En el Comando Radioeléctrico de la capital provincial, al menos dos mujeres policías víctimas de violencia de género fueron revictimizadas por sus superiores. El agresor sigue en funciones porque “es chofer”.
Por Rubén Pombo
Un caso que revela la impunidad
La suboficial M., con varios años de servicio en la Policía de Santa Fe, denunció a su pareja —otro suboficial del Comando— por violencia psicológica, verbal y amenazas. Ambos compartían destino laboral, situación que agravaba el riesgo. La agente presentó la denuncia y se dictó una medida de distancia judicial para protegerla. Sin embargo, su calvario no terminó ahí.
Cuando informó formalmente la situación a sus superiores, recibió una respuesta que evidencia el desprecio institucional por las víctimas. El subjefe Gabriel G., lejos de activar algún protocolo de contención, le respondió con desdén:
“A él lo vamos a dejar porque es chofer. No vamos a perder un chofer por vos”
Acto seguido, le asignaron un traslado forzoso a otra dependencia donde no conoce a nadie. Separada de sus compañeros y compañeras de confianza, M. quedó en una situación de vulnerabilidad emocional, profesional y personal, mientras cría sola a su bebé de pocos meses.
Jamás recibió un llamado, un mensaje o una palabra de apoyo por parte de sus superiores.
Otro caso idéntico, misma respuesta
La historia se repite. Otra oficial de policía, madre de mellizos, también denunció por lesiones y amenazas calificadas a su ex pareja, el suboficial G., quien le dijo textualmente que “le iba a pegar un tiro”. Las lesiones fueron constatadas por el médico policial y las actuaciones se realizaron en la Subcomisaría 9.
El propio subcomisario G. se presentó allí, vio las lesiones con sus ojos y se limitó a comentar:
“Qué barbaridad”.
Pero más allá del comentario, la respuesta institucional fue idéntica: proyectan trasladar a la víctima mientras el agresor sigue cómodamente en funciones, otra vez, porque “es chofer”.
El patrón se repite: proteger al agresor, silenciar a la víctima
Desde adentro del Comando señalan que ya existe un tercer caso en similares condiciones, pero la mujer no se anima a denunciar por miedo al castigo institucional. El temor es fundado: las víctimas anteriores fueron señaladas, aisladas y tratadas con desprecio. Las califican con términos como “puteras” y les dicen que “se banquen la situación”.
Esto no sólo configura una falta administrativa grave. Viola las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y prevención de la violencia de género.
La denuncia pública como única defensa
Desde APROPOL y FASIPP exigen la intervención inmediata del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe para:
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Proteger a las víctimas de violencia dentro de las fuerzas policiales.
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Separar preventivamente del cargo a los denunciados por amenazas y lesiones.
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Garantizar que las decisiones administrativas no revictimicen.
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Crear una instancia paritaria de contención, con participación gremial, para evitar nuevos casos de abuso institucional encubierto.
“No vamos a perder un chofer por vos”: eso nos dijeron. El violento se queda, la víctima se va. Esa es la respuesta del Comando de Santa Fe.”
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