
La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Vera que anuló la prisión preventiva del fiscal suspendido Leandro Benegas volvió a poner en discusión un tema incómodo pero necesario: la desigualdad en la aplicación de garantías procesales según quién sea el imputado.
Por Marcos Anglada (*)
Mientras la Justicia actuó con rapidez para corregir irregularidades en su caso, numerosos antecedentes denuncian que policías atravesaron procesos mucho más largos y con menor protección de sus derechos.
Un fallo rápido ante la vulneración de garantías
La Cámara fue contundente al declarar la nulidad parcial del proceso que mantenía detenido a Benegas. El argumento central fue claro: se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso.
Entre las irregularidades señaladas:
- Falta de acceso previo de la defensa al legajo
- Discusión de la prisión preventiva sin estar prevista en la audiencia
- Imposibilidad de controlar la prueba
- Violación del plazo legal mínimo para preparar la defensa
El juez entendió que el imputado no estaba en condiciones reales de defenderse, configurándose un estado de indefensión técnica .
La consecuencia fue inmediata: nulidad de la medida y recuperación de la libertad.
El contraste: denuncias de policías que no tuvieron el mismo tratamiento
Este mismo fiscal había sido denunciado en reiteradas oportunidades por personal policial por presunto:
- armado de causas
- extorsión
- abuso de autoridad
- detenciones arbitrarias
Según esos antecedentes, los procesos no tuvieron la misma velocidad ni el mismo nivel de revisión judicial.
Aquí surge el punto central: ¿por qué irregularidades procesales similares no generaron respuestas igual de rápidas en esos casos?
Protección institucional y tiempos distintos
El recorrido del caso Benegas también expone diferencias estructurales:
- No fue detenido inicialmente pese a la gravedad del delito
- Se requirió intervención legislativa para su suspensión
- Recién luego se efectivizó la detención
En cambio, en situaciones que involucran a policías:
- las detenciones suelen ser inmediatas
- las preventivas se prolongan en el tiempo
- las revisiones judiciales pueden demorar años
Esto no implica que el fallo de Cámara sea incorrecto, por el contrario: es jurídicamente sólido.
El problema aparece cuando ese mismo estándar no se aplica de manera uniforme.
Las garantías no son privilegios
El caso deja una enseñanza central que no debería prestarse a confusión:
- Está bien que se respeten las garantías constitucionales
- Está bien que se anulen procesos viciados
- Está bien que se corrijan abusos
Pero eso debe valer para todos.
Las garantías no pueden ser un privilegio de quien conoce o integra el sistema.
Una discusión pendiente: igualdad real ante la ley
Lo que este caso expone no es solo la situación de un fiscal, sino una deuda estructural del sistema judicial:
- Diferencias en el acceso a la defensa técnica
- Distintos tiempos de reacción institucional
- Mayor rigor en algunos casos que en otros
La igualdad ante la ley no se declama: se verifica en cómo el sistema trata a cada imputado.
Cuando la Justicia es rápida para unos y lenta para otros
El caso Benegas demuestra que el sistema puede funcionar con precisión cuando detecta violaciones al debido proceso. La pregunta que queda abierta es otra: ¿por qué esa misma precisión no aparece siempre cuando los imputados son policías u otros ciudadanos sin el mismo nivel de protección institucional?
Ahí es donde la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser profundamente política e institucional. Porque sin igualdad real ante la ley, la Justicia corre el riesgo de convertirse en algo selectivo.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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