El ex policía rionegrino Rubén Muñoz, conocido por encabezar durante años reclamos salariales y laborales dentro de la fuerza, atraviesa hoy una situación que vuelve a encender alarmas sobre la criminalización de la protesta social en la Argentina.
“Lo querían preso”
Muñoz se convirtió hace años en una de las voces más visibles del reclamo policial rionegrino. Denunció públicamente:
- bajos salarios,
- descuentos indebidos,
- precarización laboral,
- falta de equipamiento,
- chalecos vencidos,
- y la inexistencia de representación sindical para el personal policial.
Su figura generó fuertes tensiones con distintos gobiernos provinciales y sectores del poder político.
Según su defensa, la prisión efectiva aplicada recientemente no puede analizarse aislada del contexto político y gremial.
“Había posibilidades de otro desenlace, pero lo querían preso”, sostuvo Carrasco al cuestionar la rapidez con que se revocó el beneficio de la condena en suspenso.
Aislamiento y sanciones
Las denuncias más graves apuntan ahora al régimen interno de detención.
De acuerdo a la entrevista difundida públicamente, Muñoz habría permanecido durante semanas bajo un sistema de aislamiento de hasta 22 y 23 horas diarias.
“La regla Mandela dice que no puede aplicarse aislamiento por más de 15 días”, explicó Carrasco en referencia a las normas internacionales de Naciones Unidas sobre tratamiento de personas privadas de libertad.
La defensa también denunció:
- retiro de la cama y obligación de dormir sobre un colchón en el piso,
- restricciones para acceder a radio o elementos básicos,
- expedientes disciplinarios permanentes,
- demoras en la medicación psiquiátrica,
- y limitaciones al contacto con otros internos.
“Todo apunta a quebrarlo psicológicamente”, aseguró el abogado.
“Ser policía no deja de ser ser trabajador”
La entrevista dejó además una definición de fondo que explica el núcleo del conflicto.
“Ser policía no significa dejar de ser trabajador”, afirmó Carrasco, al sostener que la situación de Muñoz refleja la ausencia histórica de derechos laborales plenos dentro de las fuerzas de seguridad.
Durante años, Muñoz denunció públicamente que muchos efectivos deben:
- comprar sus propios uniformes,
- costear chalecos antibalas,
- realizar adicionales y changas para sobrevivir,
- o trabajar agotados por salarios insuficientes.
El temor al efecto disciplinador
Dentro del ámbito policial y penitenciario, el caso ya genera preocupación por el mensaje que podría dejar hacia otros efectivos que pretendan reclamar.
Porque para muchos trabajadores de la seguridad, el caso Muñoz marca un cambio de etapa:
de las sanciones administrativas y cesantías a la judicialización y el encarcelamiento.
Y esa percepción aparece cada vez con más fuerza entre quienes observan que el conflicto excede largamente una causa judicial.
Lo que está en discusión es si un policía puede reclamar derechos laborales sin exponerse a represalias políticas, judiciales y penitenciarias.
Por eso, más allá del expediente, el caso Muñoz ya se transformó en un símbolo incómodo de una discusión que la política argentina todavía evita dar abiertamente:
la situación laboral, sindical y humana del trabajador policial.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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