La ley está. El sistema también. Pero el control, no.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Santa Fe es hoy la primera provincia del país con un sistema legal de inteligencia criminal propio. Lo que no tiene –ni parece tener en el corto plazo– es el órgano de control democrático que debería velar por su funcionamiento: la comisión bicameral legislativa que la propia ley exige para evitar abusos.
Y eso no es un detalle menor. En una provincia donde todavía no se ha investigado ni juzgado a fondo el escándalo que significó la gestión del exministro Marcelo Sain –con espionaje interno, escuchas ilegales, causas que no avanzan y una sociedad civil completamente marginada del seguimiento institucional–, abrir una nueva etapa sin controles reales es una temeridad institucional de proporciones históricas.
La ley existe, pero la Legislatura se borra
La Ley 14.246/2023, sancionada en diciembre pasado, creó el “Sistema de Producción y Gestión de Información para la Prevención del Delito”, con tres áreas clave: Inteligencia Criminal, Información Patrimonial y una Central de Operaciones Especiales (CIOPE). Todo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni.
El texto legal es explícito: el control del sistema debe ser ejercido por una comisión bicameral integrada por diputados y senadores, con acceso a informes reservados y potestad de fiscalizar el uso de fondos, la legalidad de los procedimientos y el respeto a los derechos humanos.
Pero a más de cinco meses de su promulgación, esa comisión no fue conformada. La Legislatura, en lugar de ejercer un contrapeso, actúa como una simple escribanía del Ejecutivo: convalida, autoriza, pero no controla.
Y cuando no hay control, lo que hay es poder concentrado. En este caso, poder para vigilar.
Espías con fondos reservados y sin contrapeso institucional
La ley faculta a los agentes de CIOPE a utilizar herramientas extraordinarias: seguimientos, agentes encubiertos, entregas controladas, sin obligación de denuncia previa y con financiamiento mediante fondos reservados. Todo esto requiere, por supuesto, de límites claros y monitoreo constante, porque la línea entre inteligencia preventiva y espionaje político es demasiado delgada.
Pero en el estado actual, no hay nadie revisando el uso de esos fondos, los informes producidos, ni las prácticas de obtención de información. No hay una auditoría externa, ni informes públicos, ni siquiera una mínima garantía de transparencia.
¿Quién protege a los ciudadanos –y especialmente a los trabajadores del Estado– de un uso político, discrecional o ideológico de este sistema? Por ahora, nadie.
De Sain a Pullaro: de la vigilancia informal al sistema sin frenos
Hace apenas tres años, Santa Fe vivió una de sus mayores crisis institucionales en democracia. La gestión de Marcelo Saín fue denunciada por espionaje interno, armado de causas y utilización de recursos del Estado para la persecución ideológica, con foco especial en trabajadores policiales, dirigentes gremiales y opositores políticos.
La Legislatura lo sabía. Hubo informes, escuchas, expedientes y hasta escándalos mediáticos, pero el sistema político decidió no tocar la caja negra. No se investigó a fondo. No se juzgó a nadie. No se pidió responsabilidad real.
Y ahora, en lugar de revisar ese pasado y asumir el deber republicano del control, la Legislatura habilita un nuevo sistema sin siquiera cumplir con su obligación legal más básica: la conformación de la bicameral de seguimiento.
Un nuevo Leviatán sin rostro
Pullaro no oculta su objetivo: construir un Estado fuerte, eficaz, que use la inteligencia como herramienta de gobierno. En palabras institucionales: un Estado preventivo. En la práctica, un modelo de vigilancia preventiva con base tecnocrática, sin mecanismos sólidos de contralor ni participación ciudadana.
La ley prohíbe expresamente el espionaje sindical, ideológico, político o por actividades lícitas. Pero una prohibición sin supervisión, es apenas un enunciado vacío. Hoy Santa Fe tiene un sistema de inteligencia con agentes operativos, fondos secretos y acceso a bases de datos públicas y privadas… pero sin ningún organismo de control funcionando.
En otras palabras: el sistema arrancó, pero sin frenos.
Una advertencia final
No se trata de negar la necesidad de combatir el delito organizado. Nadie con buena fe puede oponerse a fortalecer el Estado en un contexto de violencia creciente. Pero hacerlo sin instituciones de control, sin garantías, sin una ética del límite, es abrirle la puerta al autoritarismo tecnocrático. Y eso ya lo vivimos. Y lo pagamos caro.
En democracia, la seguridad no puede construirse sobre la base del silencio institucional. Ni la inteligencia puede operar en las sombras sin control legislativo.
La Legislatura de Santa Fe tiene una deuda urgente. Y la ciudadanía tiene el derecho –y el deber– de exigir que la cumpla.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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