Una crisis que atraviesa a policías

El aumento de los suicidios entre integrantes de las fuerzas de seguridad, reconocido esta semana por el Ministerio de Seguridad de la Nación, volvió a poner en discusión una crisis que también atraviesa a la policía santafesina.

Por José Maggi

El abogado Gabriel Sarla, referente de los últimos reclamos policiales y exintegrante de la fuerza, advirtió que los protocolos vigentes pueden profundizar el problema: muchos efectivos con padecimientos de salud mental evitan pedir asistencia por temor a que les retiren el arma y, como consecuencia, sufran una reducción significativa de sus ingresos.

“Es algo que sinceramente preocupa mucho”, sostuvo Sarla en el programa Trascendental por LT8. Según explicó, el tema fue uno de los puntos planteados durante las últimas protestas policiales. Pero el problema, aseguró, no se limita a la existencia de cuadros de salud mental sino también a las condiciones en que el Estado responde cuando un agente reconoce que necesita ayuda.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, admitió que durante 2025 los suicidios en las fuerzas de seguridad aumentaron un 30 por ciento respecto de 2024. La funcionaria vinculó el incremento con problemas de salud mental y con el endeudamiento derivado de los bajos salarios, y reconoció que dentro de las fuerzas existen dificultades económicas que requieren asistencia.

Para Sarla, ese reconocimiento coincide con una situación que los propios policías vienen describiendo desde hace tiempo. “Con los nuevos protocolos que se aplican cuando una persona pide ayuda, se le retira el arma automáticamente. Por ende, se le merma el sueldo”, explicó. El resultado, según su diagnóstico, es que algunos agentes deciden ocultar sus problemas.“Estamos viendo personal policial que tiene un problema, una cuestión de salud mental, pero no quiere manifestarlo por miedo a perder el sueldo, porque eso acrecentaría más el problema que viene trayendo”, señaló.

El abogado aclaró que no cuestiona el retiro del arma cuando la situación psicológica lo requiere. Por el contrario, consideró que es una medida necesaria para proteger al propio efectivo y a terceros. “El retiro del arma me parece completamente favorable. Hay que hacerlo. Pero no le descontés el sueldo”, planteó. La discusión, según Sarla, debería centrarse en evitar que la asistencia psiquiátrica o psicológica se transforme en una amenaza económica para quien pide ayuda. “Falta una política de salud mental realmente seria, que el personal que te está pidiendo ayuda porque realmente la necesita no tenga miedo de cobrar la mitad del sueldo porque por los protocolos no puede seguir trabajando”, afirmó.

El otro cuestionamiento apunta al sistema de asistencia disponible. Sarla sostuvo que, pese a los anuncios oficiales sobre acompañamiento, la atención no cuenta con la presencialidad ni con la disponibilidad inmediata que requiere una situación de crisis. “Hoy las atenciones son por celular, virtuales. Se hace un seguimiento de forma telefónica”, describió. Según el abogado, los policías reclaman la posibilidad de acceder a profesionales especializados en la problemática de las fuerzas y disponibles cuando se presenta una urgencia. “No es que tenés un profesional especializado en el área policial que está dispuesto a atenderte en el momento que necesitás”, cuestionó.

En los pasillos de las dependencias, aseguró, la preocupación aparece de manera recurrente. “Uno que por ahí camina los pasillos y trabaja con policías escucha una constante: primero, no quiero decir que estoy mal porque sé que me van a descontar del sueldo. Y además que ya no llego a fin de mes, si me descuentan, ¿qué hago con mi familia, qué hago con mis hijos?”, relató.

La salud mental aparece así atravesada por una segunda variable: la situación económica. Sarla señaló que, aunque existe un límite para determinados descuentos directos sobre los recibos de sueldo, el endeudamiento continúa fuera de esa restricción. Los créditos, explicó, siguen siendo una herramienta de supervivencia cotidiana para numerosos efectivos. “Me han dicho que tienen que pedir un crédito de 100 mil pesos o de 30 mil pesos para comer en el día. Eso lo siguen haciendo”, sostuvo. Como ejemplo, contó la situación de un policía con 15 años de antigüedad que percibe un salario de 1.400.000 pesos y que, aun así, recurre al endeudamiento para sostener sus gastos.

El cuadro económico también empujó a muchos agentes a buscar ingresos complementarios fuera de la actividad policial. Sarla aseguró que existen efectivos que realizan repartos mediante aplicaciones, trabajan como choferes de Uber o Didi, venden alimentos o preparan productos para comercializar durante los fines de semana. “Lamentablemente tenés personas que hacen aplicaciones de delivery, hacen de Uber, hacen de Didi, venden torta asada en una esquina, hacen prepizzas para vender los fines de semana. Tenés de todo un poco para llegar a fin de mes”, enumeró.

Consultado sobre si las dificultades económicas pueden derivar en conductas ilegales aprovechando la condición de policía, Sarla sostuvo que esa no es la salida elegida por la mayoría de los efectivos. “Estoy seguro de que la mayoría no pasa esa línea. Prefieren vender torta asada en una esquina antes de hacer eso”, afirmó.

El aumento de los suicidios reconocido por Nación y las advertencias sobre la situación en Santa Fe exponen así una trama en la que se cruzan el deterioro psíquico, el endeudamiento y el temor a que pedir ayuda implique perder ingresos. Para Sarla, el punto crítico está en que el protocolo diseñado para intervenir ante una crisis no termine empujando a los policías a ocultarla.

Fuente: Rosario 12