Una política de comunicación que, en lugar de escuchar y responder, opta por restringir la crítica. Cuando el Estado limita la palabra, no ordena el debate: expone su debilidad.
Por Marcos Anglada (*)
Una decisión que dice más de lo que muestra
En las últimas semanas, usuarios y efectivos policiales comenzaron a advertir una práctica cada vez más evidente en la cuenta oficial de Facebook de la Policía de Santa Fe: la restricción de comentarios en publicaciones sensibles, particularmente en aquellas donde aparece el jefe de Policía, Luis Maldonado.
La medida no fue anunciada ni explicada. Simplemente ocurrió.
Pero en política —y más aún en instituciones armadas— lo que no se explica, se interpreta. Y lo que se interpreta, casi siempre revela algo más profundo.
Cuando el Estado habla solo
Las redes sociales oficiales no son cuentas personales. No son espacios de marketing. Son, en los hechos, canales públicos de comunicación institucional.
Por eso, cuando una institución decide limitar la participación ciudadana en esos espacios, la pregunta es inevitable: ¿Se trata de moderar o de silenciar?
Porque una cosa es eliminar insultos o amenazas —lo cual es razonable— y otra muy distinta es bloquear o restringir la crítica, especialmente cuando esa crítica proviene de los propios trabajadores o de la sociedad que financia y sostiene la institución.
Críticas que crecen, respuestas que desaparecen
El contexto no es neutro. La Policía de Santa Fe atraviesa un escenario de malestar creciente:
- reclamos salariales persistentes,
- cuestionamientos internos a la conducción,
- desgaste operativo en la calle,
- y una brecha cada vez más visible entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
En ese marco, las redes sociales se habían convertido —aunque sea de forma imperfecta— en un termómetro del clima institucional.
Hoy, ese termómetro parece haber sido guardado.
Libertad de expresión y función pública
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión no es menor.
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege especialmente la crítica a funcionarios públicos.
La doctrina es clara: los funcionarios deben tolerar un mayor nivel de escrutinio y cuestionamiento.
Cuando el propio Estado limita esos espacios de crítica en canales oficiales, se abre un interrogante incómodo:
¿Estamos ante una política de comunicación… o ante una forma indirecta de restricción del debate público?
El problema no es comunicacional: es de conducción
Cerrar comentarios puede parecer, en lo inmediato, una solución. Reduce el ruido, ordena la imagen, evita el desgaste.
Pero a mediano plazo, el efecto es inverso:
- no elimina el conflicto,
- lo desplaza,
- y muchas veces lo profundiza.
Porque lo que no se puede decir en un canal oficial, se dice en otros. Y generalmente, con más dureza.
En términos simples: la autoridad no se fortalece evitando la crítica, sino gestionándola.
Una señal de época
La decisión de restringir comentarios no es un hecho aislado. Forma parte de una lógica más amplia donde el Estado:
- comunica de manera unilateral,
- evita el intercambio,
- y busca controlar el relato antes que asumir el conflicto.
Es, en definitiva, una forma moderna de un viejo problema: la dificultad de algunos mandos para convivir con la crítica.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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