Una integrante de la Policía de Santa Fe pidió públicamente que su situación sea escuchada luego de denunciar reiterados incumplimientos del régimen de comunicación con su hija menor de edad, amenazas, hostigamientos y una prolongada falta de respuestas por parte de los organismos intervinientes.
Por tratarse de un conflicto familiar en trámite, con una niña involucrada y distintas personas denunciadas, APROPOL Noticias preservará determinados datos personales y expondrá los hechos en carácter de denuncia, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades que corresponden a la Justicia.
La Suboficial de Policía Priscila Soledad Gamarra de la Guardia Provincial de Seguridad Vial – Base Nelson radicó denuncias el pasado 30 de junio ante Asuntos Internos, Centro Territorial de Denuncias, Bienestar Policial y comisarias.
Separación y pérdida del hogar familiar
La denunciante relató que, después de la separación, se le impidió ingresar al domicilio familiar, pese a que el inmueble habría sido adquirido durante la convivencia y se encontraría escriturado a nombre de ambas partes.
Según explicó, en febrero de 2026 debió retirarse definitivamente de la vivienda y solo pudo llevarse una cama y un ropero.
La situación habitacional se habría sumado a un conflicto familiar creciente, atravesado por denuncias, medidas de distancia y dificultades para mantener un contacto regular con su hija.
Amenazas denunciadas
La mujer aseguró que, durante un encuentro ocurrido en la Costanera de Santa Fe, expresó su preocupación por la convivencia de su hija con un hombre sobre el cual, según sostuvo, conocía antecedentes de violencia.
De acuerdo con su relato, recibió como respuesta una amenaza dirigida contra ella, su hija y otras personas de su entorno. Posteriormente realizó la correspondiente denuncia.
La existencia, alcance y contenido de esas amenazas deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Cinco horas de contacto durante junio
Uno de los aspectos más graves de la presentación está relacionado con el régimen de comunicación.
La denunciante afirmó que los encuentros con su hija se realizaban inicialmente mediante un punto de encuentro acordado, donde podía retirarla y reintegrarla alrededor de las 18.30. Sin embargo, esa modalidad habría sido interrumpida unilateralmente.
Como consecuencia, el contacto presencial se redujo de manera drástica. Según la presentación, durante junio de 2026 solamente pudo compartir aproximadamente cinco horas con su hija.
Las comunicaciones telefónicas y videollamadas también serían escasas, breves y carentes de privacidad.
“Mi hija no puede expresarse libremente sobre cómo se siente, sus actividades o cualquier situación que esté atravesando”, sostuvo.
Hostigamiento e incumplimiento de medidas
La trabajadora policial también denunció conductas de hostigamiento e intimidación por parte de personas vinculadas con el conflicto familiar.
Entre los hechos mencionados aparecen:
- acercamientos a lugares donde se encontraba;
- presencia en dependencias policiales;
- apariciones en domicilios en los que residía;
- amenazas verbales;
- episodios de agresividad grupal;
- presuntos incumplimientos de medidas de distancia.
La denunciante aseguró que estos episodios fueron puestos en conocimiento de comisarías, organismos territoriales y otras dependencias, sin que hasta el momento se hubieran adoptado medidas preventivas suficientes.
Un episodio durante un acto escolar
El 19 de junio de 2026, durante el acto de promesa a la Bandera realizado en el Liceo Militar General Belgrano, se habría producido un nuevo incidente.
Según el relato, un familiar de la otra parte se acercó para advertirle que no tendría contacto con su hija e intentó sujetarla del brazo. La situación habría requerido la intervención del personal policial presente.
También denunció que otra de las personas alcanzadas por medidas vigentes se aproximó a escasa distancia durante el acto.
Preocupación por la salud de la niña
La madre expresó preocupación por el estado emocional de su hija, quien, según aseguró, habría manifestado temor, angustia, llanto, ansiedad y aislamiento.
También sostuvo que la niña habría sido inducida a ocultar información sobre determinadas situaciones de convivencia.
Además, afirmó haber tomado conocimiento de dolencias en la columna y molestias físicas persistentes, mientras la menor continuaba realizando actividades deportivas sin que se le brindara información suficiente sobre estudios médicos, tratamientos o una eventual rehabilitación.
Estas afirmaciones requieren una evaluación profesional independiente, especialmente porque involucran la salud física y emocional de una niña.
Aportes económicos y asistencia profesional
La denunciante afirmó que durante 2026 realizó aportes económicos para el sostenimiento de su hija, incluyendo aproximadamente 320.000 pesos durante junio, además del pago de sesiones psicológicas, actividades extracurriculares y la entrega de alimentos, útiles y otros elementos.
A su vez, explicó que el conflicto produjo un fuerte deterioro en su propia salud emocional.
Actualmente se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, con intervención de áreas vinculadas con género y bienestar policial.
“La incertidumbre permanente respecto de cuándo podré ver a mi hija me genera un estado constante de ansiedad, angustia y temor”, señaló.
Denuncias presentadas y ninguna convocatoria
La mujer aseguró haber presentado testigos, fotografías, videos, grabaciones, capturas de pantalla, denuncias policiales y escritos ante organismos administrativos y judiciales.
Sin embargo, sostiene que no fue convocada por áreas investigativas, asuntos internos ni otras dependencias para ampliar la información o entregar las pruebas reunidas.
También indicó que fue informada sobre la posible apertura de actuaciones internas, pero que transcurridas más de dos semanas no recibió ninguna comunicación oficial.
Pedido de activación de protocolos
La denunciante considera que los hechos ameritan la intervención de los protocolos relacionados con:
- violencia de género;
- violencia institucional y laboral;
- hostigamiento y acoso;
- abuso de autoridad;
- protección de niñas, niños y adolescentes;
- situaciones de riesgo familiar.
Su pedido principal es que se garantice el cumplimiento efectivo del régimen de comunicación y se evalúe la situación de la menor con profesionales independientes.
También solicita que se investiguen las amenazas, el hostigamiento, los presuntos incumplimientos de las medidas judiciales y la actuación de los organismos que recibieron sus presentaciones.
“Les pido que mi voz sea escuchada”
La trabajadora cerró su presentación con una solicitud directa:
“Por favor, les pido que mi voz sea escuchada”.
APROPOL Noticias considera indispensable que las autoridades judiciales, administrativas y policiales actúen con rapidez, prudencia y perspectiva de niñez. En esta clase de conflictos no corresponde transformar a una hija en instrumento de presión entre adultos ni permitir que las demoras institucionales profundicen el daño familiar.
La prioridad debe ser establecer los hechos, garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y proteger el interés superior de la niña. Al mismo tiempo, deben resguardarse la integridad y el derecho de defensa de todas las personas involucradas.
Celular de contacto de Gamarra para ampliar información 3425034405
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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