Once efectivos (solo en Rosario y se especula otro tanto más en Santa Fe) fueron imputados por incumplimiento de deberes tras la manifestación frente a Jefatura. Aunque ya fueron reincorporados al servicio, enfrentan una causa judicial y un sumario interno que podría extenderse durante meses.
Por Rubén Pombo (*)
De la protesta a la imputación penal
La crisis generada por el paro policial en Santa Fe sumó un capítulo que expone la dimensión institucional del conflicto: los once agentes que participaron de la manifestación frente a la sede de la Unidad Regional II fueron imputados penalmente a partir de una denuncia presentada por la propia conducción de la fuerza, encabezada por el jefe de Policía, Luis Maldonado.
La imputación, impulsada por los fiscales José Luis Caterina y Pablo Socca (luego de la denuncia del propio Jefe de Policia Luis Maldonado), se centra en el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la sospecha de que los efectivos no cumplieron con el servicio asignado durante los días en que se desarrolló la protesta.
La audiencia imputativa se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y los policías concurrieron en libertad, sin que se dispusieran medidas restrictivas en su contra.
La intervención de la Fiscalía no fue discrecional. Según explicó la defensora Nair Moreno, la denuncia presentada por la superioridad obligó legalmente al Ministerio Público de la Acusación a iniciar la investigación.
Represión, disponibilidad y denuncia: la respuesta institucional al reclamo
El conflicto se desarrolló durante tres días frente a la Jefatura policial, donde efectivos del Comando Radioeléctrico y la Brigada Motorizada reclamaron mejoras salariales, asistencia en salud mental y mejores condiciones laborales.
En una primera reacción, la conducción policial dispuso el pase a disponibilidad de los uniformados que participaron de la protesta, una medida preventiva que los apartó temporalmente del servicio.
Paralelamente, la propia estructura de mando avanzó con la denuncia penal que dio origen a la imputación judicial, profundizando el impacto institucional sobre los agentes involucrados.
Posteriormente, en el marco de la negociación política que desactivó el conflicto, el Ministerio de Seguridad dejó sin efecto los pases a disponibilidad y ordenó la reincorporación de los efectivos a sus funciones habituales.
La reincorporación no elimina el proceso judicial ni el sumario interno
El regreso al servicio activo no implica el cierre de la causa penal ni del expediente disciplinario interno.
El abogado defensor Federico Godoy aclaró que la disponibilidad no constituye una sanción, sino una medida preventiva. Sin embargo, confirmó que el sumario administrativo seguirá abierto hasta que la Justicia resuelva la causa penal.
Esto significa que, aunque los policías volvieron a patrullar y retomar sus tareas normales, su situación institucional permanece bajo análisis.
Un proceso que puede extenderse hasta un año
Los tiempos del sumario administrativo no están definidos, pero suelen extenderse entre seis meses y un año. En este caso, el trámite disciplinario dependerá directamente del resultado de la causa judicial.
Una vez que la Justicia resuelva la cuestión penal, la fuerza podrá cerrar el expediente interno, que podría terminar sin sanciones o derivar en medidas disciplinarias.
Mientras tanto, los agentes continúan en funciones, aunque con un proceso abierto que mantiene en suspenso la definición final sobre las consecuencias del paro.
El conflicto dejó una señal interna en la estructura policial
Aunque el paro se resolvió rápidamente en el plano operativo, la denuncia penal impulsada desde la propia conducción policial dejó una marca institucional profunda.
La secuencia —protesta, pase a disponibilidad, imputación penal y posterior reincorporación— refleja la tensión estructural entre el reclamo laboral de los efectivos y el régimen disciplinario que regula a las fuerzas de seguridad.
Por ahora, los policías volvieron a sus puestos. Pero el desenlace definitivo del conflicto no se definirá en la calle, sino en los tribunales y en los despachos administrativos de la propia institución.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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