V. G. GÁLVEZ: una causa judicial y una pregunta política que no debería ignorarse

Una causa judicial debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Si existen víctimas, deben ser protegidas; si existen delitos, deben probarse y sancionarse; y quienes son acusados tienen derecho a defenderse y a que su responsabilidad sea determinada en un proceso con todas las garantías.

Precisamente por eso resulta necesario observar con particular cuidado lo que está sucediendo en Villa Gobernador Gálvez.

Walter Ramírez, de 53 años, padre del actual presidente del Concejo Municipal Nicolás Ramírez, y Marilina Díaz, de 48, quedaron sometidos a cuatro meses de prisión preventiva efectiva en una investigación en la que la fiscal Cecilia Brindisi les atribuye presuntas maniobras de estafa, suscripción engañosa de documentos y administración fraudulenta contra una mujer de 83 años. La medida fue dispuesta por el juez Federico Rébola.

Hasta allí, existe una causa penal que tendrá que ser resuelta como corresponde: con pruebas.

Pero hay otro dato igualmente comprobable que no debería perderse entre titulares y fotografías: Nicolás Ramírez no está imputado en ese expediente. La propia entrevista publicada a partir de su participación en Democráticamente, programa conducido por Juan Francisco en AGOFA TV, hace expresamente esa diferenciación.

Un dirigente que quedó políticamente dentro de una causa en la que no está imputado

Nicolás Ramírez no es un personaje lateral de la política local. Es actualmente presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, condición que también consta institucionalmente en la información oficial del cuerpo legislativo.

Además, distintos medios lo ubican entre los dirigentes con aspiraciones hacia la disputa municipal y él mismo viene trabajando públicamente en el armado del peronismo local. Corta Rosario, al informar sobre la imputación de su padre, lo caracterizó como uno de los nombres mencionados para una futura candidatura a intendente.

En la entrevista de AGOFA TV, Ramírez sostuvo que viene promoviendo una reorganización del justicialismo de Villa Gobernador Gálvez y relacionó la repercusión de la causa con ese proceso político. Según su interpretación, existe un “sesgo político” y una “cacería mediática” alrededor del expediente.

Esto no demuestra que exista una operación pero tampoco convierte en ilegítima la pregunta.

Una frase que obliga a mirar un poco más lejos

La expresión más significativa de Ramírez durante la entrevista fue breve: “A mí me quieren”.

Según relató, llegó incluso a evaluar abandonar su actividad política después de la detención de sus familiares. Finalmente decidió continuar. El propio dirigente separó su situación de la de los imputados y recordó que la responsabilidad penal es individual.

Ese punto es fundamental.

Si Nicolás Ramírez no está acusado de ningún delito, ¿por qué una parte sustancial de la repercusión pública de la investigación parece construirse alrededor de su condición de concejal y presidente del Concejo?

La relación familiar es un dato periodístico. Convertir esa relación en una suerte de extensión política de la sospecha sería algo muy diferente.

La acusación existe y debe ser tomada seriamente

Tampoco corresponde minimizar la investigación.

Según la hipótesis de Fiscalía, Walter Ramírez y Marilina Díaz habrían aprovechado una relación de confianza con una mujer de 83 años para intervenir sobre sus ingresos y patrimonio. Entre los elementos investigados aparecen tarjetas bancarias, préstamos, transferencias, un vehículo y un poder firmado por la mujer.

La defensa sostiene una reconstrucción diferente.

Ramírez afirmó en AGOFA TV que existen comprobantes correspondientes al geriátrico, medicamentos, indumentaria y otros gastos que, según la familia, permiten justificar movimientos económicos cuestionados por la Fiscalía. Esa documentación deberá ser evaluada dentro del expediente y confrontada con las evidencias de la acusación.

Es exactamente allí donde corresponde resolver la controversia.

No en las redes sociales. No en una interna partidaria. No mediante condenas anticipadas.

Prisión preventiva no significa condena

Existe, además, otra cuestión que merece atención.

Walter Ramírez y Díaz permanecen detenidos preventivamente durante cuatro meses. La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad.

El propio material de AGOFA TV señala esa diferencia y recuerda que la discusión probatoria continúa abierta.

Esto debería parecer una obviedad jurídica. Sin embargo, en determinados casos de alta exposición pública, la detención preventiva produce un efecto político y social que difícilmente pueda deshacerse posteriormente, incluso si la acusación finalmente no prospera.

Ahí aparece una discusión más profunda.

Justicia o utilización política de sus consecuencias

No contamos actualmente con evidencia pública que permita afirmar que la fiscal Cecilia Brindisi, el juez Federico Rébola u otro funcionario judicial hayan actuado por instrucciones políticas. Decirlo como un hecho sería irresponsable.

Ramírez tampoco aportó, hasta ahora, pruebas públicas que acrediten esa hipótesis. Incluso evitó atribuir una motivación concreta a la fiscal y sostuvo durante la entrevista que continúa confiando en que será la Justicia la que esclarezca lo sucedido.

Pero existe una diferencia entre sostener que una causa fue armada y preguntarse si una causa judicial real puede ser aprovechada políticamente.

Lo segundo merece ser observado.

Porque los expedientes no se desarrollan en un vacío. Tienen tiempos, filtraciones, fotografías, títulos periodísticos, declaraciones y consecuencias públicas. Y cuando alrededor de ellos aparece un dirigente con creciente exposición política, controlar esas interferencias resulta todavía más necesario.

El peligro de trasladar la sospecha por parentesco

Hay un principio elemental que tampoco debería ser negociable: la responsabilidad penal es personal.

Un hijo no responde penalmente por su padre. Un padre no responde por su hijo.

Y un dirigente político no debería transformarse en sospechoso indirecto simplemente porque un familiar atraviesa un proceso penal.

Sin embargo, cuando reiteradamente se presenta la noticia enfatizando que el acusado es “el padre del presidente del Concejo”, se produce inevitablemente una transferencia simbólica de la sospecha.

El propio Ramírez explicó que siente que su actividad política terminó alterando la vida de su familia y recordó episodios anteriores de amenazas y exposición pública.

Incluso el Concejo Municipal había repudiado oficialmente amenazas sufridas por comerciantes y vecinos de la ciudad y señaló entre los afectados al propio Nicolás Ramírez y su familia.

Ese antecedente tampoco demuestra conexión alguna con la causa actual, pero forma parte del contexto político y personal en el que ocurre.

Que se investigue todo, pero sin fabricar culpables políticos

La cuestión podría resumirse de manera sencilla.

Que la Fiscalía investigue. Que la defensa presente sus pruebas. Que el juez controle. Que, si hubo delito, se determine quién lo cometió y se aplique la ley.

Pero exactamente con la misma firmeza debe sostenerse otra cosa: que una investigación penal no se convierta, voluntaria o involuntariamente, en un mecanismo para destruir anticipadamente la reputación de personas que ni siquiera están imputadas.

Nicolás Ramírez ocupa hoy la presidencia del Concejo de una de las ciudades más importantes del cordón metropolitano rosarino, tiene actividad política propia y viene adquiriendo mayor visibilidad en la discusión sobre el futuro gobierno municipal. Eso aumenta el interés público sobre todo lo que lo rodea, pero también exige mayor responsabilidad.

Porque si la Justicia debe ser independiente de la política, la política tampoco debería apropiarse de los expedientes judiciales para resolver por otra vía aquello que corresponde resolver en las urnas.

La pregunta que recién comienza

La causa contra Walter Ramírez y Marilina Díaz deberá continuar.

Hay una acusación concreta y existe una presunta víctima cuyos derechos deben ser protegidos. También existen una defensa, documentación ofrecida y dos personas que jurídicamente continúan siendo inocentes mientras no exista sentencia firme.

Y, en paralelo, queda abierta otra cuestión.

¿Estamos solamente frente a una investigación penal que inevitablemente golpeó a un dirigente por su vínculo familiar, o alguien está intentando aprovechar políticamente ese expediente para sacar de carrera a Nicolás Ramírez?

Hoy no existen elementos suficientes para responder categóricamente esa pregunta.

Precisamente por eso hay que formularla y seguir los acontecimientos con atención.

Porque la mejor manera de defender la independencia judicial no consiste en impedir que se formulen preguntas sobre el poder, sino en exigir que cada resolución pueda explicarse por las pruebas del expediente y no por las necesidades de la coyuntura política.