Un matrimonio de policías de la provincia de Santa Fe atraviesa desde hace más de un año una situación crítica marcada por el silencio institucional, pese a haber presentado toda la documentación requerida y haber agotado las vías administrativas correspondientes.
Por Marcos Anglada
Ambos prestan servicio en la ciudad de Rafaela, aunque residen en el departamento Garay, y solicitan un traslado interdivisional a una unidad regional más cercana a su domicilio para poder atender una compleja situación familiar.
El oficial Elian Donno, con nueve años de antigüedad, explicó que el pedido se fundamenta en razones humanitarias y de salud plenamente acreditadas. Su hijo, de 22 meses, cuenta con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), certificado de discapacidad y requiere tratamientos permanentes de fonoaudiología, estimulación temprana y kinesiología, ya que aún no camina de manera autónoma. Además, presenta apego selectivo, lo que impide que quede al cuidado de terceros sin la presencia de alguno de sus padres.
A esta situación se suman graves problemas de salud en el grupo familiar: la madre del efectivo fue intervenida quirúrgicamente por tumores y debe afrontar una nueva operación, mientras que su padre padece una enfermedad cardiológica crónica, diabetes e hipertensión. La pareja policial presentó certificados médicos, informes profesionales y notas formales invocando los derechos que asisten a su solicitud, sin haber recibido ninguna respuesta concreta por parte de la institución.
Actualmente, la esposa del oficial fue reincorporada a Rafaela, mientras que él se encuentra bajo carpeta psicológica, producto de la sobrecarga emocional y la imposibilidad de conciliar el servicio con las necesidades impostergables de su hijo. “No estamos pidiendo privilegios ni beneficios, solo poder trabajar y cumplir con nuestra función sin abandonar el cuidado y el tratamiento de nuestro hijo”, expresó.
El caso expone una problemática más amplia: la falta de respuestas ante situaciones familiares complejas, incluso cuando se encuentran debidamente acreditadas, y el impacto que el silencio administrativo genera en trabajadores que cumplen funciones esenciales para el Estado. La familia manifestó no tener inconvenientes en que su situación sea publicada, con la expectativa de que contribuya a mejorar las prácticas institucionales y evite que otros trabajadores atraviesen situaciones similares.
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