Un policía solo frente a la Justicia

El 13% del personal de seguridad santafesino está procesado. ¿Quién cuida al que cuida?

Por el Lic. Luis Miranda (*)

Celebro y respaldo el valioso aporte del Lic. Alberto Martínez en su artículo publicado por APROPOL, donde denuncia con crudeza, pero con total veracidad, una de las problemáticas más graves que atraviesa la seguridad pública en la provincia de Santa Fe: uno de cada ocho policías se encuentra procesado por la justicia.

SANTA FE: Uno de cada ocho policías está procesado por la justicia

Este dato, que debería encender todas las alarmas institucionales, pareciera ser aceptado con una pasmosa naturalidad por quienes gobiernan y por un sector del poder judicial que, lejos de garantizar justicia, reproduce una lógica inquisitiva contra quienes visten uniforme.

Las causas profundas de esta lamentable situación deben buscarse en una estructura estatal que ha optado por la solución más fácil y demagógica: judicializar y procesar sistemáticamente a sus policías, desentendiéndose de su defensa jurídica y de su respaldo institucional. Así, el gobierno de Santa Fe se sacude toda responsabilidad política, cede a las presiones mediáticas y de ciertos sectores ideologizados, y lanza a sus propias fuerzas de seguridad al escarnio público, muchas veces sin pruebas, sin debido proceso, y sin ninguna voluntad de acompañamiento.

A ello se suma un sector del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Poder Judicial que, ante cualquier denuncia contra un uniformado —incluso en situaciones de intervención legítima o de cumplimiento del deber—, actúa con premura y rigor inusitados, disponiendo detenciones preventivas, embargos, apartamientos y medidas que no se aplican con la misma severidad cuando se trata de delincuentes reincidentes, narcotraficantes o bandas organizadas. Esta doble vara no solo es injusta, sino que resulta devastadora para la moral del personal policial y penitenciario.

El desánimo entre los efectivos es creciente. Se sienten solos, abandonados, vulnerables. Saben que una actuación en la calle —aun correcta y legal— puede convertirse en una causa penal, en una mancha en su legajo, en un calvario para su familia. Esto desincentiva la vocación, aleja a los jóvenes del servicio público, mina la confianza interna en las instituciones y empuja a muchos buenos agentes a retirarse o a “bajar los brazos”, buscando preservar su libertad y su dignidad personal.

Lo más grave es que existen causas armadas, donde algunos miembros de la propia Justicia han sido funcionales a intereses espurios, tergiversando hechos, omitiendo pruebas exculpatorias, o basándose exclusivamente en el testimonio de delincuentes para iniciar procesos contra efectivos sin la más mínima objetividad. Las consecuencias son irreparables: familias destruidas, carreras truncadas, daño psicológico y emocional, descrédito institucional y un rechazo cada vez más visible de parte de la sociedad hacia quienes, paradójicamente, se juegan la vida por protegerla.

Por todo ello, se hace imperiosa la creación de una Defensoría del Policía, un órgano autónomo que defienda y represente los derechos humanos, laborales y judiciales de los efectivos frente a los abusos del sistema. Del mismo modo, urge el reconocimiento y la regulación del derecho a la libertad sindical para los trabajadores uniformados, tal como lo establece el Convenio 87 de la OIT, la Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH y diversas experiencias internacionales. Esta libertad debe ser plena, con la única limitación del derecho a huelga, entendiendo que la seguridad es un servicio esencial cuya continuidad no puede ser interrumpida.

Como sociedad, debemos asumir una verdad ineludible: sin policía no hay Estado, sin respaldo no hay seguridad, y sin justicia no hay paz social. Un 13,15% del personal policial y penitenciario procesado no es sólo un dato estadístico. Es el grito silenciado de una fuerza que pide auxilio, que merece respeto, garantías y una comunidad que la acompañe en vez de condenarla sin juicio.

Porque un policía solo, frente al delito, es un ciudadano abandonado por el Estado. Pero un policía acompañado por la ley, por su institución y por su pueblo, es la garantía viviente de nuestra libertad.

(*) Licenciado en Seguridad. Secretario General de la FASIPP y la CTPPL

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