Una suboficial aseguró que este mes recibió $102.000 por la TAP, cuando habitualmente cobraba alrededor de $204.000. Reclaman reglas claras, constancias de liquidación y un canal de respuesta efectivo. Es un caso que expone toda una tendencia que se sostiene durante años.
Un monto reducido sin explicación
Una suboficial de Policía de la provincia denunció haber percibido este mes apenas $102.000 en concepto de Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), cuando habitualmente cobraba alrededor de $204.000. La diferencia, cercana a los $90.000, no estaría vinculada —según aseguró— con licencias, carpeta médica ni otra novedad funcional que le hubiera sido comunicada.
“Depositan lo que quieren. Nadie sabe bien cuánto le corresponde a cada uno”, resumió la trabajadora, quien solicitó reserva de identidad por temor a eventuales represalias.
La comida durante el servicio no es un premio
La TAP, conocida internamente como “VigiCard”, reemplazó el suministro de comida durante las extensas jornadas de servicio. No constituye una dádiva ni un premio discrecional: procura garantizar una necesidad básica de quienes cumplen funciones operativas, muchas veces por más de ocho horas y lejos de su domicilio.
El caso expone un problema que excede la situación individual. Si un efectivo no puede conocer de antemano cuánto le corresponde, cuándo se acreditará y qué motivo respalda una eventual reducción, el sistema pierde previsibilidad y abre la puerta a una administración opaca.
Información, trazabilidad y control
La incertidumbre sobre la comida durante el servicio es también una muestra concreta del deterioro de las condiciones laborales del personal policial. Deben fijarse fechas ciertas de acreditación y criterios públicos de acceso y cálculo, con recibos o constancias que permitan identificar el monto acreditado, las deducciones y su fundamento.
La asistencia debería alcanzar, sin arbitrariedades, a todo el personal que cumpla servicios operativos prolongados. A la vez, el monto requiere actualización periódica conforme al costo real de los alimentos: una tarjeta que conserva su valor nominal mientras comer aumenta todos los meses termina convirtiéndose en una respuesta meramente simbólica.
Un reclamo que debe poder responderse
El trabajador debe poder controlar la acreditación desde su home banking y contar con un canal de reclamo efectivo, trazable y con plazos de respuesta. También corresponde una auditoría externa sobre el funcionamiento de la TAP, sus criterios de liquidación y la administración de los fondos.
No es razonable que una suboficial cobre la mitad de lo habitual sin una explicación clara, documentada y revisable. Alimentarse durante la jornada de trabajo es una condición elemental de dignidad laboral; garantizarlo con transparencia es una obligación del Estado.
Puntos de la transformación:
En este sentido venimos proponiendo una serie de medidas que apunten a:
- PREVISIBILIDAD: Depósitos en el menor plazo posible pero con una fecha tope ejemplo.
- UNIVERSALIDAD: Sin discriminaciones y que llegue a todos los que trabajan más de 8 horas.
- ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA: Que de respuesta real en un marco inflacionario en escalada.
- CONTROL DEL USUARIO: Posibilidad de auditoria en cada home banking con posibilidad de un canal de reclamos debidamente auditado y que de respuesta reales en tiempo prudencial.
- AUDITORIA: Inicio de una investigación seria al sistema (con posibilidad de auditoria externa al propio ministerio por otro órgano de contralor) que permita saber fortalezas y debilidades y transformaciones necesarias.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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