En el norte de la provincia de Santa Fe, una trabajadora policial —que solicitó reserva de identidad por temor a represalias— atraviesa una situación que, lamentablemente, no es aislada: la colisión brutal entre las responsabilidades familiares y un sistema policial inflexible, burocrático y deshumanizado.
Por Marcos Anglada (*)
Su hija fue recientemente dada de alta tras un grave episodio de salud. Para poder acompañarla, la trabajadora debió tomar licencia, pero sus reiterados pedidos de pase, presentados en el marco de la Ley 12.521 y acompañados de documentación que acredita su situación familiar —incluido el cuidado de un hijo con TEA y TDAH—, fueron rechazados sin fundamentos sólidos.
“Me respondieron que me daban el pase solo si conseguía una permuta. Intenté todo: notas, artículos, pedidos formales… no me dieron bola”, relató con impotencia.
La trabajadora buscó respuestas en todas las instancias posibles: Medicina Legal, Bienestar Policial e incluso gestiones políticas. A pesar de cumplir con cada requerimiento y exponer la gravedad de su situación familiar, no recibió una solución real.
“Me dijeron que la carpeta psicológica me perjudicaba para el pase. Expuse a mi hija por hacer todo bien, y ni así. Mientras tanto, a la hija de un ex sub jefe le dieron traslado a Reconquista sin hijos ni cargas. Tenemos leyes que nos amparan, pero no las hacen valer”, explicó.
El cuadro es desesperante: con descansos de 36 horas, traslados de hasta 10 horas de viaje para llegar a su ciudad y un salario que no cubre los costos, la trabajadora se enfrenta a una decisión dolorosa: pedir la baja de la fuerza.
“La policía me cansó. Amo mi trabajo, pero el sistema no ayuda. Hacemos todo bien, lo que piden, y no se valora nada. Me duele ser un número más. Me duele haber dejado de cuidar a los míos por cuidar a otros”.
Su historia expone crudamente la ausencia de perspectiva familiar y de políticas de cuidado dentro de la institución policial. Al igual que muchas otras madres y padres trabajadores de la fuerza, se ve obligada a elegir entre su vocación y su familia, sin que la normativa que debería protegerla sea aplicada.
“No soy la única, pero sí una de las pocas que se anima a hablar. Es desesperante subirte a un móvil y estar pensando si tus hijos están bien. El día del intento de suicidio de mi hija yo estaba a 500 km”, concluyó con la voz quebrada.
La entrevistada pidió expresamente que su identidad no sea revelada, por temor a represalias jerárquicas y disciplinarias, un temor tristemente extendido entre el personal que se anima a denunciar situaciones injustas.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas vidas personales deben quebrarse para que el Estado aplique las propias leyes que dice respetar?
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
APROPOL Noticias
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora