Trapitos: gobernar entre el orden y la inclusión

Trapitos: gobernar entre el orden y la inclusión
Martín señaló que «No hay que prohibir a los trapitos, sino que se los debe ordenar». (Alan Monzón / Rosario3)

El debate sobre los cuidacoches —los llamados “trapitos”— volvió a instalarse con fuerza en Rosario. Y, como ocurre casi siempre, lo hizo mal planteado: reducido a una falsa opción entre prohibir o tolerar.

Por Alberto Rubén Martínez (*)

De un lado, quienes creen que el problema se resuelve con más castigo. Del otro, quienes advierten —con razón— que no se puede criminalizar la pobreza. En el medio, una realidad más compleja que no admite simplificaciones.

En ese contexto, la voz del arzobispo Eduardo Martín introduce un elemento necesario: rechazar la prohibición como respuesta automática y recordar que detrás del fenómeno hay personas en situación de vulnerabilidad. Es una mirada que aporta humanidad al debate y que resulta imprescindible en cualquier política pública seria. (ver nota La Capital)

Pero no alcanza.

Porque el problema no es solo social. Es también institucional. Y ahí es donde el debate empieza a desordenarse.

Un análisis más riguroso muestra que no existe ningún vacío legal. Cuando hay amenazas, daños o extorsión, el derecho penal ya tiene herramientas suficientes. No hace falta inventar nuevos delitos ni sobreactuar dureza. Hace falta, algo bastante más difícil: hacer funcionar lo que ya existe.

Esto obliga a una distinción básica que muchas veces se omite: no es lo mismo una conducta delictiva que una actividad informal. Confundir ambas cosas no solo es un error técnico; es el primer paso hacia respuestas arbitrarias, donde se termina persiguiendo a las personas por lo que son y no por lo que hacen.

Ahora bien, reconocer la dimensión social del fenómeno no implica aceptar cualquier forma de ocupación del espacio público. Cuando el Estado se retira o actúa con ambigüedad, ese espacio deja de ser común y pasa a regirse por reglas informales, donde la presión reemplaza a la norma.

Y ahí el problema deja de ser social para convertirse en un problema de convivencia.

Por eso, la discusión no debería plantearse en términos de “orden o inclusión”, sino en términos de cómo articular ambos sin que uno anule al otro.

El camino es más exigente, pero también más serio: sancionar conductas concretas —no identidades—, regular el uso del espacio público con criterios claros y, al mismo tiempo, generar alternativas reales para quienes hoy sobreviven en la informalidad.

Ni la prohibición total ni la tolerancia sin reglas han demostrado funcionar. Una desplaza el problema. La otra lo consolida.

La única salida razonable es una combinación inteligente.

Porque hay algo que conviene dejar claro: la inclusión no puede ser excusa para el desorden. Y el orden no puede construirse ignorando la realidad social.

Cuando se olvida lo primero, el conflicto se instala. Cuando se ignora lo segundo, el conflicto vuelve.

Gobernar es evitar ambos errores.

«Quien quiera oír que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).

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