Santa Fe promulgó una ley que permite crear defensorías especiales para policías acusados de violencia institucional

La iniciativa incluye expresamente la asistencia jurídica a integrantes de las fuerzas de seguridad investigados por presuntos hechos de violencia institucional, aunque no establece una defensa automática para todos los uniformados ni resuelve la totalidad de sus necesidades de protección jurídica.

Una reforma que incorpora expresamente a los trabajadores de seguridad

El Gobierno de Santa Fe promulgó mediante el Decreto 2355/2026 la Ley Provincial 14.494, denominada Ley de Defensa del Personal de las Fuerzas de Seguridad y Otras Reformas a la Defensa Pública, que había sido sancionada por la Legislatura el 29 de octubre pasado a partir del Mensaje 25/2026 del Poder Ejecutivo y que introduce una modificación relevante en la organización del servicio público de defensa penal de la provincia.

La nueva legislación incorpora el artículo 21 bis a la Ley 13.014 y faculta a la Defensoría General a constituir programas o unidades especiales destinadas a intervenir en procesos que requieran conocimientos especializados, estrategias jurídicas institucionales, tratamiento de conflictos de intereses o una organización diferenciada por la complejidad y trascendencia de los asuntos involucrados.

Entre los supuestos expresamente previstos aparece una disposición particularmente significativa para los integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, al contemplar la creación de unidades destinadas a intervenir en su defensa cuando se aleguen hechos de violencia institucional.

La incorporación merece atención porque reconoce legislativamente que determinados procesos penales que involucran a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden requerir una defensa técnica especializada, con condiciones organizativas que permitan afrontar investigaciones complejas y eventuales conflictos institucionales.

Sin embargo, el alcance real de esta modificación exige distinguir entre la posibilidad legal de organizar una estructura especializada y la efectiva prestación de asistencia jurídica a los trabajadores que la necesitan.

Qué establece concretamente la nueva ley

El artículo primero incorpora el artículo 21 bis a la Ley 13.014 y establece que la Defensoría General podrá crear unidades especiales con competencia provincial, regional o interregional, de carácter permanente o transitorio, según las necesidades del servicio.

Estas estructuras podrán intervenir en materias que requieran formación específica, litigios de especial complejidad, procesos de trascendencia institucional, situaciones que exijan estrategias jurídicas unificadas y causas en las que puedan existir conflictos de intereses entre personas asistidas por diferentes defensorías.

También podrán organizarse para intervenir frente a unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación, procurando que la defensa disponga de capacidades técnicas adecuadas para afrontar investigaciones especialmente complejas.

El inciso e) introduce específicamente la posibilidad de crear unidades para la defensa de integrantes de las fuerzas de seguridad en casos en los que se alegue violencia institucional, mientras que el artículo segundo dispone la creación de ocho cargos de defensor público bajo dependencia directa de la Defensoría General y autoriza las adecuaciones presupuestarias necesarias.

La norma permite, además, integrar esas unidades mediante traslados funcionales de defensores, funcionarios y empleados provenientes de distintas circunscripciones judiciales, o mediante la cobertura por concurso de los cargos correspondientes.

No obstante, la redacción utiliza una fórmula facultativa: la Defensoría General podrá crear esas estructuras cuando lo considere necesario. En consecuencia, la ley no constituye por sí misma una unidad específica de defensa policial, no asigna automáticamente los ocho cargos a esa finalidad y tampoco garantiza que cualquier integrante de las fuerzas de seguridad pueda acceder sin condiciones a una representación especializada.

Una protección necesaria, pero todavía limitada

La denominación de la Ley 14.494 puede generar expectativas más amplias que las que surgen de su contenido efectivo, porque hablar de defensa del personal de las fuerzas de seguridad podría sugerir la creación de un régimen integral de protección jurídica para los trabajadores policiales y penitenciarios.

Sin embargo, la reforma se concentra en la organización de unidades especializadas de defensa pública y no establece un sistema general de patrocinio para todas las situaciones que afectan jurídicamente al personal.

No contempla expresamente un régimen de asistencia frente a sanciones disciplinarias, procedimientos administrativos arbitrarios, reclamos laborales, conflictos salariales, enfermedades profesionales, accidentes de servicio o controversias vinculadas con el ejercicio de derechos fundamentales dentro de las instituciones.

Tampoco debe interpretarse que cualquier procedimiento penal seguido contra un uniformado quedará necesariamente comprendido en una unidad especializada, porque la norma menciona situaciones particulares y deja su organización a las decisiones fundadas de la Defensoría General.

Esta limitación no desmerece la reforma, pero impide presentarla como una solución integral a la indefensión jurídica que puede afectar a trabajadores sometidos a regímenes de fuerte subordinación jerárquica y responsabilidades funcionales especialmente intensas.

El problema de la responsabilidad dentro de las estructuras jerárquicas

La creación de mecanismos especializados de defensa plantea una cuestión que excede los casos de violencia institucional y alcanza el funcionamiento cotidiano de las organizaciones policiales.

Los procedimientos de seguridad suelen desarrollarse mediante cadenas de decisiones en las que intervienen autoridades políticas, funcionarios responsables de investigaciones, mandos operativos y trabajadores que ejecutan instrucciones recibidas de sus superiores.

Cuando una intervención es cuestionada judicialmente, corresponde determinar qué decisiones adoptó cada participante, qué información tenía disponible, cuáles eran sus atribuciones y qué posibilidades reales existían de advertir o evitar una irregularidad.

La responsabilidad penal es personal y no puede desaparecer por la sola invocación de una orden superior, pero tampoco corresponde desconocer las diferencias existentes entre quien planifica una operación, quien decide sus fundamentos jurídicos y quien materialmente ejecuta una instrucción dentro de una estructura de subordinación.

En ese contexto, una defensa técnica especializada puede contribuir a esclarecer la distribución de responsabilidades y evitar imputaciones indiferenciadas, sin establecer privilegios procesales ni mecanismos de impunidad.

El problema se vuelve particularmente relevante frente al crecimiento de las herramientas tecnológicas de investigación, los procedimientos urgentes y las nuevas facultades coercitivas, porque las decisiones suelen apoyarse en información producida por unidades especializadas a la que el personal operativo no siempre tiene acceso.

El Principio de Reciprocidad Institucional y los derechos del personal

Desde el Principio de Reciprocidad Institucional (PRI), desarrollado en trabajos anteriores, la reforma permite examinar una contradicción frecuente en las organizaciones estatales encargadas de ejercer la coerción legítima: mientras se incrementan las exigencias funcionales, los riesgos jurídicos y las responsabilidades individuales, las garantías institucionales que acompañan esas obligaciones no siempre evolucionan con la misma intensidad.

Si el Estado exige a sus trabajadores actuar en situaciones de violencia, cumplir procedimientos complejos, intervenir en conflictos socialmente sensibles y asumir responsabilidades que pueden comprometer su libertad, su patrimonio y su carrera profesional, resulta razonable que también proporcione formación, asesoramiento y mecanismos efectivos de defensa jurídica.

La reciprocidad institucional no supone inmunidad frente a la ley, sino correspondencia entre las obligaciones impuestas y las condiciones necesarias para cumplirlas legítimamente.

En ese sentido, la Ley 14.494 introduce una herramienta que podría contribuir a mejorar la protección jurídica de determinados integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque deja pendiente una discusión más amplia sobre las garantías laborales, administrativas y profesionales que necesitan estos trabajadores.

La protección efectiva no debería comenzar únicamente cuando un funcionario ya se encuentra sometido a una investigación penal, sino extenderse a la prevención de irregularidades, la capacitación, el asesoramiento oportuno y la posibilidad de cuestionar decisiones administrativas que lesionen sus derechos.

Los interrogantes que deja la implementación

La promulgación constituye el comienzo de una etapa institucional cuyo alcance dependerá de las decisiones que adopte la Defensoría General.

Será necesario conocer si se constituirá una unidad específica para integrantes de las fuerzas de seguridad, cómo se distribuirán los ocho cargos creados, cuáles serán los criterios de acceso a la asistencia especializada y qué mecanismos se establecerán para preservar la independencia técnica de los defensores.

También deberá precisarse cómo se resolverán los conflictos de intereses cuando una misma investigación involucre a varios funcionarios, particularmente si existen diferencias entre las responsabilidades de quienes impartieron órdenes y las de quienes las ejecutaron.

Otro aspecto importante será determinar si las nuevas estructuras contarán con capacidad operativa suficiente para intervenir desde las primeras actuaciones de una investigación y no solamente cuando el proceso ya se encuentre avanzado.

Estas cuestiones adquieren especial importancia porque una defensa que llega tarde, carece de información o no dispone de recursos técnicos adecuados puede resultar insuficiente, aun cuando exista formalmente un profesional designado.

Un avance que deberá medirse por sus resultados

La Ley 14.494 representa un reconocimiento legislativo de la necesidad de especializar la defensa pública y contempla expresamente situaciones que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad investigados por presunta violencia institucional.

Su importancia institucional no debería confundirse con la creación de un privilegio procesal, porque el derecho a una defensa eficaz pertenece a toda persona sometida a persecución penal y debe garantizarse independientemente de su profesión, condición social o pertenencia institucional.

Tampoco sería correcto presentar la reforma como una solución definitiva para los problemas jurídicos de policías y penitenciarios, dado que su alcance es específico, su aplicación depende de decisiones organizativas posteriores y quedan fuera numerosas situaciones vinculadas con el ejercicio de sus derechos laborales y profesionales.

El desafío será comprobar si las posibilidades incorporadas a la legislación se convierten en mecanismos efectivos, independientes y accesibles de defensa, capaces de proteger garantías sin obstaculizar las investigaciones ni disminuir los derechos de las víctimas.

Porque un Estado democrático no fortalece su autoridad dejando indefensos a quienes deben ejercerla, sino garantizando que todos, incluidos los integrantes de sus fuerzas de seguridad, respondan ante la ley con las mismas garantías constitucionales que corresponde reconocer a cualquier ciudadano.

LEY 14.494 

LEY DE DEFENSA DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y OTRAS REFORMAS A LA DEFENSA PÚBLICA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1.- Objeto. Incorpórase el artículo 21 bis a la Ley 13.014, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 21 bis – Unidades Especiales de la Defensa Pública. La Defensoría General podrá crear Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública, cuando resulte necesario para asegurar una prestación eficiente, especializada, uniforme y estratégica del servicio de defensa pública. Las mismas podrán tener competencia provincial, regional o interregional, con carácter permanente o transitorio, conforme lo determine la resolución de creación, y constituirse, entre otros supuestos:

a) para la atención de materias o casos que requieran una formación especializada;
b) para la intervención en litigios complejos, de trascendencia institucional o de significativa repercusión pública;
c) para la actuación en procesos que, por su naturaleza, requieran una estrategia institucional unificada;
d) para intervenir en causas en las que exista o pueda existir conflicto de intereses entre personas asistidas por distintas Defensorías Públicas;
e) para la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional;
f) para intervenir frente a la actuación de Unidades Fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación, cuando la naturaleza Ο especialidad del caso requiera una respuesta institucional equivalente;
g) para intervenir o reforzar transitoriamente la actuación de las Defensorías Regionales cuando razones de carga de trabajo, complejidad de los casos o necesidades del servicio así lo justifiquen;
h) para cualquier otro supuesto en el que la Defensoría General fundadamente considere necesaria una organización especializada para el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público de la Defensa. Para integrar las Unidades Especiales de la Defensa Pública, la Defensoría General podrá disponer el traslado funcional de Defensores Públicos, funcionarios o empleados pertenecientes al Ministerio Público de la Defensa, cualquiera sea la Circunscripción Judicial en la que revistan funciones, generando automáticamente la vacante correspondiente, o requerir la cobertura por concurso de los cargos asignados a dichas Unidades Especiales de la Defensa Pública.»

ARTÍCULO 2.- Créanse ocho (8) cargos de Defensor Público, en el ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa y bajo su directa dependencia, autorizando al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que correspondan.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.