
Por Marcos Anglada (*)
La medida se habría ejecutado sin registro oficial, sin comunicación al personal afectado y sin sanción alguna para la funcionaria responsable de esta maniobra: la inspectora Luciana Monzón, jefa de Ayudantía de la Unidad Operativa Uno.
Desde APROPOL Noticias, fuimos el primer medio en dar visibilidad a este hecho gravísimo a partir del valiente testimonio de trabajadores policiales que decidieron confiar en nosotros, ante el temor a represalias y la inacción de las vías jerárquicas internas.
VIGILADOS: Una jefa de la PAT instala cámaras y las monitorea desde su casa
Instalación ilegal y monitoreo personal: una doble violación a los derechos laborales
La instalación de esta cámara —sin cartel de aviso, sin consentimiento del personal y sin justificación administrativa— constituye una violación flagrante a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, así como a principios básicos del derecho laboral.
La situación se agrava aún más al saberse que la señal era monitoreada directamente desde el domicilio particular de la inspectora Monzón, fuera de todo circuito institucional y sin intervención de la Dirección General de Tecnología o del área de Bienestar Policial.
Denuncia pública, pero ninguna sanción administrativa
A pesar de la gravedad del hecho y de la denuncia pública realizada por APROPOL, no se ha iniciado hasta el momento ninguna actuación disciplinaria ni administrativa formal contra la oficial involucrada.
Por el contrario, todo indica que se optó por retirar el dispositivo en secreto, en una maniobra típica del encubrimiento institucional: se borra la prueba, se calla el escándalo y se castiga con el silencio a quienes se atrevieron a hablar.
Desde APROPOL queremos dejarlo bien claro:
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Destacamos con orgullo la valentía del personal que recurrió a este medio para denunciar la situación.
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Repudiamos el encubrimiento y la impunidad de quienes intentan tapar estos atropellos a los derechos básicos de los trabajadores.
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Exigimos la inmediata apertura de un sumario administrativo a la inspectora Monzón y la intervención de la Dirección General de Bienestar y del Ministerio de Seguridad.
Porque el trabajo policial ya es suficientemente duro como para, encima, tener que soportar la vigilancia ilegal de nuestros propios superiores.
🔴 La dignidad no se negocia.
🔴 Los derechos no se vigilan.
🔴 El silencio es cómplice.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
APROPOL Noticias
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