La reforma previsional santafesina le abrió la puerta al Ejecutivo para subir la edad jubilatoria sin ley y por decreto si el gobierno nacional lo dispone.
Por Alberto Martínez (*)
Mientras el Gobierno nacional negocia un nuevo acuerdo con el FMI que incluye subir la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres y hasta 70 para los hombres, en Santa Fe ya está todo listo para seguir ese camino sin necesidad de pasar por la Legislatura.
Así lo establece la Ley N.º 14.283, sancionada en septiembre de 2024, que declara la emergencia previsional en la provincia y otorga poderes especiales al gobernador Maximiliano Pullaro.
Una cláusula que pasó desapercibida
El artículo 49 de la ley establece que, mientras dure la emergencia: “El Poder Ejecutivo podrá determinar, mediante decreto, un régimen de edad jubilatoria equivalente al régimen nacional, si este se modificara.”
Esto significa que no hará falta una nueva ley ni debate legislativo. Con un simple decreto, el gobierno provincial podría extender la edad jubilatoria a toda la administración pública, incluyendo policías y penitenciarios, si Nación lo hace primero.
La trampa de la gradualidad
La norma habla de “gradualidad” y de considerar “las particularidades de los regímenes especiales”, pero no establece ningún límite concreto ni consulta paritaria obligatoria. Tampoco exige dictamen previo de la Caja ni intervención sindical. Es decir: es discrecional y unilateral.
Si Nación avanza, Santa Fe obedece
En las últimas horas, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez alertó que el FMI impuso como condición para el nuevo acuerdo con Milei la reforma del sistema jubilatorio argentino.
Entre los puntos exigidos están:
- Aumento de la edad para jubilarse.
- Eliminación de las moratorias previsionales.
- Más años de aportes (de 30 a 35).
- Vuelta de un sistema de capitalización individual, similar a las ex AFJP.
En ese contexto, la cláusula santafesina no es ingenua: está diseñada para alinear automáticamente la política previsional provincial con el FMI, sin discusión pública y sin participación de los trabajadores.
¿Quién defiende a los que nos defienden?
Los trabajadores policiales y penitenciarios, que ya enfrentan jornadas abusivas, recargos arbitrarios, traslados extremos y un sistema de retiro hostil, verán agravada su situación si se sube la edad jubilatoria sin acompañamiento médico, ni mejora salarial, ni compensaciones reales.
No es solo una cuestión técnica: es un retroceso en derechos adquiridos.
Y lo más grave: puede hacerse en silencio y por decreto.
¿Emergencia o excusa?
La emergencia previsional decretada por Pullaro no es neutral: le da al Ejecutivo provincial una herramienta para cumplir con los ajustes exigidos desde arriba, sin pasar por la Legislatura y sin enfrentar el costo político directo de una ley específica.
Mientras tanto, se incrementaron los aportes, se introdujo un aporte “solidario” obligatorio para los jubilados que más cobran, y se mantiene el régimen de sacrificio para quienes están en actividad. ¿Todo esto para qué? ¿Para facilitar nuevos recortes?
Conclusión: la trampa ya estaba armada
- Lo que parece una decisión futura ya tiene toda la estructura legal montada para ejecutarse sin frenos institucionales.
- Es momento de poner en alerta a la comunidad policial y penitenciaria.
- No podemos seguir siendo variables de ajuste.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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