Buenos Aires – La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa del exgobernador Sergio Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de prisión efectiva por negociación incompatible con la función pública y peculado.
La sentencia incluye además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras conocerse la resolución, la Fiscalía entrerriana pidió su detención inmediata, al igual que la de Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera.
El dato central es inequívoco: Sergio Urribarri deberá cumplir en prisión la pena que le fue impuesta por hechos de corrupción cometidos durante su paso por el poder provincial.
La Corte Suprema, integrada en esta decisión por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisible el recurso extraordinario de la defensa y dejó agotada la última instancia de revisión. De esta manera quedó firme la condena de ocho años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena está vinculada con delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, en el marco de cinco causas tramitadas en Entre Ríos por el desvío sistemático de fondos públicos.
Va preso por corrupto
Sergio Urribarri no irá a prisión por una cuestión formal ni por una causa menor: la condena firme es por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública. La Justicia lo encontró responsable de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de cinco causas acumuladas vinculadas con el direccionamiento y uso irregular de fondos estatales, especialmente recursos destinados a publicidad oficial. Según quedó establecido judicialmente, parte de esos fondos fue utilizada para beneficiar intereses políticos y personales, incluso en acciones destinadas a fortalecer su proyección nacional. Por esos hechos fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
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Sentencia Urribarri by Página Judicial
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La Fiscalía pidió la detención inmediata
Conocido el fallo de la Corte, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos solicitó inmediatamente que Urribarri sea detenido para comenzar a cumplir la pena.
El pedido también alcanza a Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de su gobierno, y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, ambos involucrados en la misma causa.
La resolución cierra un recorrido judicial que comenzó con la condena de primera instancia dictada el 7 de abril de 2022, posteriormente confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023. Urribarri había permanecido un breve período con prisión preventiva y recuperó la libertad en enero de 2025 por decisión del Superior Tribunal de Justicia provincial, mientras esperaba la definición de la Corte Suprema.
Ahora esa espera terminó.
Del gobierno provincial a una condena efectiva
La firmeza de la sentencia coloca al exgobernador frente a una situación completamente diferente de la que atravesó durante los años de apelaciones.
Ya no se trata de una condena recurrida ni de una responsabilidad sometida a revisión por tribunales superiores. Con la decisión de la Corte quedó agotada la instancia recursiva señalada en el expediente y la pena pasa a la etapa de cumplimiento efectivo.
El caso tiene además una dimensión institucional evidente porque Urribarri gobernó Entre Ríos y posteriormente se desempeñó como embajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández.
La imagen política resulta particularmente fuerte: quien durante años administró los recursos del Estado provincial deberá ahora cumplir una pena de prisión por delitos vinculados precisamente con el manejo indebido de esos recursos.
Un nombre que la familia policial entrerriana recuerda especialmente
Para numerosos policías entrerrianos, Urribarri no es solamente un exgobernador condenado por corrupción. Su nombre está directamente asociado con uno de los conflictos más duros de la historia reciente de la fuerza: la protesta policial de diciembre de 2013.
Durante aquel conflicto, iniciado principalmente en Concordia en reclamo de mejoras salariales, Urribarri calificó la protesta como una acción de “sedición” y sostuvo públicamente que existía “instigación política”. También afirmó que quienes protagonizaban el reclamo eran alrededor de cincuenta suboficiales, muchos de ellos con “malísimos antecedentes”, y aseguró que no negociaría con ellos.
Los trabajadores reclamaban entonces una mejora salarial que llevaba el básico a 10.000 pesos, en un contexto de protestas policiales que se extendían por distintas provincias del país. En Entre Ríos, la crisis coincidió con saqueos y graves incidentes en Concordia, donde murió una persona y hubo numerosos heridos.
Urribarri sostuvo que la protesta policial configuraba un delito contra el sistema democrático y reiteró que la situación era demasiado grave como para negociar con los agentes involucrados.
Posteriormente, numerosos policías enfrentaron investigaciones, sanciones, condenas y exoneraciones derivadas de aquel conflicto.
Las vueltas de la historia
Ese antecedente inevitablemente vuelve a la memoria al conocerse ahora que la máxima instancia judicial dejó firme una condena contra quien entonces ocupaba la Gobernación.
No corresponde mezclar jurídicamente ambos episodios, porque se trata de hechos completamente diferentes y de responsabilidades que nada tienen que ver entre sí. La condena actual de Urribarri no guarda relación con la protesta policial de 2013.
Pero existe una dimensión histórica y política imposible de ignorar.
En aquellos días, Urribarri utilizó palabras extremadamente severas para describir a trabajadores policiales que reclamaban mejoras salariales, habló de sedición, cuestionó sus antecedentes y manifestó que no negociaría con ellos.
Trece años después, es el propio exgobernador quien deberá ingresar a prisión como consecuencia de una condena firme por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
La condena que finalmente quedó firme
La importancia del fallo está precisamente allí.
Durante años, Urribarri transitó distintas instancias de revisión judicial y ejerció plenamente su derecho de defensa. La condena inicial fue revisada, confirmada y finalmente llegó hasta la Corte Suprema.
Ahora la última instancia concluyó.
Eso marca una diferencia central con tantas situaciones en las que una persona es presentada públicamente como culpable antes de que el proceso judicial termine. En este caso hubo condena, revisión y decisión de la máxima instancia judicial.
Por eso hoy el título no necesita demasiadas vueltas:
Sergio Urribarri va a la cárcel.
Y para buena parte de la familia policial entrerriana, que todavía recuerda las consecuencias del conflicto de 2013, la noticia probablemente tenga además un significado que excede ampliamente el expediente por corrupción.
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