Una investigación de Página/12 advierte sobre el aumento de los suicidios entre integrantes de las fuerzas de seguridad y pone el foco en factores que APROPOL viene señalando desde hace años: bajos ingresos, endeudamiento, obras sociales deterioradas, dificultades de acceso a la salud mental y una estructura institucional que muchas veces deja solo al trabajador cuando más necesita apoyo.
Una investigación publicada este 30 de agosto por Página/12, firmada por la periodista Celeste del Bianco, vuelve a colocar en discusión un problema que atraviesa desde hace tiempo a las fuerzas de seguridad: el crecimiento de los suicidios entre sus integrantes y la necesidad de analizar el fenómeno no sólo desde una perspectiva individual, sino también desde las condiciones laborales, económicas e institucionales en las que viven quienes integran esas organizaciones.
El dato que sirve como punto de partida es contundente. Según reconoció la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, durante 2025 los suicidios entre integrantes de las fuerzas federales aumentaron un 30 por ciento respecto de 2024. La funcionaria intentó enmarcar ese crecimiento dentro de una tendencia general de la sociedad, pero la nota cuestiona esa explicación porque deja en segundo plano factores específicos que afectan al personal de seguridad.
El problema no es sólo individual
Uno de los aportes centrales del trabajo de Del Bianco es mostrar que, si bien los suicidios son fenómenos multicausales y complejos, existen condiciones concretas que pueden aumentar la vulnerabilidad de policías y miembros de otras fuerzas.
El investigador del Conicet Santiago Galar, exdirector nacional de Bienestar Policial, lo plantea de manera directa al señalar que “no hay ningún tipo de duda que, en el caso de las fuerzas federales, mucho tiene que ver con las condiciones de trabajo y la falta de acceso a la salud mental”.
En esa combinación aparecen salarios insuficientes, endeudamiento, dificultades para acceder a tratamientos, obras sociales deterioradas, traslados permanentes, problemas familiares y una presión laboral que muchas veces no encuentra una estructura de contención adecuada.
Una historia que resume muchas otras
La nota reconstruye el caso de un policía federal de 59 años y tres décadas de servicio que atravesó durante meses dolores intensos en la columna sin poder acceder a una cobertura adecuada de salud.
Su familia comenzó a pagar consultas, estudios e internaciones de manera particular, utilizando tarjetas de crédito, préstamos y finalmente los ahorros destinados a los estudios universitarios de una de sus hijas.
La esposa del efectivo resumió el sentimiento de abandono con una frase que no debería pasar desapercibida: “No es justo que, después de una vida dedicada a la institución, no haya tenido la obra social”.
El caso no puede generalizarse automáticamente a todas las situaciones, pero permite comprender cómo pueden acumularse enfermedad, dolor, deterioro económico, deuda y falta de asistencia hasta generar una situación de extrema vulnerabilidad.
El endeudamiento también enferma
Otro aspecto especialmente relevante es el peso creciente de las deudas en los hogares policiales.
Galar advierte en la nota que muchos efectivos acceden a préstamos mediante mutuales y códigos de descuento que permiten cobrar directamente sobre el salario, incluso con condiciones que pueden terminar absorbiendo una parte considerable del ingreso mensual.
El investigador señala además una realidad conocida dentro de las fuerzas: muchas veces el policía posee el único recibo de sueldo formal de toda la familia, por lo que termina tomando créditos no sólo para cubrir sus propias necesidades, sino también para ayudar a hijos, padres u otros integrantes del grupo familiar.
Este punto resulta central porque el endeudamiento no puede seguir siendo analizado como una cuestión privada desconectada de la situación laboral. Cuando el salario no alcanza, la deuda se convierte en una extensión del ingreso y, con el tiempo, en otra fuente permanente de angustia.
Salud mental sin acceso real
La investigación también pone el foco en el debilitamiento de los dispositivos institucionales destinados a la prevención y a la asistencia psicológica.
Según Galar, el área de Bienestar se encuentra virtualmente desmantelada y muchas de sus funciones quedaron depositadas en las propias fuerzas, con menos recursos y herramientas.
A esto se suma otra contradicción conocida por el personal: cuando un efectivo necesita una carpeta psiquiátrica o un tratamiento prolongado puede perder adicionales y otros ingresos complementarios, lo que genera una situación paradójica en la que atender su salud puede significar empeorar todavía más su economía.
El acceso permanente a las armas
La nota también aborda un factor específico de las fuerzas de seguridad: la disponibilidad cotidiana de armas de fuego.
Según la investigación citada, la portación y presencia de armas en los hogares puede actuar como un factor facilitador en situaciones de crisis, algo que adquiere especial importancia cuando se combina con problemas económicos, familiares, laborales o de salud mental.
Ese dato obliga a pensar políticas preventivas específicas para policías y fuerzas de seguridad, porque no alcanza con trasladar mecánicamente programas diseñados para la población general.
Una realidad que también alcanza a las policías provinciales
Aunque el informe se concentra principalmente en fuerzas federales, la propia nota recoge testimonios y referencias a casos ocurridos en policías provinciales, entre ellas las de Buenos Aires y Santa Fe.
Esto confirma que estamos frente a un problema que excede una fuerza determinada y que debería ser abordado mediante políticas institucionales sostenidas, con información pública, estadísticas confiables, asistencia profesional, seguimiento de casos y mecanismos reales de prevención.
No se puede naturalizar
Uno de los puntos más fuertes de la investigación de Página/12 aparece cuando una de las familiares entrevistadas rechaza la idea de naturalizar el aumento de los suicidios como si fuera solamente parte de una tendencia general.
“Nosotros fuimos abandonados por el Estado”, afirma.
Ese reclamo debería ser escuchado por todas las conducciones políticas y policiales.
Porque reconocer que los suicidios tienen causas múltiples no significa negar que las condiciones laborales, salariales y de asistencia puedan aumentar el riesgo.
Y tampoco significa aceptar que el Estado se limite a contabilizar casos después de que ocurren.
Una discusión que Santa Fe también debe darse
Desde APROPOL venimos insistiendo en que la discusión sobre bienestar policial no puede reducirse a un gabinete psicológico ni a una línea telefónica que se activa cuando la crisis ya está instalada.
Hay que hablar de salarios, deudas, vivienda, obra social, condiciones de trabajo, jornadas, adicionales, traslados, relaciones familiares, acceso a tratamiento y acompañamiento después de los episodios críticos.
Mientras esas variables se analicen por separado, se seguirá perdiendo de vista que forman parte de una misma realidad.
La investigación de Celeste del Bianco para Página/12 aporta elementos valiosos porque devuelve al centro del debate algo que muchas veces se intenta ocultar detrás del uniforme: el policía también es un trabajador, tiene una familia, se endeuda, se enferma, atraviesa crisis y necesita un sistema institucional capaz de acompañarlo antes de que la situación llegue al límite.
El dato del aumento de los suicidios debería ser una señal de alarma.
No para producir otro protocolo que termine archivado.
Sino para revisar seriamente qué está ocurriendo dentro de las fuerzas y qué responsabilidad tienen las políticas públicas en las condiciones bajo las cuales esos trabajadores desarrollan su vida cotidiana.
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