Santa Fe – Una oficial policial bajo tratamiento psiquiátrico denunció que fue citada por Medicina Legal de la UR I, esperó cerca de una hora y media y finalmente no fue atendida, pese a atravesar una crisis de salud mental y necesitar continuidad asistencial.
Una oficial de la Policía provincial que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde hace aproximadamente un año denunció que fue citada por la División Medicina Legal de la Unidad Regional I y, pese a haber concurrido en el horario indicado, permaneció cerca de una hora y media esperando hasta que finalmente le informaron que no sería atendida porque se había activado desde la Dirección Provincial de Medicina Legal un protocolo relacionado con riesgo suicida. La trabajadora, madre de un niño con discapacidad, aseguró que atravesó un ataque de pánico durante la espera, que no obtuvo cobertura para los días que necesita y que nadie le explicó de manera adecuada qué debía hacer frente a una situación que calificó como “tremenda”.
Una nueva denuncia vuelve a poner bajo cuestionamiento la forma en que el sistema policial santafesino aborda la salud mental de sus propios trabajadores, esta vez a partir del relato de una oficial de la ciudad de Santa Fe que pidió mantener su identidad en estricta reserva para no afectar su carrera ni el prestigio institucional de su padre, un efectivo retirado de la fuerza.
La mujer aseguró que se encuentra medicada psiquiátricamente desde hace aproximadamente un año y que venía siendo atendida por personal de la División Medicina Legal de la Unidad Regional I. Según relató, había sido citada para presentarse a las 9 de la mañana y, pese a encontrarse bajo los efectos de una medicación que le produce somnolencia, concurrió igualmente al turno indicado porque necesitaba continuar con su seguimiento y resolver la cobertura de los días en los que no se encuentra en condiciones de prestar servicio.
Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, permaneció cerca de una hora y media esperando sin que nadie le informara qué estaba ocurriendo, hasta que decidió preguntar por su situación y recibió como respuesta que el psiquiatra no la atendería porque se había activado desde la Dirección Provincial de Medicina Legal un protocolo vinculado con riesgo suicida.
“Ellos me citaron, pero después me dijeron que no se hacían cargo”
La contradicción señalada por la trabajadora resulta difícil de ignorar porque, según su relato, fue el propio sistema de Medicina Legal el que la convocó y luego el mismo sistema le negó la atención cuando ya se encontraba en el lugar y atravesando una situación emocional delicada.
La oficial sostuvo que durante la espera sufrió un ataque de pánico y que recién después de varias horas pudo comunicarse con este medio para explicar lo sucedido. También aseguró que no obtuvo una respuesta clara respecto de la cobertura de los días de licencia y que, cuando finalmente pidió explicaciones, le manifestaron que no la atenderían y que no asumirían responsabilidad sobre su situación.
La denuncia deberá ser contrastada oficialmente por las autoridades correspondientes, pero el relato presenta un problema institucional que merece una respuesta inmediata, porque si efectivamente se había activado un protocolo de riesgo suicida, resulta difícil comprender que la consecuencia práctica haya sido dejar a la trabajadora sin atención y sin una derivación clara mientras atravesaba una crisis.
Un protocolo no puede convertirse en una puerta que se cierra
La existencia de protocolos de intervención frente a situaciones de riesgo es necesaria y responde a la obligación de proteger la vida y la integridad de los trabajadores, aunque esa protección pierde sentido si la aplicación del procedimiento termina produciendo abandono, incertidumbre o falta de continuidad asistencial.
Si una persona se encuentra bajo tratamiento, fue citada por el propio organismo y además existe una alerta vinculada con su salud mental, la respuesta institucional debería ser todavía más cuidadosa, no menos.
La aplicación de un protocolo debería activar una red de contención, evaluación, derivación y seguimiento claramente definida, con profesionales responsables, indicaciones concretas y garantías laborales durante el período en el que la persona no está en condiciones de prestar servicio, porque de otro modo el sistema corre el riesgo de convertir una herramienta pensada para proteger en una nueva fuente de angustia.
La trabajadora también sostiene a un hijo con discapacidad
La situación adquiere además una dimensión familiar que no puede ser ignorada. La oficial explicó que tiene un hijo con discapacidad y que atraviesa su tratamiento mientras debe sostener las responsabilidades vinculadas con su cuidado, lo que vuelve todavía más grave cualquier indefinición respecto de licencias, cobertura médica o continuidad de ingresos.
No estamos ante una discusión administrativa menor, porque detrás de una licencia existe una persona que necesita tratamiento y una familia que depende de la estabilidad de ese ingreso.
Cuando un trabajador en tratamiento no sabe quién debe atenderlo, quién cubre sus días o qué autoridad se hace responsable de su seguimiento, el problema ya no es solamente médico, sino también laboral e institucional.
La salud mental no puede administrarse como un trámite
Este medio viene señalando desde hace tiempo que la salud mental de policías y penitenciarios no puede ser abordada exclusivamente mediante certificaciones, juntas médicas, retiros de armas o decisiones administrativas que dejan al trabajador circulando entre distintas dependencias sin saber quién tiene finalmente la responsabilidad de asistirlo.
Los protocolos son necesarios, pero deben estar integrados dentro de una política real de acompañamiento.
Una persona que atraviesa una crisis no puede ser tratada como un expediente que cambia de oficina.
Mucho menos si ese cambio ocurre precisamente porque el propio sistema detectó una situación de riesgo.
La obligación institucional debería consistir en garantizar continuidad de atención, confidencialidad, orientación inmediata, seguimiento profesional y seguridad laboral mientras dure el tratamiento, evitando que pedir ayuda o reconocer una crisis se transforme en una experiencia aún más traumática.
El silencio durante una hora y media también forma parte de la denuncia
Hay un aspecto del relato que merece especial atención: la trabajadora asegura que nadie se acercó a explicarle que no sería atendida y que tuvo que preguntar ella misma después de permanecer aproximadamente una hora y media esperando.
En cualquier servicio de salud ese trato sería cuestionable.
En un dispositivo destinado a atender personal policial con problemas de salud mental resulta todavía más preocupante.
La manera en que se comunica una decisión forma parte de la atención, especialmente cuando se trabaja con personas que pueden encontrarse atravesando ansiedad, ataques de pánico, depresión u otras situaciones de vulnerabilidad.
No alcanza con tener un protocolo escrito si quien debe aplicarlo no sabe contener a la persona que tiene enfrente.
Una denuncia que exige una respuesta oficial
Corresponde ahora que la Unidad Regional I, la Dirección Provincial de Medicina Legal y el Ministerio de Justicia y Seguridad expliquen qué ocurrió, por qué una trabajadora previamente citada no fue atendida, qué procedimiento se activa cuando existe una alerta de riesgo suicida, quién asume la continuidad asistencial y cómo se garantizan las licencias necesarias mientras la persona permanece bajo tratamiento.
También deberían aclarar si existe un mecanismo de derivación inmediata cuando Medicina Legal decide que un profesional determinado no puede continuar con la atención y qué medidas se adoptan para evitar que una persona en crisis quede librada a su suerte en medio de una disputa administrativa de competencias.
La oficial aseguró que cuenta con documentación que acredita su tratamiento y su seguimiento médico, aunque pidió preservar sus datos personales, una decisión que este medio respetará estrictamente.
Su denuncia no debería ser leída como una queja aislada, porque expone una pregunta mucho más profunda sobre la política de salud mental dentro de la Policía de Santa Fe.
Si el Estado sabe que una trabajadora está enferma, sabe que está medicada, sabe que existe una alerta específica y además la cita para atenderla, lo mínimo que puede exigirse es que no la deje sola cuando llega a pedir ayuda.
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Ficha institucional – Cadena de mando (Provincia de Santa Fe)
Caso: Queja atención paciente psiquiátrica (Santa Fe)
Fecha de relevamiento: Septiembre 2026
Cargo | Nombre y Título |
|---|---|
| Gobernador de la Provincia de Santa Fe | Lic. Maximiliano Pullaro |
| Ministro de Seguridad | Abog. Pablo Cococcioni |
| Secretario de Seguridad Pública | Comandante General VGM (R) Omar Pereyra |
| Subsecretario de Seguridad Pública Centro Norte | Comandante General (R) Lic. Roque de Lima |
| Jefe de la Policía de Santa Fe | Director General Lic. Luis Maldonado |
| Subjefe de la Policía de Santa Fe | Director General de Policía Lic. Carlos Pagano |
| Director de la Dirección General de Medicina Legal | Director General de Policía Dr. Marcelo Zalazar |
| Jefe de Medicina Legal UR I | Crio supervisor Marozzi |
| Medico de Guardia | Ps Diego Rodriguez |
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
