La Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe solicitó formalmente la destitución de trece jefes y oficiales de la Policía provincial involucrados en la causa por el millonario fraude con combustible que sacudió a la Unidad Regional II de Rosario.
La resolución, firmada el 22 de mayo de 2026 por el subsecretario de Control, Dr. Lucas Covacich, propone aplicar sanciones disciplinarias de “extinción –destitución–” contra altos mandos policiales acusados de participar en maniobras de sobrefacturación y cargas ficticias de combustible para patrulleros.
Entre los principales apuntados aparecen el ex jefe de la Unidad Regional II, director general Daniel Alejandro Acosta; el subdirector Rodrigo Sebastián Domínguez; y varios comisarios supervisores, inspectores y subinspectores que ya habían sido imputados en la investigación penal encabezada por el fiscal José Luis Caterina.
La medida administrativa se conoce mientras la causa judicial avanza con pedidos de penas de hasta 14 años de prisión para algunos de los acusados. Según la acusación fiscal, el esquema habría funcionado mediante facturación falsa y cargas fantasmas utilizando fondos públicos destinados al combustible de móviles policiales.
Los policías alcanzados
La resolución administrativa solicita la destitución de:
- Daniel Alejandro Acosta.
- Rodrigo Sebastián Domínguez.
- Gerardo Fabián Ramírez.
- Héctor Daniel Saucedo.
- Roberto Gabriel Blanco.
- Diego Alberto Santamaría.
- Fabián Darío Fantín.
- Mario Rodrigo Brest.
- Sergio Darío López.
- Juan Alberto Villordo.
- Nanci Gabriela Plomer.
- Fabián Oscar Becerra.
- Juan Manuel Herrera.
- Jorge Santiago Delgado.
- Gustavo Adrián Bazán.
En paralelo, la resolución mantiene distintas situaciones de revista: algunos efectivos continúan en disponibilidad, mientras que otros permanecen en situación pasiva o retiro.
La causa judicial
La investigación comenzó tras detectar irregularidades en el sistema de carga de combustible de móviles policiales. De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras se realizaban principalmente de dos maneras: mediante sobrefacturación de cargas reales y a través de cargas ficticias nunca efectuadas.
La causa incluyó allanamientos, detenciones y la imputación de policías y civiles vinculados a una estación de servicio ubicada sobre Ovidio Lagos al 3900, en Rosario. El perjuicio económico estimado rondaría los 45 millones de pesos mensuales.
La Justicia provincial ya confirmó prisiones preventivas para varios de los principales acusados, al considerar que existía una estructura organizada destinada al desvío sistemático de fondos públicos.
El contenido de la resolución
En los documentos internos del Ministerio de Seguridad se sostiene que las actuaciones administrativas deben reservarse hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial principal.
No obstante, la Subsecretaría de Control avanzó con pedidos de sanciones disciplinarias por infracciones graves previstas en la Ley 12.521 del Personal Policial.
En el caso de Acosta, el expediente incluso solicita convertir su situación de retiro voluntario en destitución.
La resolución también rechaza distintos planteos de nulidad presentados por algunos de los oficiales investigados y eleva recursos administrativos vinculados al proceso disciplinario.
Impacto político e institucional
El escándalo golpeó de lleno a la estructura policial rosarina y obligó al gobierno provincial a intervenir la Unidad Regional II.
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro quedó frente a uno de los casos de corrupción policial más sensibles de los últimos años, en una provincia donde la seguridad pública se convirtió en eje central de la agenda política.
Fuentes judiciales sostienen que la investigación permitió detectar una mecánica aceitada de recaudación ilegal que funcionaba desde áreas estratégicas de la estructura policial rosarina.
La causa todavía se encuentra en etapa previa al juicio oral, aunque los pedidos de condena y las sanciones administrativas muestran que el expediente ingresó en una fase decisiva.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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