Por Alberto Rubén Martínez (*)
En la provincia de Santa Fe, la caída del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, condenado por su vinculación con el narcotráfico, no fue una excepción ni una desviación inesperada: fue la primera grieta visible de un sistema de poder compartido entre la dirigencia política y las conducciones policiales que esa misma dirigencia eligió, sostuvo y protegió. Desde entonces, la historia se repitió con distintos nombres, pero con una lógica constante: los gobiernos no fueron ajenos a lo que ocurría en la policía; fueron socios políticos de sus propias conducciones.
La causa D4, que terminó con la condena de los ex jefes policiales Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau por asociación ilícita y defraudación agravada contra la administración pública, expuso con crudeza ese entramado. Ambos (según la justicia) encabezaron una organización criminal que simulaba reparaciones y compras de repuestos inexistentes para móviles oficiales, desviando más de 250 millones de pesos del Estado. No se trató de errores administrativos ni de “manzanas podridas”: fue corrupción estructural desde la cúpula, ejercida por funcionarios que no solo fueron nombrados por el poder político, sino que respondieron políticamente a él.
Las condenas llegaron tarde, pero dejaron al descubierto una verdad incómoda: ninguna conducción policial de ese nivel opera en soledad. Odriozola y Grau no llegaron ni permanecieron en sus cargos por azar. Fueron designados, ratificados y respaldados por gobiernos provinciales que compartieron un mismo signo político: Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y, en su etapa ministerial, Maximiliano Pullaro. Cada uno, con distintos discursos, fue parte de una misma cadena de responsabilidad. Agreguemos a uno de los peores etapas a cargo de Omar Perotti (Partido Justicialista).
TODOS SE HICIERON LOS BOLUDOS. Hermes Binner: 2007–2011, Antonio Bonfatti: 2011–2015, Miguel Lifschitz: 2015–2019, Omar Perotti (PJ): 2019–2023, Maximiliano Pullaro: desde diciembre de 2023 hasta hoy (2025).
Durante esas gestiones, la relación entre el poder civil y la policía no fue de control democrático, sino de asociación funcional. La política delegó poder, recursos y discrecionalidad; la policía garantizó gobernabilidad, orden aparente y ejecución sin preguntas incómodas. Esa es la verdadera sociedad: la política necesitó a esas conducciones tanto como esas conducciones necesitaron cobertura política.
Allí opera con claridad la lógica del FOCO y la VARA.
El FOCO nunca estuvo puesto en auditar a fondo a las cúpulas policiales propias, sino en señalar selectivamente a algunos actores cuando el escándalo ya era inevitable.
La VARA no midió legalidad ni transparencia, sino lealtad y obediencia política. Mientras las conducciones cumplieran con los objetivos del poder —control territorial, gestión del conflicto, firma de licitaciones, ejecución presupuestaria—, el control real brilló por su ausencia.
En ese esquema se inscribe el rol de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad. Lejos de romper con esta matriz, su gestión profundizó la lógica: desplazar a policías “incómodos” y consolidar cuadros políticamente confiables, capaces de firmar cada decisión administrativa sin cuestionar el sistema. Las compras, licitaciones y manejos presupuestarios de esos años siguen, llamativamente, fuera del radar de las investigaciones judiciales. No dejemos en el olvido las causas donde lo blindaron pero que aparecía en escuchas judiciales protegiendo a sus operadores policiales u otras ofreciendo sus gestiones para acomodarlos en concursos de ascensos.
La seguidilla de jefes policiales condenados no revela una policía indisciplinada: revela una dirigencia política que gobernó en sociedad con esas conducciones. La falta de controles no fue ingenuidad; fue conveniencia. La ausencia de autocrítica no es olvido; es complicidad retrospectiva.
Por eso, cuando hoy se habla de crisis de seguridad, de desconfianza social o de fuerzas degradadas, la pregunta no puede seguir eludiéndose: ¿qué responsabilidad asumen los gobiernos que nombraron, sostuvieron y protegieron a jefes policiales hoy condenados?
Gobernar no es solo elegir jefes. Gobernar es hacerse cargo de ellos. Y en Santa Fe, durante más de una década, esa responsabilidad fue sistemáticamente eludida por los mismos actores políticos.
Nota relacionada:
Confirmaron las condenas a los exjefes policiales Omar Odriozola y Rafael Grau
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)
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