SEGURIDAD: Mientras los gobiernos exigen más controles, policías y vecinos pagan las consecuencias

El ciudadano sospechoso y el policía obligado a sospechar

Un video que circuló en redes sociales durante las últimas horas muestra una situación que, lejos de constituir una rareza, resulta cada vez más familiar en distintas ciudades argentinas. Un trabajador que se encontraba colocando afiches en la vía pública fue interceptado en octubre ultimo por varios efectivos de la Policía de Tucumán, quienes, según se escucha en el relato del episodio, pretendían mantenerlo demorado mientras consultaban sus antecedentes, pese a que ya había presentado su Documento Nacional de Identidad.

El hombre, visiblemente molesto, comenzó a registrar el procedimiento con su teléfono celular y formuló una pregunta tan sencilla como contundente: “Estoy trabajando, pegando afiches. ¿Cuál es la diferencia entre tu trabajo y el mío?”

La escena expone una contradicción que merece discutirse, porque de un lado aparece un ciudadano desarrollando una actividad laboral y del otro varios policías cumpliendo órdenes de sus superiores, mientras ambos terminan enfrentados por una intervención cuya necesidad concreta no resulta clara a partir de la información difundida.

No se trata de desconocer las facultades legales de identificación que poseen las fuerzas de seguridad, sino de preguntarse qué sucede cuando esas atribuciones comienzan a ejercerse de manera rutinaria sobre personas que simplemente circulan, trabajan o permanecen en la vía pública.

Una cosa es prevenir delitos y otra muy diferente es convertir a cada vecino en un sospechoso que debe explicar permanentemente qué hace, adónde va y por qué se encuentra en determinado lugar.

En Santa Fe, los controles también se hacen por cupos

Lo que aparece en el video tucumano tiene puntos de contacto con situaciones que venimos denunciando desde APROPOL en la provincia de Santa Fe, donde trabajadores policiales de distintas unidades regionales describen presiones para cumplir determinadas cantidades de identificaciones y procedimientos, particularmente los conocidos como 10 bis y las intervenciones vinculadas con el Decreto 460.

Según los testimonios recibidos, las exigencias no siempre responden a situaciones concretas que justifiquen la intervención policial, sino a objetivos numéricos establecidos por la superioridad, cuyo incumplimiento puede traducirse en recargos de servicio, pérdida de francos o modificaciones de los horarios de trabajo.

Hace pocos días, personal de una Unidad Regional del norte provincial nos relató situaciones de agotamiento por jornadas de doce horas, recargos adicionales, descansos insuficientes y dificultades familiares derivadas de las nuevas exigencias operativas.

También recibimos denuncias de efectivos que deben recorrer importantes distancias para llegar a sus destinos laborales y que, en determinadas circunstancias, son obligados a permanecer una hora adicional después de concluido el servicio, provocando que pierdan el transporte público con el que regresan a sus domicilios.

Para quien toma esas decisiones detrás de un escritorio, una hora puede parecer poco. Para un policía que depende de un colectivo y vive a decenas de kilómetros de su destino, puede significar varias horas más lejos de su familia, mayores gastos y menos descanso antes de volver a trabajar.

El problema no es exigir que la Policía trabaje, sino utilizar el trabajo, los horarios y los francos como herramientas de presión para producir estadísticas.

Mientras tanto, el Gobierno exhibe públicamente cantidades de personas identificadas, vehículos controlados y procedimientos realizados como demostración de actividad preventiva, aunque esas cifras, por sí solas, no permiten saber si realmente disminuyó el delito ni si mejoró la seguridad de los vecinos.

Cuando la cantidad de controles se convierte en una meta obligatoria, el riesgo es evidente: el policía sale a buscar personas para identificar porque debe cumplir un número, no necesariamente porque existan circunstancias que justifiquen cada intervención.

Y allí comienza el verdadero problema.

Los barrios populares, siempre bajo sospecha

Esta modalidad de seguridad tiene consecuencias especialmente preocupantes en los barrios donde más golpean la pobreza, la desocupación y las dificultades sociales, porque es allí donde los despliegues de saturación, las identificaciones reiteradas y los controles callejeros pueden terminar formando parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

El vecino que sale a trabajar, el joven que regresa a su casa, el repartidor que circula en motocicleta o quien simplemente permanece conversando en una esquina pueden encontrarse sometidos a intervenciones cuya justificación no siempre resulta evidente.

De esta manera, una política presentada como preventiva corre el riesgo de parecerse cada vez más a una ocupación territorial, en la cual la presencia del Estado se expresa principalmente mediante uniformes, patrulleros, identificaciones y demostraciones de autoridad.

No estamos diciendo que todos los procedimientos sean ilegales ni que los policías actúen necesariamente con intención discriminatoria. Lo que señalamos es que un sistema que exige cantidades de personas identificadas, sin asegurar criterios objetivos para seleccionarlas, puede terminar concentrando las intervenciones sobre quienes tienen menos recursos para cuestionarlas.

Y cuando eso ocurre, la desigualdad social también comienza a reflejarse en la manera en que se ejerce el poder policial.

En el sur santafesino, una patrulla habría sido humillada por cumplir un procedimiento

Como si las presiones por realizar controles fueran pocas, durante la semana pasada recibimos información sobre un episodio ocurrido en una Unidad Regional del sur provincial que provocó un importante malestar entre trabajadores policiales.

Según los testimonios recibidos, una patrulla procedió a retener una motocicleta conducida por una joven que posteriormente habría resultado ser hija de una comisaria en actividad.

Hasta allí, un procedimiento cuya legalidad dependerá de las circunstancias y de las infracciones que eventualmente se hubieran constatado.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la información aportada, la situación habría cambiado cuando intervino el jefe de la agrupación correspondiente, quien presuntamente desautorizó a los efectivos, los sometió a un trato humillante frente a la conductora y llegó a romper el acta del procedimiento delante de ellos.

Los testimonios señalan además que la joven habría faltado el respeto al personal actuante y que los integrantes de la patrulla permanecen preocupados por la posibilidad de recibir alguna represalia administrativa, como un cambio de destino, un pase o una sanción encubierta.

Desde APROPOL se realizaron consultas a la Unidad Regional involucrada, pero hasta el momento no se obtuvo una respuesta oficial que permita esclarecer lo sucedido.

Por esa razón, corresponde mantener el episodio en el terreno de la denuncia y reclamar que las autoridades expliquen qué ocurrió, por qué se habría dejado sin efecto el procedimiento y si existen actuaciones administrativas relacionadas con la intervención.

Pero hay una pregunta que no puede evitarse: ¿qué mensaje recibe un policía cuando se le exige producir procedimientos bajo amenaza de recargos y, al mismo tiempo, se denuncia que puede ser humillado por intervenir sobre una persona vinculada familiarmente con la jerarquía?

Si lo denunciado se confirma, estaríamos frente a una situación particularmente grave, porque demostraría que las reglas pueden terminar aplicándose de manera diferente según quién sea la persona involucrada.

Al ciudadano lo controlan y al policía lo castigan

Los episodios de Tucumán y Santa Fe muestran dos caras de un problema que merece una discusión pública mucho más profunda.

Por un lado, ciudadanos que pueden terminar sometidos a controles innecesarios para satisfacer exigencias operativas. Por el otro, policías que denuncian presiones, recargos y amenazas de sanciones si no cumplen las cantidades exigidas, o que temen consecuencias cuando sus intervenciones afectan a personas con relaciones dentro de la institución.

Así, el vecino comienza a desconfiar del policía y el policía comienza a desconfiar de sus propios superiores.

Y mientras ambos soportan las consecuencias, las autoridades políticas continúan presentando el incremento de controles como una demostración de eficacia.

Una política de seguridad no puede medirse únicamente por la cantidad de personas identificadas, porque llenar planillas no equivale necesariamente a prevenir delitos y multiplicar procedimientos tampoco garantiza que los ciudadanos vivan más seguros.

La prevención requiere presencia policial, inteligencia criminal, conocimiento del territorio, intervención sobre los delitos reales y, fundamentalmente, una relación de confianza con la comunidad.

Esa confianza difícilmente pueda construirse cuando los vecinos sienten que son tratados como sospechosos y los trabajadores policiales perciben que sus derechos laborales quedan subordinados a la necesidad de mostrar resultados.

Los gobiernos pasan, las policías permanecen

Hay una cuestión que los responsables políticos de la seguridad deberían comprender antes de continuar profundizando estas modalidades de conducción.

Los gobiernos son transitorios. Los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios cumplen mandatos o desempeñan cargos durante determinados períodos. Las instituciones policiales, en cambio, permanecen y deben continuar trabajando con las mismas comunidades mucho después de que quienes diseñaron las políticas hayan abandonado sus despachos.

Cuando una administración impulsa estrategias basadas fundamentalmente en controles masivos, exigencias estadísticas y presión sobre el personal, debería considerar no solamente los resultados inmediatos, sino también el daño que esas prácticas pueden ocasionar en la relación entre la Policía y la sociedad.

Porque el ciudadano que hoy se siente injustamente interceptado mañana puede necesitar la ayuda de esa misma institución, y el policía que hoy es recargado, humillado o amenazado deberá seguir prestando servicios, muchas veces en condiciones cada vez más difíciles.

En este contexto, preocupan las decisiones de conducción que parecen privilegiar la demostración de autoridad por encima de la construcción de confianza pública, particularmente cuando se acompañan de prácticas laborales denunciadas como arbitrarias.

La seguridad democrática no significa ausencia de autoridad ni renuncia a perseguir el delito. Significa ejercer esa autoridad dentro de la ley, respetando a los ciudadanos y garantizando condiciones de trabajo dignas para quienes tienen la responsabilidad de protegerlos.

No se puede construir seguridad maltratando a quienes deben garantizarla

Es necesario revisar una concepción de la seguridad que parece encontrar respuestas en multiplicar controles, ocupar territorios, exigir cantidades de procedimientos y mantener al personal bajo permanente presión.

Los vecinos no son enemigos a los que haya que vigilar por el solo hecho de circular por la calle, y los policías tampoco son empleados descartables a los que se pueda recargar, privar arbitrariamente del descanso o humillar cuando una intervención no resulta conveniente para alguien con poder.

El Estado tiene la obligación de prevenir y combatir el delito, pero esa responsabilidad no lo habilita a desconocer las garantías de las personas ni los derechos de sus propios trabajadores.

Cuando una política comienza a tratar como sospechosos a los ciudadanos y como subordinados sin derechos a quienes deben ejecutarla, se aleja de los principios fundamentales del pacto democrático.

Y ese alejamiento tiene consecuencias que no siempre aparecen en las estadísticas oficiales.

Aparecen en el vecino que deja de confiar en la Policía, en el trabajador que pierde el colectivo después de una jornada agotadora, en el efectivo que teme ser trasladado por haber cumplido un procedimiento y en la comunidad que empieza a mirar a sus instituciones de seguridad con distancia y desconfianza.

Los gobiernos pasan. Las policías permanecen. Y una de las mayores responsabilidades de cualquier gobierno debería ser entregar a la siguiente administración instituciones más profesionales, más respetadas y más vinculadas con sus comunidades, no policías desgastados y vecinos enfrentados con quienes deben protegerlos.

Porque la seguridad pública no se construye contra los ciudadanos ni contra los propios policías. Se construye con ambos.

“Quien quiera oír que oiga”