Un nuevo ensayo revela cómo Santa Fe quedó atrapada en un modelo de seguridad que abandonó la legalidad para abrazar la sospecha como forma de gobierno. Con las categorías FOCO y VARA, el trabajo muestra que las detenciones masivas, la presión ilegal sobre la policía y la selectividad punitiva no son errores operativos, sino decisiones políticas del Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo que emerge es un Estado que persigue a los vulnerables, disciplina a sus propios agentes y transforma la arbitrariedad en doctrina oficial.
Por Marcos Anglada
Hay momentos en que la política cruza una línea silenciosa pero decisiva: deja de gobernar para proteger y empieza a gobernar para controlar. En Santa Fe, ese punto ya se cruzó. Lo que hoy tenemos no es un modelo de seguridad, sino un Estado de Sospecha, sostenido por detenciones arbitrarias, cupos ilegales y una maquinaria administrativa diseñada para producir obediencia antes que justicia.
Estado de sospecha y arbitrariedad punitiva
Un nuevo trabajo académico elaborado por el Lic. Alberto Rubén Martínez ofrece una radiografía inquietante sobre la política de seguridad en Santa Fe. Bajo el título Estado de sospecha y arbitrariedad punitiva en Santa Fe, el autor propone un análisis riguroso —teórico, empírico y constitucional— que muestra cómo se consolidó en la provincia un modelo de control basado en la sospecha, la selectividad y la presión ilegal sobre la propia fuerza policial.
El estudio introduce una evaluación académica integral que no solo describe los hechos, sino que explica cómo funcionan estructuralmente los dispositivos estatales que producen detenciones arbitrarias, disciplinamiento interno y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos.
El gobierno provincial ha construido un sistema donde la detención dejó de ser un recurso excepcional y se transformó en una métrica. Un KPI. Un número para mostrar. La seguridad, reducida a estadística. La libertad, convertida en daño colateral.
Ilegal e ineficaz
El criminólogo Máximo Sozzo lo dijo con crudeza: 4.000 detenciones para un solo resultado válido. No es un error. Es un método. Y, lo que es aún más grave, es un método respaldado políticamente desde arriba.
Cuando un ministro declara que prefiere “detener de más antes que lamentar un resultado fatal”, no está haciendo un análisis técnico: está enunciando una doctrina. Una doctrina peligrosa: la del castigo preventivo. La del ciudadano culpable hasta demostrar lo contrario. La del policía obligado a detener para no ser sancionado. La del funcionario que mide eficacia por cantidad y no por legalidad.
Ese es el corazón del problema: en Santa Fe se instaló la idea de que la ley es un obstáculo y no un límite necesario del poder.
FOCO y VARA: la política detrás del operativo
El FOCO siempre apunta a los mismos: jóvenes pobres, periferias urbanas, usuarios de moto, rostros racializados. No se buscan delitos, se buscan perfiles. No se previenen hechos, se captura pobreza.
La VARA cae también siempre sobre los mismos: policías de base, trabajadores estatales, ciudadanos sin espalda política. Traslados disciplinarios, cupos de motos, detenciones forzadas, sanciones sin acto administrativo.
No es un exceso de la tropa: es una política pública deliberada, funcional a un relato de orden basado en el miedo.
Cuando la seguridad se transforma en propaganda
La saturación sin inteligencia criminal no previene delitos: solo genera imágenes. Es un modelo que rinde para conferencia de prensa, pero no para la realidad. El territorio lo sabe; la tropa lo sabe; las víctimas lo saben; los barrios lo saben. El único que parece no saberlo es el poder político… o quizás sí lo sabe, pero le sirve igual.
Porque en la medida en que el Estado gobierna desde la sospecha, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se convierte en objeto de vigilancia. Y el trabajador policial deja de ser profesional de la seguridad para transformarse en un fusible operativo: si no detenés, te trasladan; si no marcás números, te sancionan; si no cumplís el cupo, te borran.
El problema institucional que nadie quiere nombrar
La Provincia de Santa Fe ya fue señalada ante el Comité contra la Tortura de la ONU por prácticas que el gobierno sigue defendiendo como si fueran políticas innovadoras de seguridad. Pero no hay nada más viejo que la arbitrariedad. Nada más peligroso para la democracia que un Estado que se autoriza a detener sin causa y a castigar sin control.
Si la Constitución Provincial (2025) consagra que la libertad es la regla y la detención la excepción, ¿qué significa que hoy se detenga primero y se pregunte después? Significa que hay un desvío institucional. Y un desvío institucional siempre tiene nombre y apellido.
La política debe hacerse cargo
El ministro Cococcioni podrá sostener que sus métodos funcionan. Podrá repetir que la sociedad “lo pide”. Pero la legitimidad democrática nunca se mide por aplausos circunstanciales: se mide por el respeto a la ley, los derechos y los límites del poder. Si un funcionario convierte la arbitrariedad en doctrina de gestión, entonces la discusión deja de ser policial: es política. Y constitucional.
El desafío ya no es mejorar un sistema: es impedir que termine de destruirse.
La alternativa: un Estado que confíe para ser confiable
La Doctrina de la Confianza Soberana (DCS) propone un giro radical: que la seguridad se construya desde la confianza y no desde la persecución; desde la inteligencia criminal y no desde el cupo; desde la legalidad y no desde la sospecha.
Un Estado que gobierna desde el miedo produce súbditos.
Un Estado que gobierna desde la confianza produce ciudadanos.
Hoy Santa Fe debe elegir.
El trabajo publicado
202512 – Ensayo Estado de Sospecha y Arbitrariedad by Apropol Noticias
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https://zenodo.org/records/17923062
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APROPOL Noticias
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