Río Grande.— El conflicto de los ex policías territoriales de Tierra del Fuego dejó de ser una discusión previsional abstracta para convertirse en una emergencia salarial que alcanza a alrededor de 540 familias.
Los retirados y pensionados denuncian que llevan más de cinco meses sin percibir de manera completa sus haberes, una situación que los obligó a volver a movilizarse y a impulsar un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.
El reclamo se sostiene desde mayo de 2025, pero en los últimos meses se agravó por la falta de pago de la parte compensatoria de los ingresos previsionales, además de deudas que incluirían el aguinaldo de 2025. Para quienes ya no se encuentran en actividad y dependen exclusivamente de esos recursos, la demora no representa un diferimiento administrativo: significa no poder afrontar alquileres, medicamentos, alimentos, servicios básicos ni obligaciones familiares.
Cinco meses sin ingresos suficientes
El suboficial mayor retirado Alfredo José Gatti, referente del sector, denunció que los afectados agotaron las instancias administrativas y de diálogo sin obtener una respuesta que normalice los pagos. Por ese motivo, los policías territoriales volvieron a marchar en Río Grande y presentaron ante la Legislatura un pedido de juicio político contra el gobernador.
Según sostienen, la Legislatura sancionó en abril las leyes 1627 y 1628 luego de conocer la documentación presentada por el sector. Los retirados cuestionan que esas normas no se estén aplicando y reclaman que se investigue la actuación del Ejecutivo provincial y de la Caja Previsional.
Una deuda que golpea a jubilados y pensionados
La gravedad del cuadro se mide en su impacto cotidiano. No se trata de trabajadores que puedan compensar temporalmente la falta de ingresos con horas extras o servicios adicionales: se trata, en gran parte, de retirados, pensionados y familias con integrantes mayores que necesitan cobrar en tiempo y forma para vivir.
Gatti afirmó que el conflicto ya dejó una marca dolorosa entre sus compañeros y recordó que cinco camaradas fallecieron durante este prolongado período de reclamos. Sin atribuir jurídicamente esas muertes al incumplimiento salarial, el dato refleja la angustia de un colectivo que siente que fue abandonado por el sistema previsional al que aportó durante años.
El Estado no puede tratar el salario ni la jubilación como una variable de ajuste. Cuando un retirado policial pasa más de cinco meses sin cobrar lo que le corresponde, no hay explicación administrativa que alcance: hay una vulneración concreta de derechos y una obligación urgente de reparar el daño.
Hacemos hincapié con el personal que presta servicio en el dto de castellanos.
Consideramos que sería necesario evaluar un recorrido que contemple localidades como Rafaela y continúe hacia el norte, pudiendo llegar hasta zonas como Villa Minetti o Gato Colorado, donde realmente se encuentran muchos de los domicilios del personal que necesita este transporte ( ya que hay mucho personal que presta servicio en Rafaela y son del Norte)
Sin embargo, con el recorrido actual, quienes terminan siendo mayormente beneficiados son aquellos efectivos que trabajan en Santa Fe mientras que gran parte del personal que impulsó el pedido continúa sin una solución efectiva.
Pretenden pagarles en tres años a cambio de renunciar a demandas
En este contexto, el Directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario elevó a la Legislatura, el 7 de septiembre, un proyecto para declarar la emergencia económica y financiera del organismo por dos años, prorrogables por otros dos. La iniciativa reconoce la existencia de prestaciones adeudadas, pero plantea cancelarlas mediante un plan de hasta 36 meses y condiciona su adhesión a la renuncia de acciones judiciales por esas deudas. Además, propone limitar el cálculo del beneficio compensatorio de los ex policías territoriales al 100% del Suplemento por Zona Desfavorable, aplicar un aporte extraordinario del 3% al resto de los beneficiarios y diferir dos meses los aumentos por movilidad. Lejos de resolver la urgencia de quienes llevan más de cinco meses sin cobrar, el proyecto abre un debate delicado: cómo sanear las cuentas de la Caja sin trasladar el costo del desequilibrio a jubilados y pensionados que ya atraviesan una situación extrema.
La respuesta de los retirados: auditoría, transparencia y pago inmediato
Como respuesta al proyecto de emergencia elevado por la Caja, familiares de policías territoriales retirados presentaron un petitorio ante la Legislatura en el que rechazan que el saneamiento financiero se construya mediante quitas, postergaciones o recálculos que reduzcan haberes ya insuficientes y adeudados. Exigen una auditoría independiente sobre el origen y la magnitud del déficit, transparencia total en el manejo de los recursos, una audiencia pública antes de cualquier tratamiento legislativo y el pago inmediato de las prestaciones pendientes. El planteo es directo: la emergencia de la Caja no puede transformarse en la emergencia de jubilados y pensionados que llevan meses sin cobrar en tiempo y forma, ni condicionar la cancelación de lo adeudado a la renuncia de acciones judiciales.
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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