo tribunal, convirtiendo de hecho el descanso en una disponibilidad permanente.
En ese marco también surgieron críticas hacia la conducción de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), a la que responsabilizan por organizar servicios y requerimientos sin contemplar suficientemente el impacto que esas decisiones tienen sobre el personal policial.
Una discusión que vuelve a ser salarial y laboral
Detrás del cambio de horario aparece nuevamente un problema que se repite en distintas dependencias: cuando el salario ordinario resulta insuficiente, las horas extraordinarias, adicionales y plus dejan de ser un complemento y pasan a convertirse en una parte decisiva del ingreso familiar.
Por eso, cuando esas posibilidades se distribuyen de manera desigual, el conflicto ya no es solamente administrativo. También se transforma en una discusión salarial, porque algunos trabajadores acceden a mecanismos para mejorar sus ingresos mientras otros, aun cumpliendo tareas de riesgo y responsabilidad, quedan excluidos.
El reclamo que llega desde Santa Fe merece, cuanto menos, una explicación oficial: cómo se organizará el nuevo régimen de 8 por 16, qué fundamento operativo tiene, quiénes pueden acceder al 12 por 36, cuáles son los criterios para otorgar OSPE y plus y qué medidas de prevención sanitaria existen para quienes trabajan directamente con detenidos.
Si las reglas son iguales para todos, deberían poder explicarse con claridad. Si existen excepciones, también debería conocerse quién las autoriza y bajo qué criterio. Porque en una institución jerarquizada la organización del servicio puede exigir diferencias funcionales, pero eso no debería convertirse en privilegios para algunos y sobrecarga permanente para los demás.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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