El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, es quien impulsa la idea de una reforma constitucional que blinde el modelo de seguridad del gobierno provincial.
Por Alberto Martinez (*)
El ministro propone una Constitución alineada con el endurecimiento punitivo, que limite a los jueces y otorgue al Ejecutivo mayor control sobre las políticas de seguridad. Esto se da en el marco del proceso electoral por la reforma constitucional en Santa Fe, que se define este domingo.
Se está discutiendo mucho más que un texto legal. Está en juego el tipo de sociedad que queremos: una basada en derechos, o una basada en castigos.
«Esto no puede quedar a merced de los garantistas»
Con esta frase, Cococcioni dejó en claro su visión: una Constitución al servicio del castigo, no del ciudadano. Un proyecto que pretende blindar la represión como política de Estado.
El mensaje es peligroso: en nombre de la seguridad, se busca redefinir el contrato social. Pero la Constitución no es un garrote, es un escudo. Y si se convierte en arma del poder de turno, dejamos de vivir en democracia y pasamos a sobrevivir en obediencia.
¿Seguridad o autoritarismo constitucionalizado?
La propuesta de blindar las políticas de seguridad para que no queden «a merced de los vaivenes políticos» revela una visión profundamente autoritaria del orden social.
“La seguridad no debe ser excusa para cercenar derechos, sino garantía para ejercerlos plenamente.”
Una Constitución no puede consagrar el miedo como doctrina. No puede llamarse “política de Estado” a la idea de crear una cárcel llamada “El Infierno” ni hablar de “neutralizar reincidentes” como si fueran enemigos de guerra. Eso no es política criminal: es populismo punitivo.
¿Y los derechos? ¿Y el debido proceso?
El derecho penal democrático se basa en garantías. Pero en este proyecto, las garantías brillan por su ausencia. Se criminaliza la reincidencia, se relativiza el control judicial y se naturaliza el castigo ejemplar. Todo en nombre del orden.
Si la seguridad se divorcia de la legalidad, deja de ser seguridad. Pasa a ser control social autoritario.
También los policías tienen derechos
En este debate, el trabajador policial vuelve a ser excluido. No por casualidad, sino por decisión política.
Policías sin derecho a sindicalización, sin defensa gremial, con salarios de miseria, horarios inhumanos y sometidos a procesos disciplinarios y hasta penales arbitrarios e ilegales (causas armadas). Son quienes garantizan el orden, pero no tienen derecho a cuestionarlo. Si lo hacen, son «neutralizados» desde adentro del sistema.
“No puede haber seguridad pública sin seguridad laboral para quien la garantiza.”
Entre eufemismos y realidades
- Mientras se habla de justicia y derechos, se impulsan cárceles con nombres de tortura.
- Mientras se promete orden, se impone silencio.
- Mientras se invoca el respeto por la ley, se relativiza el control judicial.
Este no es un debate técnico. Es un debate moral y político: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a entregar a cambio de promesas de seguridad?
“Cuando el Estado promete seguridad a cambio de derechos, no está protegiendo: está extorsionando.”
Derechos: primero los delincuentes, después todos
Las herramientas que hoy se proponen contra los delincuentes mañana podrán aplicarse contra trabajadores que protestan, jueces que no se alinean o ciudadanos que reclaman.
Si los derechos no son universales, dejan de ser derechos. Se convierten en privilegios del poder.
Una Constitución no puede ser un código penal con esteroides
La reforma constitucional debería ser una oportunidad para modernizar, no para militarizar. Si se aprueba un texto que prioriza el castigo sobre la prevención y la represión sobre la dignidad humana, no habremos ganado seguridad: habremos perdido República.
La Constitución no es un manual de castigo. Es una garantía de libertad.
La voz de las redes: cuando el pueblo no se traga el anzuelo
Mientras el oficialismo intenta instalar el discurso de la “Constitución para la seguridad”, las redes sociales desnudan la incredulidad popular.
Algunos comentarios reflejan lo que muchos piensan pero pocos se animan a decir:
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“Todo lo que quieren es la reelección indefinida de Puchero el Servil.”
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“El Ejecutivo va a avasallar al Judicial. Esto no es seguridad, es poder sin control.”
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“Los presos hacen videos desde la cárcel y el problema somos los jueces garantistas, ¿en serio?”
Reformar sí, retroceder no
La reforma constitucional es una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Puede servir para consolidar derechos, o para erosionarlos.
Queremos vivir sin miedo, claro que sí. Pero también queremos vivir con justicia, con dignidad, con libertad.
Si para sentirnos seguros debemos entregar nuestros derechos, entonces no ganamos paz: aceptamos sumisión.
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la UNCAUS, ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
Publicada en APROPOL Noticias