“Somos esclavos prácticamente”: penitenciarios marcharon y denunciaron condiciones inhumanas de trabajo

Personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe, retirados y familiares se manifestaron en Plaza de Mayo. Reclaman salarios dignos, jornadas humanas, alimentación adecuada y contención en salud mental.

Por Marcos Anglada

Empleados del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, junto a efectivos retirados y familiares, realizaron una manifestación en la Plaza de Mayo para visibilizar una situación que describen como crítica y sostenida en el tiempo. La protesta incluyó la entrega de un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

El reclamo apunta a condiciones laborales degradantes, salarios insuficientes, extensas jornadas sin descanso y un profundo abandono institucional que —según advierten— viene repitiéndose desde hace más de una década.

“La estamos pasando muy mal”

Durante la cobertura radial, Leandro Leonardo Bufi, trabajador penitenciario de la Unidad Cárcel de Las Flores, relató en primera persona el escenario que atraviesa el sector. “La verdad es que la estamos pasando muy mal como personal penitenciario. No estamos en condiciones adecuadas”, afirmó.

Entre los puntos centrales del reclamo mencionó la falta de una retribución justa, el incumplimiento en el pago de horas extras, las jornadas laborales excesivas y la ausencia de descansos reglamentarios.

Comida cruda, suciedad y condiciones indignas

Uno de los aspectos más graves denunciados fue el estado del racionamiento alimentario. Según el testimonio, el personal recibe comida cruda, en mal estado e incluso con presencia de gusanos, cocinada en espacios insalubres donde “las bandejas están en el piso”.

“Tenemos que comer en las garitas, en tápers, en lugares viejos y deteriorados. No es humano”, señaló Bufi. Consultado sobre si las autoridades jerárquicas consumen la misma comida, respondió con ironía: “Uno cree que no”.

Jornadas extremas y falta total de descanso

El trabajador describió esquemas laborales que rozan lo inhumano: turnos de 48 horas continuas, con descansos mínimos de entre 40 minutos y una hora. “Prácticamente somos esclavos. Yo me siento un preso más”, expresó con crudeza.

Además, denunció que muchos recargos no se pagan y que el personal queda retenido en los puestos por falta de efectivos, sin reconocimiento posterior.

Salarios por debajo de la Policía

Otro punto sensible es el desfasaje salarial respecto de otras fuerzas. “Cobramos menos que la Policía”, afirmó Bufi, y explicó que dentro del Servicio Penitenciario las diferencias jerárquicas son abismales: “Un jefe cobra cinco veces más que un suboficial”.

También señaló las dificultades que enfrentan quienes deben trasladarse largas distancias, como su propio caso, viajando desde Vera hasta Santa Fe, con el consecuente desgaste físico y económico.

Salud mental: un tema silenciado

La protesta también puso en foco la ausencia total de contención psicológica. Según relató, existen casos de trabajadores con carpeta médica que fueron obligados a continuar prestando servicio, con desenlaces trágicos. “Nadie se hace cargo, todo queda tapado”, afirmó.

El propio entrevistador vinculó estas condiciones con el aumento de suicidios en fuerzas de seguridad, una relación que el personal penitenciario viene advirtiendo desde hace años.

Un reclamo histórico que vuelve a emerger

Buffi explicó que los reclamos datan de 2013, con expedientes que quedaron paralizados y recién retomados en 2023. El petitorio presentado ahora fue recibido en mesa de entradas y cuenta con constancia de recepción, además de haber sido enviado a distintos medios.

“Esto no es para analizarlo dentro de seis meses. Es urgente. Es hoy”, remarcó.

“Que se animen todos”

Pese al temor a represalias, traslados o sanciones, el trabajador llamó a sus compañeros a perder el miedo. “Tarde o temprano te sacan igual. No te reconocen la antigüedad ni el esfuerzo. Por eso les digo que se animen, esto es por el bien de todos”.

Desde APROPOL recordamos que la criminalización de la protesta y la falta de representación gremial siguen siendo una deuda estructural del Estado con quienes sostienen el sistema penitenciario. Lo denunciado no es un exceso discursivo: es la descripción, en primera persona, de una realidad que ya no admite más silencio.

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