Mientras los policías siguen muriendo en soledad, el Gobierno de Santa Fe juega a los simuladores y no contesta nuestro pedido oficial de informes. La investigación científica y el trabajo periodístico están en marcha. No vamos a callarnos. CRÍTICAS AL ANUNCIO OFICIAL.
Por Alberto Martínez (*)
«Cuatro suicidios no son una estadística: son cuatro tragedias que pudieron evitarse.»
Ignacio “Pacho” Paz es el actual Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe. Su oficina se encuentra ubicada en 1ª Junta 2823, 2º Piso, Oficina 9, en la ciudad capital, y puede ser contactado a través del teléfono 0342-4505100 (interno 6213). De trayectoria política, Paz es miembro fundador de la Juventud Radical “La 14 bis”, fue Presidente de la Juventud Radical de la Seccional 1ª y es un activo militante y dirigente de la Unión Cívica Radical en Rosario. Su nombramiento en un área sensible como el bienestar del personal policial ha generado interrogantes respecto a su idoneidad técnica y formación específica en salud mental, gestión institucional o prevención de suicidios.
Habló de cifras «estables», de protocolos activados y de factores genéricos como el estrés o los problemas familiares.Nada dijo de la violencia interna, del abuso institucional, de los traslados compulsivos, del abandono sanitario ni de la revictimización administrativa.
Mientras tanto, el pedido formal de acceso a la información pública (SIE 00101-0332181-0) presentado por quien firma esta nota, en carácter de periodista e investigador independiente, sigue sin respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
¿Tanto cuesta entregar datos sobre un tema que le cuesta la vida a nuestros compañeros?
«El protocolo que aplican no previene: llega cuando ya hay una pistola sobre la mesa.»
Según las declaraciones oficiales, se activaron 25 protocolos de crisis. Pero no se conoce el estado actual de esas personas, ni si recibieron seguimiento adecuado, ni si fueron sancionadas por pedir ayuda.
Lo que sí sabemos es que muchos policías con carpeta psiquiátrica siguen siendo presionados para portar armas, hacer adicionales y cubrir guardias interminables.
Mientras eso ocurre, desde APROPOL desarrollamos un trabajo riguroso, científico y periodístico, sobre los suicidios en la fuerza. Lo hacemos sin presupuesto estatal, sin favores, sin ocultar nombres ni realidades.
Pero para eso necesitamos información oficial, no slogans vacíos ni “simuladores” en cargos clave.
«No hay política de prevención posible si el poder niega el daño que produce.»
No se puede hablar de prevención mientras los jefes abusan, los traslados desarraigan, los viáticos se niegan y las carpetas médicas son mal vistas.
El sistema de salud policial está colapsado. Los convenios con IAPOS se incumplen. La atención psicológica es mínima y la estigmatización es la norma.
La única forma de revertir esto es con:
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Acceso irrestricto a datos sobre suicidios e intentos.
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Participación directa de políticas de salud mental a través de organizaciones gremiales, de DDHH y de los trabajadores tal cual lo establece la Ley 12.913 (Ley Comités de salud y Seguridad en el trabajo) .
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Revisión estructural de las condiciones de trabajo.
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Fin al abuso de poder bajo la excusa del mando.
CRÍTICAS AL ANUNCIO OFICIAL
1. Minimización del problema
Aunque se reconoce la existencia de suicidios en la fuerza, se insiste en que la cifra es “estable” (4 en 2025, 5 en 2024, 8 en 2023). Esto banaliza el drama humano y colectivo, ocultando que cada caso representa una alarma institucional que debería conmover al conjunto del sistema político.
¿Cómo puede hablarse de “estabilidad” frente a la muerte evitable de un servidor público por causas previsibles?
2. Ausencia de autocrítica estructural
El funcionario responsabiliza factores genéricos: estrés, economía, familia, desarraigo. No menciona fallas internas del sistema, como:
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Traslados compulsivos,
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jornadas extenuantes,
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falta de políticas de contención sostenida,
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abuso administrativo,
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sanciones disciplinarias injustificadas.
Se omite el impacto directo que tiene la violencia institucional interna sobre la salud mental policial.
3. Insuficiencia del protocolo
El protocolo de retiro del arma y derivación médica es solo una medida de crisis, no de prevención real. Actuar cuando el policía ya está al borde del abismo no puede considerarse política preventiva, sino apenas reacción tardía.
No hay datos públicos sobre el seguimiento real de los 25 casos con intervención: ¿cuántos continuaron tratamiento? ¿Cuántos fueron sancionados por pedir ayuda?
4. Ausencia de estadísticas detalladas y falta de respuesta institucional
El pedido de informes SIE 00101-0332181-0 sigue sin respuesta, lo que contradice el principio de transparencia y participación ciudadana. El mismo gobierno que pide confianza omite información clave y silencia voces independientes.
La democracia exige que el Estado no esconda los números cuando el muerto es un servidor público.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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