Tucumán: policías denuncian que llevan dos meses sin cobrar servicios adicionales

Efectivos de la Policía provincial aseguran que cumplieron los servicios, firmaron las planillas correspondientes y todavía no recibieron el pago. El reclamo fue difundido por Azules por Siempre, que exige explicaciones sobre el circuito administrativo y una fecha concreta de regularización.

Un grupo de efectivos de la Policía de Tucumán viene denunciando una situación que, de confirmarse en los términos planteados, requiere una respuesta inmediata de las autoridades: aseguran que llevan aproximadamente dos meses sin cobrar servicios adicionales ya prestados, particularmente servicios de cancha.

La información fue difundida por Azules por Siempre, espacio que recogió el reclamo de policías que afirman haber cumplido las tareas asignadas y firmado las planillas correspondientes, sin que hasta el momento los importes hayan sido acreditados en sus cuentas.

El punto central no debería perderse detrás de especulaciones o acusaciones que todavía no cuentan con respaldo documental suficiente. Si los efectivos trabajaron, los servicios fueron registrados y la documentación administrativa fue presentada, el Estado tiene la obligación de explicar por qué el dinero todavía no fue pagado y cuándo será efectivamente depositado.

Dos meses de demora exigen una explicación

El reclamo resulta especialmente grave porque no se trataría de una demora de algunos días ni de una liquidación reciente todavía en proceso, sino de aproximadamente dos meses sin novedades claras para el personal.

Según lo difundido por Azules por Siempre, el mecanismo denunciado sería reiterado: los efectivos son convocados, cumplen el servicio, firman la documentación correspondiente y luego esperan un pago que no llega.

Frente a esa situación, corresponde evitar dos extremos igualmente inconvenientes. No es serio afirmar, sin pruebas, que alguien se apropió de los fondos o que existe necesariamente una maniobra de corrupción. Pero tampoco resulta aceptable reducir el problema a una simple demora administrativa sin ofrecer información verificable sobre el estado de las liquidaciones.

Después de dos meses, la explicación ya no puede limitarse a un “está en trámite”.

¿Dónde está detenido el pago?

La pregunta que deben responder las autoridades es concreta: en qué etapa del circuito administrativo se encuentran esos fondos.

Debe saberse si las planillas correspondientes fueron presentadas correctamente, si fueron certificadas, si ya se ordenó la liquidación, si el dinero fue transferido al organismo responsable del pago y, fundamentalmente, cuál es la fecha prevista para que los efectivos perciban finalmente lo adeudado.

Si el problema es exclusivamente administrativo, corresponde identificarlo y solucionarlo. Si existe un atraso presupuestario, debe informarse. Y si durante la revisión del circuito apareciera alguna irregularidad, entonces corresponderá investigar y determinar responsabilidades.

Lo que no resulta razonable es que el trabajador permanezca sin cobrar y, al mismo tiempo, sin saber qué ocurrió con una remuneración correspondiente a tareas que ya realizó.

No es un beneficio: es trabajo realizado

Los servicios adicionales suelen ser presentados como una actividad complementaria al salario habitual, pero esa denominación no modifica su naturaleza: son horas efectivamente trabajadas.

El policía que concurre a un estadio, espectáculo u operativo adicional compromete tiempo, asume responsabilidades funcionales y queda sometido a las mismas obligaciones profesionales que durante cualquier otro servicio.

Por esa razón, el carácter “adicional” del servicio no habilita a convertir su remuneración en un pago de fecha incierta.

Los trabajadores policiales tienen alquileres, alimentos, servicios, deudas y obligaciones familiares como cualquier otro trabajador. Si aceptan o son afectados a tareas adicionales contando con una remuneración determinada, resulta elemental que puedan prever cuándo percibirán ese dinero.

La transparencia también protege a la institución

Hay además una razón institucional para que el Gobierno y la conducción policial aclaren rápidamente la situación.

Cuando transcurren semanas sin información, comienzan inevitablemente las sospechas sobre el destino de los fondos. Precisamente por eso, la mejor forma de evitar versiones, rumores y acusaciones sin sustento es transparentar el circuito completo del pago.

No hacen falta comunicados ambiguos. Hace falta información sencilla: cuántos servicios permanecen pendientes, qué períodos abarcan, qué montos fueron liquidados, en qué dependencia se encuentra actualmente el trámite y cuándo se acreditará el dinero.

La transparencia no perjudica a la administración. La protege.

Un reclamo laboral elemental

Desde Azules por Siempre sintetizaron el planteo de una manera difícil de discutir: los efectivos no están reclamando un premio ni una concesión extraordinaria, sino el pago de un trabajo que aseguran haber realizado.

Por eso, más allá de cualquier investigación que eventualmente pudiera corresponder, existe una obligación inmediata que no admite demasiadas interpretaciones: las autoridades deben responder públicamente y regularizar los pagos pendientes.

Dos meses sin cobrar un servicio efectivamente prestado constituyen un plazo suficientemente extenso como para que el personal tenga derecho a exigir explicaciones precisas.

Mientras esas respuestas no aparezcan, la pregunta seguirá abierta:

si los servicios fueron realizados, las planillas fueron firmadas y los policías cumplieron con su parte, ¿por qué todavía no cobraron?

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.