La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, negó públicamente estar en pareja con el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, y rechazó también que vaya a casarse con él en octubre. La aclaración puso fin, al menos por ahora, al capítulo sentimental, pero dejó intacta una cuestión bastante menos frívola: las denuncias sobre una compra millonaria de boinas para Gendarmería y el contraste entre ese gasto y los reclamos salariales de los efectivos.
La noticia, admitámoslo, nos golpeó. Alejandra Monteoliva desmintió que mantenga una relación sentimental con Claudio Brilloni y también negó que exista un casamiento previsto para octubre, de modo que quienes ya imaginaban arroz, salón, brindis y uniforme de gala deberán archivar por ahora cualquier expectativa de cobertura nupcial.
La ministra no se limitó a una aclaración informal. Envió cartas documento a periodistas que habían difundido la versión y reclamó una rectificación pública, al tiempo que aseguró que no existe ninguna pareja ni ningún casamiento y que avanzará judicialmente frente a lo que considera afirmaciones falsas y lesivas de su honor.
Hasta ahí, el asunto pertenece claramente a la esfera personal de la funcionaria y, si la información difundida era falsa, tiene todo el derecho de exigir una rectificación. Pero el episodio tiene una particularidad que vuelve inevitable correr la mirada desde el supuesto romance hacia un terreno mucho más importante: Claudio Brilloni ya venía siendo cuestionado por una polémica compra de boinas para Gendarmería, operación que la diputada Marcela Pagano convirtió en uno de los ejes de sus denuncias públicas.
La boda se cayó, pero las boinas siguen en discusión
Pagano sostuvo que Gendarmería destinó alrededor de dos millones de dólares a una adquisición de boinas cuyo precio habría rondado los $150.000 por unidad, mientras que, según la comparación comercial utilizada por la legisladora, productos similares podían conseguirse por aproximadamente un tercio de ese valor.
La denuncia contiene además un elemento particularmente llamativo: las boinas no formarían parte del uniforme de uso habitual de los efectivos, ya que la reglamentación continuaría contemplando la gorra como prenda ordinaria. A partir de allí, Pagano planteó públicamente no sólo la cuestión del precio, sino también la necesidad misma de la compra y el criterio utilizado para autorizarla.
Conviene hacer una precisión elemental: que exista una denuncia política o penal no significa que haya sobreprecios judicialmente comprobados. Eso deberá determinarse mediante la documentación de la contratación, los expedientes administrativos, las ofertas recibidas y, en su caso, una investigación judicial. Sin embargo, la inexistencia de una sentencia tampoco elimina las preguntas que la operación genera y que merecen una respuesta institucional detallada.
Pagano llevó la discusión desde las boinas hasta los salarios
La diputada vinculó directamente la contratación cuestionada con la situación económica de los gendarmes y utilizó sus redes sociales para señalar una contradicción que, más allá del tono político, resulta difícil de ignorar: mientras se destinan recursos importantes a determinadas adquisiciones, numerosos integrantes de las fuerzas federales continúan reclamando recomposición salarial y afrontando situaciones de endeudamiento.
En uno de sus mensajes, Pagano anunció que presentaría una denuncia penal por lo que denominó el “curro de las boinas” y adelantó además que buscaría citar a Monteoliva al Congreso para que explique cuántos efectivos se perdieron, qué medidas se adoptaron para evitarlo y por qué, según su planteo, aparecen recursos para compras cuestionadas mientras las respuestas salariales siguen dependiendo de las decisiones del equipo económico.
La frase con la que sintetizó el reclamo fue contundente: “A los que nos cuidan se los cuida con salario, no con chamuyo”.
La legisladora también cuestionó las explicaciones oficiales sobre el endeudamiento de miembros de las fuerzas y sostuvo que el problema no debería analizarse exclusivamente como una responsabilidad individual de cada efectivo, sino como parte de una situación económica en la que muchos trabajadores terminan recurriendo a préstamos, fiado o actividades complementarias porque sus ingresos ordinarios no alcanzan.
El endeudamiento también forma parte del problema
Este punto merece algo más que una disputa de redes sociales. Cuando un integrante de una fuerza de seguridad debe vivir lejos de su familia, afrontar alquileres, traslados, servicios y gastos cotidianos con un salario que pierde rápidamente capacidad adquisitiva, el endeudamiento deja de ser solamente una decisión financiera individual y comienza a revelar un problema estructural.
Pagano utilizó incluso las referencias oficiales a los suicidios dentro de las fuerzas para cuestionar lo que considera una contradicción del Estado: exigir disponibilidad, disciplina y sacrificio permanentes, pero considerar después que los problemas económicos derivados del endeudamiento pertenecen exclusivamente a la esfera privada de cada trabajador.
Su planteo puede ser discutido en términos políticos, pero la pregunta de fondo permanece. ¿Hasta qué punto puede separarse el endeudamiento del nivel salarial cuando numerosos efectivos recurren sistemáticamente al crédito para cubrir gastos ordinarios?
Las preguntas que la desmentida sentimental no responde
La vida sentimental de una funcionaria no debería convertirse por sí sola en asunto de Estado y, si la información difundida resultara falsa, quienes la publicaron deberán eventualmente responder sólo en la medida en que se acrediten los presupuestos jurídicos correspondientes. Tratándose de una funcionaria pública, no alcanza con demostrar la falsedad de lo publicado: la doctrina de la real malicia exige acreditar que quien difundió la información conocía su falsedad o actuó con temerario desprecio acerca de si era verdadera o falsa. El error periodístico, aun cuando pueda merecer una rectificación, no equivale automáticamente a una conducta jurídicamente reprochable.
Ese estándar, surgido del precedente New York Times v. Sullivan y receptado por la jurisprudencia argentina, procura evitar que el temor a demandas termine inhibiendo el debate sobre quienes ejercen poder público. La Corte Suprema argentina ha reafirmado esta protección en distintos precedentes —entre ellos Patitó c/ Diario La Nación— al señalar que, frente a funcionarios o figuras públicas y cuestiones de interés general, la responsabilidad no puede construirse únicamente sobre la comprobación posterior de que una afirmación era inexacta.
Sin embargo, la misma claridad sería deseable respecto de la contratación cuestionada.
¿Cuántas boinas se compraron exactamente? ¿Cuál fue el precio unitario final? ¿Qué procedimiento administrativo se utilizó? ¿Cuántos proveedores participaron? ¿Qué especificaciones técnicas se exigieron? ¿Cuál fue la necesidad operativa que justificó la adquisición? ¿Existe una modificación reglamentaria que contemple su utilización? ¿Quién autorizó el gasto y bajo qué antecedentes comerciales se determinó que el precio era razonable?
Todas esas preguntas pueden tener una explicación perfectamente válida, pero mientras esa explicación no aparezca de manera completa, la discusión seguirá abierta.
La plata pública importa bastante más que el estado civil
Por eso, después de la inevitable cuota de ironía que provoca toda noticia que desmiente una boda que nunca existió, convendría devolver la atención hacia donde realmente importa.
No parece especialmente relevante para un gendarme que cumple funciones en una frontera, vive trasladado a cientos de kilómetros de su familia o llega con dificultades a fin de mes saber si la ministra y el jefe de la fuerza comparten o no una relación sentimental. Lo que sí resulta relevante es saber cómo se administra el presupuesto de la institución, cuál es la prioridad que se asigna al personal y qué respuestas existen frente a reclamos salariales que llevan años atravesando a las fuerzas federales.
La ministra ya dejó algo perfectamente claro: no habrá casamiento.
Ahora faltaría que con la misma precisión se explique qué ocurrió con las boinas, cuánto se pagó realmente por ellas, cuál fue el fundamento de la contratación y qué lugar ocupa el salario de los efectivos dentro de las prioridades presupuestarias.
Porque, al final, el estado civil de Monteoliva pertenece a su vida privada.
La administración del dinero público, no.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
Facebook: Temática Seguridad
Linkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora