Por Alberto Martinez (*)
Mientras se discute la nueva carta magna, el gobierno celebra haber logrado incluir una frase clave: “se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables”. Traducido: ajustes, recortes y reformas estructurales para reducir el rojo de las cuentas públicas.
Lo que se presenta como un triunfo del “equilibrio fiscal” en realidad es la consagración de una trampa. Evitan que la Constitución levante un muro que impida modificar sistemas esenciales —como jubilaciones, salud o servicios públicos— y trasladan todo a la discrecionalidad de futuras leyes. Es decir: dejan escrito que el ajuste no solo es posible, sino necesario.
Un texto que no ata a nadie, pero condiciona a todos
El argumento oficial es claro: el futuro de la seguridad social y de las empresas estatales “no puede quedar definido en una Constitución”. Así, bajo el pretexto de que se trata de “temáticas dinámicas”, se reserva a los gobiernos de turno la posibilidad de reformas que nunca son para ampliar derechos, sino para achicarlos.
No se trata de palabras sueltas. Este tipo de redacción busca blindar jurídicamente las reformas y evitar que la Justicia las frene. Dicho de otro modo: si mañana quieren recortar jubilaciones, cerrar programas sociales o privatizar servicios, podrán ampararse en este articulado.
Equilibrio fiscal para unos, sacrificio para otros
La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana también dictaminó que “la administración financiera y presupuestaria debe regirse por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia”.
Todo suena bien, hasta que se traduce en la práctica: más presión sobre municipios para ajustar cuentas, prohibición de tasas sin servicio directo (lo que limita ingresos locales), y obligación de empresas estatales como Aguas Santafesinas a evitar déficits, aunque eso implique tarifas más altas o recortes en servicios.
Las entidades empresarias, que ya venían presionando para que no haya más “tasas nuevas”, se frotan las manos: logran que la nueva Constitución les garantice que los costos del Estado no recaigan en ellos. El resultado es obvio: más carga sobre los trabajadores y los sectores populares.
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. ex Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
Facebook: Temática Seguridad
Linkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
APROPOL Noticias