«No distinguimos entre una asociación criminal que vende droga y una que roba combustible», dijo el gobernador. Y con esa frase, no solo banalizó el narcotráfico: también montó una operación de encubrimiento político sobre hechos que conviven bajo su propia mirada.
Por Alberto Martínez (*)
Las recientes declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en las que afirmó: «No distinguimos entre una asociación criminal que vende droga y una que roba combustible, todo impacta en la seguridad pública», han generado un debate significativo sobre la percepción y el tratamiento de diferentes formas de criminalidad en la provincia.
“No distinguimos entre una asociación criminal que vende droga y una que roba combustible. Todo impacta en la seguridad pública.”
Estas palabras surgen en el contexto de una investigación por malversación de fondos destinados a la compra de combustible en la Policía de Rosario, que resultó en veinte detenciones y 38 allanamientos . Pullaro enfatizó que cualquier ilícito encontrado en el poder Ejecutivo sería denunciado, y que el objetivo es terminar con un sistema de corrupción institucional.
Su discurso tiene líneas argumentales dignas de destacar:
- Confusión conceptual y falta de jerarquía penal
Equiparar el narcotráfico con el desvío de combustible (aunque grave) representa una confusión de magnitudes delictivas.
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El narcotráfico es un delito federal complejo, con estructura transnacional, capacidad armada, lavado de activos, y un altísimo grado de violencia.
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El fraude con combustible, en cambio, es un delito patrimonial y de administración fraudulenta en la órbita del Estado provincial. Tiene impacto económico, pero rara vez implica sangre o muerte directa.
La legislación argentina distingue claramente la gravedad de ambos delitos. El narcotráfico tiene penas significativamente mayores y pertenece a otra categoría criminal. No reconocer eso puede erosionar el principio de razonabilidad.
2. Relato punitivista que banaliza el concepto de “asociación criminal”
Pullaro aplica una lógica de igualación punitiva, similar a la “tolerancia cero” sin análisis de contexto. Esto se alinea con un modelo de Estado castigador y espectacular, no necesariamente eficaz.
Peligro discursivo: Si todo es lo mismo, nada es diferente. Se pierde capacidad de enfoque, estrategia diferenciada y asignación de recursos proporcionales a la amenaza.
3. Uso político del escándalo
La frase se inserta en medio de una intervención política sobre la Policía de Rosario, con detenciones masivas, y podría interpretarse como una puesta en escena para justificar desplazamientos y recambios funcionales en una interna policial y gubernamental ya evidente.
En este marco, el gobernador instrumentaliza la moral pública contra ciertos sectores de la fuerza, mientras designa como interventor a un jefe cuestionado por corrupción previa, como Claudio “Droopy” Romano. Esto mina la legitimidad de su discurso.
4. Ocultamiento de responsabilidades políticas
No se reconoce el rol del poder político como responsable de los sistemas de control, ni se menciona que estos hechos de corrupción ocurrieron bajo gestiones políticas previas y actuales.
La corrupción institucional es compartida, como reconoció el propio secretario Pereyra. Entonces, ¿por qué solo caen algunos policías y no funcionarios civiles ni responsables de Hacienda o Logística?
5. Fracaso de los mecanismos de control
La declaración evade la verdadera pregunta de ser cierto: ¿cómo es posible que durante meses se desviaran millones en combustible sin que ningún órgano de control interno o externo lo detectara?
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¿Dónde estaban la Contaduría, el órgano de control, la Jefatura, el Ministerio de Seguridad?
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¿Cuándo se activó el primer sistema de alerta?
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¿Fue necesario llegar a una denuncia anónima y un operativo mediático?
Este punto muestra que la estructura de control está fallando gravemente, y no basta con hacer “limpieza” en la tropa sin revisar la cúspide.
6. Criminalización selectiva y estigmatización
Si bien el robo de combustible es condenable, hay un tratamiento asimétrico y estigmatizante de la tropa policial, que es expuesta como chivo expiatorio, mientras los negocios con contratistas, fundaciones y privados que manejan fondos millonarios siguen sin auditarse.
Palabras fuertes no tapan decisiones débiles
El gobernador quiere mostrarse duro. Pero la realidad es otra. Lo que hay es una administración que perdió el control del sistema, que usa al discurso anticorrupción para justificar internas y que designa interventores con prontuario en lugar de trayectoria.
Lo que hay es doble vara, manipulación política y una clara estrategia de disciplinamiento interno.
Porque si verdaderamente quieren combatir la corrupción, que empiecen por transparentar todos los contratos con empresas privadas, fundaciones y servicios tercerizados. Que abran las auditorías. Que rindan cuentas. Que den el ejemplo desde arriba.
Conclusión
Decir que robar combustible es igual que vender droga no solo es jurídicamente absurdo: es una forma de lavarse las manos.
El Estado que no distingue delitos, tampoco distingue culpables. Y ese Estado, lejos de darnos seguridad, nos condena a la injusticia.
¡Y así y todo reclama «Ficha Limpia»!
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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