Efectivos de la Unidad Regional XIX denuncian que sus traslados son impuestos sin previo aviso y los obligan a firmar resoluciones como si fueran solicitadas voluntariamente para evitar que puedan reclamar derechos laborales.
Por Alberto Martinez
Traslados forzados y maniobras administrativas para negar derechos
Policías de la Unidad Regional XIX de Vera denuncian que están siendo trasladados sin haber solicitado el pase y que, además, se les exige firmar documentos donde consta falsamente que la solicitud fue hecha a pedido del personal.
Esta maniobra no es inocente: al hacer figurar estos traslados como “voluntarios”, los efectivos quedan imposibilitados de reclamar viáticos, alojamiento, vivienda, subsidios y otros beneficios que les corresponderían por ley en caso de ser trasladados por disposición de la Jefatura.
«Nos están obligando a firmar un pedido que nunca hicimos. Si nos negamos, las consecuencias pueden ser aún peores. Nos quieren manejar como fichas sin respetar nuestras vidas ni nuestras familias», expresó un policía que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
¿Por qué imponen estos traslados?
Fuentes cercanas a los afectados señalan que estas maniobras podrían responder a intereses internos dentro de la jefatura, que busca reestructurar los servicios sin respetar la voluntad del personal. Además, se especula con posibles represalias contra aquellos que han manifestado disconformidad con la gestión.
La clave de esta estrategia radica en que, al firmar el traslado como “voluntario”, el efectivo pierde el derecho a percibir compensaciones económicas, dejando en evidencia una clara maniobra de ajuste económico a costa de los policías.
La falta de transparencia y el impacto en la seguridad
Esta situación no solo afecta la estabilidad laboral de los agentes, sino que también compromete la operatividad de las dependencias policiales, ya que los traslados arbitrarios pueden desarticular equipos de trabajo y debilitar la respuesta ante emergencias.
Además, genera descontento y malestar dentro de la fuerza, afectando la moral y el desempeño de los efectivos que ven sus destinos modificados sin previo aviso ni justificación válida.
«No solo nos trasladan sin consultarnos, sino que lo hacen de manera tal que nos quedamos sin derecho a reclamar lo que nos corresponde. Nos dejan librados a nuestra suerte en lugares donde ni siquiera tenemos dónde dormir», lamentó otro policía afectado.
Exigen explicaciones y soluciones
Los policías afectados demandan que se detenga esta práctica y que se respete el derecho del personal a ser notificado y consultado sobre cualquier traslado.
Asimismo, exigen la intervención de organismos de control y asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores policiales, para evitar que estos abusos continúen.
Mientras tanto, la incertidumbre y el temor persisten entre los efectivos, quienes sienten que, lejos de mejorar las condiciones de trabajo, siguen siendo tratados como piezas descartables en un sistema que no respeta sus derechos.
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