
El comisario que ahora se presenta como “arrepentido” manejó durante más de una década el sistema de combustible de la policía rosarina. Vive en una casa valuada en unos 200 mil dólares, tiene una camioneta de alta gama y le encontraron otros 50 mil dólares en efectivo. ¿Solo con el sueldo policial?
Por Rubén Pombo (*)
El hombre del garage que siempre estuvo
En los papeles, Gerardo Fabián Ramírez es “imputado colaborador”, una figura jurídica que lo coloca del lado de quienes “ayudan” a la Justicia a reconstruir el funcionamiento de una presunta asociación ilícita montada alrededor del combustible policial en Rosario.
Pero hay un dato que desarma la imagen de funcionario ingenuo que “recién ahora se da cuenta” de cómo funcionaba el sistema:
Ramírez está ligado al manejo del combustible desde 2011.
Más de catorce años vinculado al mismo engranaje, con breves pasos por otros destinos, pero siempre orbitando en el mismo núcleo duro: el garage, las tarjetas, los litros cargados, las planillas, los pagos a estaciones de servicio. No es un actor lateral: es un operador histórico.
En criollo: si alguien sabía cómo funcionaba el negocio del combustible en la Policía de Rosario, ese alguien era Ramírez. Presentarlo solo como “víctima de presiones” o como un espectador tardíamente arrepentido no resiste el menor análisis.
El «giro colaborador»
El giro de Ramírez hacia la figura del “arrepentido” no fue espontáneo ni moral, fue procesal. El 5 de mayo de 2025 cayó preso junto con otros implicados y, tras la apelación de agosto, todos recuperaron la libertad menos Domínguez, Ramírez y Villordo. Recién entonces apareció la carta del colaborador: según reconstruyen fuentes del caso, su abogado Ferreyra negoció y el 28 declaró ante el juez Pérez de Urrechu y, a instancias del fiscal Caterina, obtuvo la libertad al día siguiente. No fue gratis: una semana después, sus dichos detonaron una nueva oleada de allanamientos y medidas, esta vez dirigidas por lo que Ramírez había contado desde el otro lado del mostrador.
Lo que contó
Cuando pidió ser aceptado como imputado colaborador, Ramírez no solo habló: reconstruyó la cocina del negocio. Dijo que fue convocado por el entonces jefe de la UR II, Daniel Acosta, y por su secretario privado, Rodrigo Domínguez, quienes le plantearon “la posibilidad de hacer dinero con las cargas de combustible” a través de una estación de servicio determinada. Señaló que la idea técnica de sobrefacturar “dos o tres litros por móvil” habría sido del subinspector Sergio López y que todo se hacía con el aval de Acosta. También describió una ronda de reuniones con jefes de cuerpos —Comando, Motorizada, CGI, BOU y otros— donde, según su versión, se les dejó en claro que, si querían seguir en sus cargos, tenían que acomodarse al nuevo esquema. Es decir: no habló de un desvío aislado, habló de un sistema armado desde la cúpula, del que él mismo fue pieza central durante años.
Los señalados
1. Cúpula de la organización (según su propio relato)
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Daniel Acosta – Jefe de la Unidad Regional II. Lo señala como quien lo llama, lo repone en Garage y autoriza la maniobra para “hacer dinero con las cargas de combustible”.
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Rodrigo Domínguez – entonces secretario privado / jefe de la privada de Acosta. Lo presenta como intermediario clave: lo convoca, le propone volver al Garage, coordina reuniones con jefes y, después, como recolector del dinero quincenal de la estación Tiferno.
2. Ideólogo técnico del sistema de sobrefacturación
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Subinspector Sergio López – administrador del Comando Radioeléctrico. Ramírez le atribuye la idea concreta de sobrefacturar “dos o tres litros por móvil” en cada carga.
3. Jefes de secciones que –según Ramírez– aceptan “generar dinero y subirlo”
Ramírez dice expresamente que fueron convocados por Acosta/Domínguez, se les planteó la “propuesta” y todos accedieron:
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Diego Santamaría – Jefe del Comando Radioeléctrico.
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Héctor Saucedo – Comisario, Jefe de Motorizada.
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Leonardo Garbuglia – Comisario, Jefe de la Guardia de Infantería (CGI).
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Diego Luna – Subcomisario, luego Jefe de CGI tras Garbuglia.
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Ricardo López – Subcomisario, Jefe del BOU (Brigada de Orden Urbano).
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Juan Pablo Pigozzi – Comisario, Jefe del BOU después de Ricardo López.
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Damián Martín – Subcomisario, Jefe de la Sección Perros.
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Adrián Bhal – Comisario, Jefe de la Sección Perros después de Martín.
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Fabián Fantín – Subcomisario, también Jefe de la Sección Perros en una etapa posterior.
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“Becerra” – jefe del GTM cuando el grupo se independiza del Comando.
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Fernando Ceballos – administrador del GTM, quien manejaba el pago con tarjetas Visa Flota.
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Roberto Blanco – Comisario Supervisor, Jefe de Logística, con un esquema propio de pago quincenal.
4. Encargados de carga y habilitado
Además de los jefes, Ramírez apunta a quienes movían plástico y papeles:
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Delgado – encargado de carga de Logística (a cargo de las tarjetas y cargas de esa área).
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Bazán – encargado de carga de tres móviles específicos; según Ramírez, recibía un porcentaje de la recaudación de esos vehículos.
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Ernesto Chamorro – habilitado (área de finanzas); Ramírez dice que “tenía conocimiento de todo esto”.
5. Titulares de móviles con recaudación compartida
En un tramo puntual de su declaración (que después la Fiscalía usa para pedir allanamientos), Ramírez describe tres móviles cuya recaudación se repartía así:
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Rodrigo Domínguez – se llevaba el porcentaje mayor.
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Roldán, Sandoval y Cuesta – destinatarios de esos vehículos, que recibían una parte de la recaudación de cada móvil.
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Bazán – como dije arriba, el encargado de carga, que tomaba un porcentaje menor.
Casa en dólares, sueldo en pesos
El otro frente incómodo para el “arrepentido” es su patrimonio.
De acuerdo a la información relevada por este medio, Ramírez:
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Reside en una vivienda de alto estándar en la localidad de Pueblo Esther, con una valuación aproximada de 200.000 dólares.
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Es propietario de una camioneta Ford de alta gama, valuada en el orden de los 50.000 dólares.
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En un allanamiento, se habrían secuestrado en su domicilio alrededor de 50.000 dólares en efectivo.
Cualquier trabajador estatal sabe lo que significa hacer rendir un sueldo en pesos, licuado por la inflación y con paritarias siempre corriendo de atrás. Un comisario supervisor no está entre los peores salarios del Estado, pero tampoco en la liga de los que pueden comprar propiedades en dólares, camionetas de lujo y acumular decenas de miles de billetes estadounidenses en efectivo… si solo dependen de su haber mensual.
DETALLE: Ya en 2023 según Google Maps la finca estaba igual que ahora en 2023.

REFERENCIA. Se vende una casa contigua con solo un dormitorio a U$S 138.000.

La pregunta es obvia y no necesita demasiada sofisticación contable: ¿Cómo se sostiene ese nivel de vida con un salario policial?
Si hay herencias, actividades comerciales declaradas, sociedades, inversiones formales, será cuestión de que se exhiban. Mientras eso no ocurra, lo que se ve es un clásico caso donde la matemática del patrimonio no cierra ni con calculadora científica.
El arrepentido que no puede decir “yo no sabía”
Ramírez intentó acogerse a la figura de imputado colaborador describiendo cómo se habrían armado los mecanismos para “hacer plata” con las cargas de combustible: sobrefacturación de litros, concentración de tarjetas, facturación sin contraprestación real, presiones sobre jefes de unidades para que se plegaran al sistema.
Ese relato es valioso para la investigación, pero al mismo tiempo lo deja expuesto:
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Porque él no aparece como recién llegado, sino como pieza estable del circuito desde hace más de una década.
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Porque justamente su rol histórico en el garage lo convierte en garante operativo de lo que ahora denuncia.
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Porque la dimensión de su patrimonio personal agrega una capa de sospecha que no se borra con un par de declaraciones.
El problema de Ramírez no es solo penal, es de credibilidad: es muy difícil presentarse como “colaborador” cuando uno estuvo sentado catorce años en la mesa donde se cortaba la torta.
Más que un caso individual
El caso Ramírez también deja una enseñanza incómoda hacia arriba y hacia abajo en la cadena de mando:
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Hacia arriba, porque muestra cómo se puede armar, sostener y naturalizar durante años un sistema paralelo de recaudación bajo la fachada de procedimientos administrativos y rutinas logísticas.
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Hacia abajo, porque la bronca cotidiana siempre termina cayendo sobre el agente de calle, mientras los grandes circuitos de dinero se gestionan entre oficinas, firmas, sellos y contratos con proveedores “amigos”.
¿Y la política?
Hay un punto que ningún gobierno puede esquivar: un esquema de combustible que mueve millones de pesos durante más de una década, con los mismos nombres en los mismos lugares clave, no pasa desapercibido para la conducción política de turno. No hablamos de un kiosco de barrio, hablamos de partidas oficiales, órdenes de pago, contratos con estaciones de servicio, firmas, auditorías y rendiciones que suben por la cadena administrativa. Si Ramírez estuvo catorce años manejando ese circuito, bajo distintas gestiones y colores partidarios, la hipótesis de que “nadie arriba sabía” se vuelve insostenible. Lo que hubo, como mínimo, fue una combinación de vista gorda, beneficio político indirecto y una decidida voluntad de no preguntar demasiado de dónde salía el combustible… ni a dónde iba la plata que sobraba.
Que Ramírez hable puede ayudar a reconstruir la trama.
Que se investigue de verdad su patrimonio, y el de todos los que estuvieron en esa misma cadena, sería una señal mucho más clara de que esta vez no se va a buscar un par de chivos expiatorios para salvar estructuras que vienen funcionando hace años.
Por ahora, lo único seguro es esto: el arrepentido de lujo no puede decir que no sabía. Y su patrimonio, tampoco.
PD: Mira cuando investiguen SPA, OSPES y la «Joyita de la Corona»????
La imputación fiscal
Imputativa Combustible – Asoc Ilícita y Otros by Apropol Noticias
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APROPOL Noticias
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

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