El reciente discurso del gobierno de Santa Fe en materia de seguridad pública vuelve a confirmar una orientación política que merece ser observada con mucha atención. No solamente por lo que se dice. También por quiénes lo dicen.
En este caso, la voz elegida para expresar buena parte de la narrativa oficial es la actual vocera del gobernador Maximiliano Pullaro, Virginia Coudannes, funcionaria surgida del área de Seguridad y proyectada además como una de las figuras políticas con futuro electoral en la ciudad de Santa Fe. (ver nota: Seguridad: “Enviamos un nuevo paquete de leyes porque no vamos a retroceder ni un paso contra los delincuentes” )
No es un dato menor.
Porque cuando la comunicación gubernamental en seguridad deja de ser meramente técnica para transformarse en plataforma política, el riesgo es que la construcción discursiva termine priorizando impacto, confrontación y posicionamiento antes que prudencia institucional.
Y eso es delicado.
El discurso oficial insiste en conceptos como: “presencia”, “acción”, “control territorial”,
“determinación”.
Toda la estructura comunicacional coloca a la policía como principal sostén visible de una estrategia que necesita transmitir autoridad y capacidad de respuesta permanente.
Pero detrás de esa puesta en escena aparece una pregunta inevitable:
¿qué nivel de protección real tendrá el personal policial cuando las consecuencias jurídicas, sociales o políticas de esta estrategia comiencen a aparecer?
Porque la historia argentina demuestra algo bastante constante: los gobiernos diseñan doctrinas de endurecimiento, pero las responsabilidades concretas terminan descendiendo hasta el último escalón operativo.
El problema de fondo no es la decisión política de enfrentar el delito.
Eso es una obligación del Estado.
El problema aparece cuando la urgencia política empieza a desplazar:
- límites constitucionales,
- racionalidad institucional,
- controles democráticos,
- y estándares convencionales básicos.
Allí la seguridad deja de construirse como política pública y empieza a administrarse como relato permanente de confrontación.
En ese contexto, la figura de Virginia Coudannes adquiere una relevancia simbólica importante. No solamente como vocera oficial del gobierno provincial sino además como dirigente política en crecimiento dentro del esquema del oficialismo santafesino.
La seguridad pública comienza entonces a mezclarse peligrosamente con construcción de imagen, posicionamiento electoral y comunicación de impacto.
Y cuando eso ocurre, las instituciones suelen pagar costos muy altos.
Porque la policía termina ubicada en el centro de una estrategia política de altísima exposición mientras continúan pendientes discusiones esenciales:
- representación profesional,
- seguridad jurídica,
- protección laboral,
- salud mental,
- capacitación democrática,
- y límites claros para la actuación estatal.
Se exige más intervención. Pero no aparecen más derechos.
Se reclama más presencia. Pero no se fortalece institucionalmente al personal.
La consecuencia suele ser conocida: más presión sobre el policía de calle, más discrecionalidad operativa, más desgaste institucional, y mayor vulnerabilidad futura.
Santa Fe ya atravesó demasiadas experiencias traumáticas vinculadas a la autonomización policial, la excepcionalidad y las crisis de conducción política como para subestimar estas señales.
La seguridad democrática requiere firmeza, sí. Pero también requiere legalidad, racionalidad y prudencia.
Porque cuando la política necesita resultados inmediatos y además empieza a convertir la seguridad en herramienta central de construcción comunicacional y electoral, la frontera entre conducción institucional y utilización política del aparato policial comienza a volverse peligrosamente difusa.
Y la historia argentina enseña que cuando eso ocurre, las consecuencias nunca terminan donde comenzaron.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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