Natalia Armas Belavi cuestionó contenidos vinculados con género, violencia de género e identidades sexuales incluidos en la bibliografía que deben estudiar los policías para competir por ascensos.
La legisladora sostiene que algunos conceptos carecen de utilidad para la función operativa y denuncia que su memorización termina teniendo incidencia concreta sobre la carrera profesional.
La diputada provincial Natalia Armas Belavi en una entrevista en el programa «La Hora de Abbatemarco» que conduce Antonio Abbatemarco y se emite por AGOFA TV puso bajo discusión el contenido del material utilizado para la capacitación y evaluación del personal de la Policía de Santa Fe que participa de los concursos de ascenso, al considerar que determinadas definiciones relacionadas con género, violencia de género e identidades sexuales introducen lo que calificó como un “adoctrinamiento ideológico” dentro de una instancia que puede determinar la carrera profesional de los efectivos.
El planteo no apunta a cuestionar que los policías deban capacitarse para intervenir correctamente ante situaciones de violencia de género, discriminación o vulneración de derechos, sino a discutir qué contenidos se incorporan, con qué fundamento y qué relación guardan con las competencias concretas que un funcionario policial necesita para desarrollar su tarea.
La Provincia mantiene publicado oficialmente el material correspondiente a los concursos de ascenso policial, diferenciado según grados y escalafones, dentro del sistema administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
“Se los hacen aprender de memoria”
Durante una entrevista radial, Armas explicó que el material puede alcanzar unas 400 páginas, dependiendo del grado al que aspire cada efectivo, y destacó que los contenidos no tienen solamente carácter informativo, porque posteriormente forman parte de una evaluación cuyo puntaje resulta determinante para establecer el orden de mérito.
Según la diputada, las diferencias pueden definirse incluso por decimales, de manera que conocer o desconocer una determinada definición puede terminar influyendo concretamente sobre la posibilidad de ascender.
“Se les pide estudiarlas de memoria porque son después puntaje de examen”, explicó la legisladora, quien cuestionó que se destine parte de ese esfuerzo académico a contenidos que, a su criterio, tienen escasa relación con los conocimientos técnicos, legales y operativos que debería dominar el personal policial.
El cuestionamiento a la definición de violencia de género
Uno de los ejemplos mencionados por Armas fue la definición de violencia de género incluida en el material, que según leyó durante la entrevista la describe como una situación de discriminación producida dentro de una “estructura social de naturaleza patriarcal”.
La legisladora no cuestionó la necesidad de capacitar a los policías respecto de la violencia contra las mujeres, pero sostuvo que incorporar determinadas interpretaciones sociológicas como contenido obligatorio termina trasladando al examen policial una determinada concepción ideológica del fenómeno.
“En vez de hacer una buena definición de violencia de género y explicar cómo acompañar a las mujeres que atraviesan estas situaciones, hacen definiciones propias contra el varón, como si fuese causal de todas estas situaciones”, señaló.
La discusión planteada por Armas abre un punto que merece ser separado cuidadosamente. La existencia de enfoques académicos que analizan la violencia de género desde estructuras sociales, culturales y relaciones históricas de poder forma parte de numerosos programas educativos y normativos; otra cuestión diferente es determinar qué profundidad deben tener esos contenidos dentro de un examen destinado a evaluar la aptitud profesional para ascender en una fuerza policial.
Pansexual, litsexual, autosexual, antrosexual y polisexual
La diputada cuestionó también una enumeración de orientaciones e identidades sexuales que, según señaló, forma parte del material que los policías deben estudiar.
Durante la entrevista mencionó conceptos como pansexualidad, litsexualidad, autosexualidad, antrosexualidad y polisexualidad, y se preguntó qué utilidad operativa tiene exigir al personal que memorice semejante clasificación para poder progresar dentro de la carrera.
Su argumento fue que, al momento de intervenir ante un delito, realizar una detención, asistir a una víctima o cumplir un procedimiento, la orientación sexual de una persona generalmente no debería modificar la actuación policial.
Precisamente el principio de igualdad exige que un funcionario actúe conforme a la ley sin discriminar por sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, posición política o cualquier otra condición personal. Desde esa perspectiva, la discusión no consiste necesariamente en eliminar toda capacitación sobre diversidad, sino en establecer qué necesita conocer realmente un policía para garantizar ese trato igualitario y qué contenidos exceden esa necesidad profesional.
Capacitar no es lo mismo que examinar ideología
Armas recordó que existen además capacitaciones obligatorias específicas, entre ellas las vinculadas con la Ley Micaela, por lo que sostuvo que no puede argumentarse que cuestionar determinados contenidos del manual equivalga a pretender que la Policía carezca de formación sobre violencia de género.
El punto que plantea es diferente: si dentro de un concurso de ascenso corresponde evaluar conceptos pertenecientes a determinados desarrollos sociológicos o culturales con el mismo peso que conocimientos directamente relacionados con derecho penal, procedimiento policial, conducción, seguridad pública o intervención operativa.
La distinción resulta importante porque un concurso de ascenso no es solamente una instancia educativa. Es también un procedimiento administrativo que determina quién progresa dentro de la institución, quién queda relegado y cómo se ordena profesionalmente la fuerza.
Cuando una respuesta correcta o incorrecta puede representar décimas decisivas dentro del examen, la selección de cada contenido deja de ser un asunto académico menor.
Una discusión que el Ministerio debería responder
El planteo de Armas no debería resolverse simplemente mediante la disputa entre quienes consideran estos contenidos indispensables y quienes los califican de adoctrinamiento.
El Ministerio de Justicia y Seguridad puede dar una respuesta bastante más concreta: explicar quién elaboró esos materiales, qué especialistas intervinieron, cuáles son sus fuentes académicas, qué competencias policiales busca desarrollar cada contenido y qué peso tendrán esas materias dentro de las evaluaciones.
También sería razonable conocer cuánto espacio ocupan en los programas cuestiones directamente operativas como procedimiento, preservación de pruebas, intervención ante violencia familiar, primeros auxilios, uso racional de la fuerza, derecho constitucional, derecho penal, conducción de personal, resolución de conflictos y actuación frente a personas vulnerables.
Porque formar a un policía para respetar la diversidad y actuar sin discriminación constituye una obligación estatal; transformar determinadas categorías teóricas en respuestas que deben repetirse literalmente para obtener un ascenso plantea una cuestión distinta y merece, como mínimo, una explicación pedagógica y profesional.
La discusión de fondo
Detrás de la polémica aparece finalmente una pregunta mucho más sencilla: ¿qué clase de conocimiento debe premiar el Estado cuando decide quién está preparado para asumir mayores responsabilidades dentro de una fuerza de seguridad?
La respuesta difícilmente pueda limitarse a una opción entre formación técnica o formación humanística, porque un policía moderno necesita ambas. Debe conocer la ley, comprender derechos fundamentales, intervenir sin discriminación y, simultáneamente, dominar los instrumentos concretos de su profesión.
Lo que corresponde discutir es el equilibrio.
Armas sostiene que ese equilibrio se habría roto y que determinados contenidos reflejan una visión ideológica que el Estado exige aprender para superar un concurso. Será ahora el Ministerio de Justicia y Seguridad quien pueda explicar cuál es la fundamentación académica y funcional del programa y, fundamentalmente, qué relación existe entre aquello que se exige memorizar y aquello que un policía necesita saber para desempeñar mejor su trabajo y asumir mayores responsabilidades dentro de la institución.
Fuente: http://www.cunadelanoticia.com
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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