SANTA FE: Una inundación necesita respuestas sociales, no convertirse en un problema de seguridad pública

Antes que manifestantes, ciudadanos afectados por una inundación

Lo ocurrido el viernes 13 de noviembre sobre la Ruta Nacional 168, en inmediaciones del puente Oroño, merece una lectura que vaya más allá de los enfrentamientos entre vecinos y fuerzas de seguridad, porque el episodio tuvo su origen en una emergencia hídrica que obligó a numerosas familias de la costa santafesina a abandonar sus viviendas y a depender de la asistencia del Estado para satisfacer necesidades elementales.

Los incidentes, que incluyeron forcejeos, utilización de gas pimienta y una persona detenida, terminaron ocupando buena parte de la atención periodística, mientras las razones que habían motivado la movilización quedaron relegadas a un segundo plano.

Juan Pérez, referente de pescadores y vecinos autoconvocados de Alto Verde, Curva del Surubí, La Vuelta del Paraguayo y La Boca, había explicado que algunas familias permanecían en sus hogares inundados por temor a sufrir robos y que otras cuestionaban las condiciones de alojamiento ofrecidas en el centro municipal.

En declaraciones recogidas por Telefe Santa Fe, cuya publicación original posteriormente dejó de estar disponible, Pérez sostuvo:

«En la Curva del Surubí están todos inundados y mucha gente no salió de su casa por miedo al robo. Los están amontonando en los módulos, les hicieron un cerco, los tienen al rayo del sol, con muchos bichos y gente que quedó afuera anoche».

Estas palabras merecen ser recuperadas porque describen una situación de vulnerabilidad que no puede comprenderse exclusivamente desde la perspectiva del orden público. Quienes pierden sus viviendas, sus pertenencias o sus posibilidades de trabajar necesitan respuestas materiales y acompañamiento institucional, no solamente dispositivos destinados a administrar las consecuencias de su descontento.

Había funcionarios, hubo diálogo, pero el conflicto terminó frente a los uniformados

La información periodística demuestra que existieron instancias de interlocución política y que el municipio desarrollaba tareas de asistencia, por lo que sería incorrecto afirmar que las familias habían sido completamente abandonadas por el Estado.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, y el secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, mantuvieron conversaciones con los vecinos y explicaron las medidas adoptadas para ampliar la capacidad del centro de evacuados, mejorar las condiciones de alojamiento y continuar los traslados desde las zonas inundadas.

También se anunció la finalización de 62 módulos habitacionales, con servicios de alimentación, asistencia sanitaria, electricidad y otras prestaciones, mientras el Ejército Argentino aportaba un vehículo anfibio para acceder a sectores donde los camiones convencionales ya no podían circular.

Pero la existencia de esas respuestas no elimina las dificultades denunciadas ni explica por sí sola por qué las tensiones terminaron desembocando en una intervención de Infantería y Gendarmería.

Lo que corresponde examinar es si los mecanismos de asistencia y negociación fueron suficientes, si llegaron oportunamente a quienes los necesitaban y qué alternativas se ofrecieron antes de que el conflicto alcanzara su expresión más grave.

La Policía tenía responsabilidades legítimas frente a la seguridad vial y los incidentes registrados sobre la ruta, pero ninguna de sus facultades le permitía resolver la insuficiencia de módulos, las demoras en las evacuaciones o las condiciones de alimentación denunciadas por los vecinos.

Allí aparece una contradicción institucional: los uniformados terminaron enfrentando las consecuencias inmediatas de un conflicto cuya solución material correspondía fundamentalmente a otros organismos del Estado.

La Villa Olímpica: una alternativa que merecía ser evaluada

Uno de los planteos formulados por Juan Pérez fue considerar la utilización de viviendas de la Villa Suramericana, conocida popularmente como Villa Olímpica, como alternativa para alojar a familias afectadas por la creciente.

La propuesta adquiere relevancia porque el complejo dispone de 346 viviendas construidas para los Juegos Suramericanos de 2026, destinadas posteriormente a programas de adjudicación habitacional.

El 30 de octubre, cuando la emergencia hídrica ya había comenzado a producir evacuaciones, otro grupo había intentado ocupar esas viviendas, episodio que también terminó con enfrentamientos policiales.

No existen elementos para afirmar que los participantes de ambos conflictos fueran las mismas personas ni que el intento de ocupación anterior estuviera relacionado con la inundación. Tampoco corresponde desconocer que las viviendas tienen un destino administrativo previsto y que su utilización temporal requeriría evaluar condiciones técnicas, jurídicas y habitacionales.

Sin embargo, frente a una emergencia, la existencia de inmuebles públicos todavía no entregados permite formular una pregunta razonable: ¿se estudió la posibilidad de utilizar transitoriamente algunas unidades, con reglas claras y sin afectar los derechos de sus futuros adjudicatarios, si la capacidad de los centros de evacuación resultaba insuficiente?

No se trata de justificar ocupaciones ilegales, sino de examinar si las autoridades consideraron todas las alternativas disponibles para atender una necesidad humanitaria.

Cuando un problema social termina convertido en un operativo policial

En Gobernar mediante la sospecha venimos desarrollando una preocupación relacionada con la tendencia del Estado a trasladar hacia sus dispositivos policiales la administración de conflictos originados en problemas sociales, económicos o institucionales que requieren respuestas de otra naturaleza.

Lo sucedido en Alto Verde permite observar una manifestación concreta de esa tensión, aunque con una precisión indispensable: los mecanismos asistenciales no desaparecieron ni fueron íntegramente reemplazados por la Policía, sino que funcionaron simultáneamente con una respuesta de seguridad que adquirió protagonismo cuando la protesta escaló.

El problema no consiste en negar que las fuerzas deban intervenir cuando existen riesgos para las personas o la circulación, sino en evitar que la dimensión policial termine desplazando la discusión sobre las causas del conflicto y las responsabilidades de quienes debían atenderlas.

Cuando una familia reclama un lugar donde dormir, alimentos o ayuda para abandonar una vivienda inundada, el interlocutor principal debe ser el organismo responsable de satisfacer esas necesidades. La Policía puede contribuir a garantizar condiciones de seguridad, pero no debería convertirse en la respuesta predominante frente a demandas cuya solución depende de decisiones políticas, recursos presupuestarios y capacidades asistenciales.

Además, esta forma de administrar los conflictos coloca a los trabajadores policiales ante situaciones que no originaron y cuyas causas no pueden resolver, aunque deban asumir personalmente los riesgos de la confrontación y las responsabilidades derivadas de sus actuaciones.

La salida debe ser social antes que coercitiva

Las inundaciones constituyen emergencias que requieren planificación, coordinación institucional y respuestas materiales oportunas, especialmente cuando afectan a familias que ya atraviesan condiciones de vulnerabilidad.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger la integridad de las personas, preservar la circulación y prevenir hechos de violencia, pero esas obligaciones deben complementarse con mecanismos eficaces de asistencia y negociación que eviten convertir cada reclamo en una cuestión de orden público.

La experiencia del 13 de noviembre demuestra que existían funcionarios, recursos materiales y organismos capaces de intervenir sobre las necesidades de los damnificados. Lo que merece una evaluación es por qué esas herramientas no consiguieron evitar que una parte del conflicto terminara trasladándose al terreno de la confrontación policial.

También corresponde esclarecer quién dispuso el operativo, qué instrucciones recibieron los efectivos y si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado a las circunstancias concretas, sin anticipar responsabilidades que todavía no han sido establecidas.

Pero la pregunta más importante es anterior a todo eso:

¿Qué pudo haberse hecho desde la asistencia social y la conducción política para evitar que ciudadanos afectados por una inundación terminaran enfrentados con quienes tienen la misión de protegerlos?

Porque una emergencia hídrica no comienza siendo un problema policial, aunque determinadas circunstancias puedan requerir legítimamente la intervención de las fuerzas de seguridad.

La respuesta principal debe estar en la capacidad del Estado para evacuar, alojar, alimentar, acompañar y escuchar a las familias afectadas, reservando las herramientas coercitivas para aquellas situaciones en las que resulten legalmente necesarias.

Una inundación necesita, ante todo, una respuesta social. Cuando sus consecuencias terminan administrándose principalmente como un problema de seguridad pública, corresponde examinar qué ocurrió antes, qué responsabilidades no fueron suficientemente atendidas y por qué los policías terminaron ocupando el lugar más conflictivo de una crisis que no provocaron.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.