El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la creación del Sistema Integral de Salud Laboral (SIPSAL), un nuevo esquema que permitirá a los empleados públicos notificar enfermedades por WhatsApp, una app o una línea 0800.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Pero detrás del discurso de modernización, se esconde un cambio estructural: el Estado cede a una empresa privada el control médico, administrativo y estadístico de las licencias del personal.
La propia conferencia oficial lo confirmó:
“La puesta en marcha del sistema se hará mediante una licitación para que un tercero lleve adelante la operación”.
Es decir: una firma privada decidirá cómo, cuándo y por cuánto tiempo un trabajador público puede ausentarse por enfermedad.
Del Estado al privado: un cambio de modelo
Hasta ahora, la salud laboral era una función directa del Estado.
Con el SIPSAL, el nuevo esquema será:
| Antes | Ahora |
|---|---|
| Control estatal | Control tercerizado |
| Médico público | Médico contratado por empresa |
| Trámite administrativo | Plataforma privada |
| Archivos físicos | Base de datos centralizada |
| Decisión descentralizada | Decisión remota |
La medida alcanza a docentes, policías, personal de salud y empleados administrativos, es decir, a todo el aparato estatal.
El verdadero objetivo: bajar el ausentismo
El propio Gobierno reconoció que uno de los ejes centrales del sistema es reducir el ausentismo, que hoy alcanza el 15,2% en la administración pública.
“Este sistema necesariamente va a arrojar una baja en estos indicadores”, señalaron.
Así, el discurso del “cuidado” convive con una lógica de control y disciplinamiento del tiempo de enfermedad.
No es solo una app: es una decisión política
La digitalización es la forma.
La privatización del control es el fondo.
¿Es legal delegar el control de las licencias?
La implementación del SIPSAL abre un debate jurídico de fondo: ¿puede el Estado delegar en una empresa privada el control de la salud laboral y las licencias médicas? En términos generales, la tercerización de servicios es legal. Sin embargo, existen límites constitucionales claros: el Estado no puede delegar funciones esenciales de autoridad pública ni afectar derechos fundamentales sin control directo.
En este caso, no se trata solo de una plataforma tecnológica. El sistema centralizará la evaluación médica, la validación de licencias y el seguimiento del ausentismo, es decir, intervendrá directamente en un derecho laboral básico: la licencia por enfermedad. Si esas decisiones quedan en manos de un operador privado sin revisión estatal efectiva, el esquema podría ser impugnado por violar el debido proceso administrativo.
Datos de salud: un punto crítico
Otro aspecto sensible es el manejo de la información médica. La Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales considera a los datos de salud como “datos sensibles”, que solo pueden ser tratados bajo condiciones estrictas de seguridad, finalidad legítima y control estatal.
Si una empresa privada administra historias clínicas, patologías y estadísticas del personal público, la provincia deberá garantizar mecanismos de resguardo, auditoría y acceso restringido, además de asegurar que esos datos no puedan ser utilizados con fines ajenos a la atención sanitaria. De lo contrario, el sistema podría vulnerar el derecho a la intimidad y ser objeto de acciones judiciales.
El nuevo sistema centralizará:
- Historias clínicas
- Patologías
- Licencias
- Estadísticas médicas
- Registros de ausentismo
Todo bajo administración de un operador privado, lo que abre interrogantes graves:
- ¿Quién será el dueño de esos datos?
- ¿Cómo se protegerá la confidencialidad?
- ¿Qué margen real tendrá el trabajador para apelar una decisión médica remota?
Entre la modernización y el disciplinamiento
Aunque el discurso oficial pone el eje en el “cuidado” y el “bienestar”, el propio Gobierno reconoció que uno de los objetivos centrales del sistema es reducir el ausentismo, que hoy alcanza el 15,2%. Para especialistas en derecho laboral, esto instala una tensión evidente: cuando la lógica del control se impone sobre la lógica de la salud, el trabajador deja de ser sujeto de derechos para convertirse en un número estadístico.
El desafío será demostrar que la digitalización no se transforme en una herramienta de presión o recorte encubierto de derechos, sino en un verdadero sistema de prevención, atención y recuperación de la salud.
La “Doctrina Pullaro” y la lógica de la sospecha permanente
Desde el inicio de la actual gestión, el gobierno provincial ha consolidado una línea política que en los hechos se apoya en lo que muchos dentro del propio Estado ya denominan la “Doctrina Pullaro”: un modelo basado en la sospecha permanente sobre el trabajador público, especialmente sobre quienes integran las fuerzas de seguridad.
Bajo esta lógica, el empleado deja de ser sujeto de derechos para transformarse en objeto de control, vigilancia y verificación constante. El SIPSAL no es una excepción: es otro engranaje dentro de ese mismo paradigma, ahora trasladado al campo de la salud laboral. con estructuras que, lejos de garantizar cuidado institucional, operan bajo una lógica de control, disciplinamiento y presunción de culpa.
El costo humano del control permanente
La sospecha sistemática no es neutra. Tiene un impacto real y profundo en la vida del personal: estrés crónico, desgaste emocional, ansiedad, patologías psicosomáticas y deterioro del clima laboral.
El nuevo sistema, lejos de revertir ese escenario, lo profundiza, porque instala la idea de que toda enfermedad debe ser verificada, controlada y eventualmente cuestionada por un operador externo, sin cercanía humana ni conocimiento del contexto laboral.
Así, el trabajador no solo debe “probar” que está enfermo, sino que además queda atrapado en una red de vigilancia que afecta su salud física, psíquica y su dignidad como persona.
Cuando el control reemplaza al cuidado
En nombre de la eficiencia, el Estado avanza hacia un modelo donde la desconfianza se institucionaliza. Y cuando la sospecha se vuelve doctrina, el resultado no es un Estado más fuerte, sino un servicio público más frágil, más tenso y más deshumanizado.
El SIPSAL, lejos de ser una herramienta neutra, se inscribe sin dudas en este marco:
un sistema que no parte del cuidado, sino de la presunción de abuso.
Santa Fe no solo cambia un trámite: cambia el modelo de relación entre el Estado y sus trabajadores.
El tiempo dirá si es una herramienta de cuidado… o una nueva forma de control.
La conferencia de prensa
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
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