Verificación vehicular: el Estado provincial también puede quedar bajo la lupa

Santa Fe – La emisión de una constancia sin un control real no comprometería solamente al agente que firma. La documentación examinada muestra que la Provincia de Santa Fe asumió deberes concretos de medios, control y trazabilidad en sus plantas verificadoras.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en verificaciones vehiculares vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro del debate: si un Formulario 12 fue emitido sin que el automóvil hubiera sido revisado como corresponde, ¿la responsabilidad se agota en el verificador que estampó su firma o puede alcanzar al propio Estado provincial?

La respuesta no puede anticiparse para un caso concreto, porque dependerá de la prueba y de lo que determine la Justicia. Sin embargo, el marco documental disponible permite afirmar que las plantas verificadoras no funcionan como una actividad privada ni como un trámite sin responsables institucionales. La Policía de Santa Fe recibió facultades específicas para intervenir en verificaciones físicas y asumió obligaciones operativas, técnicas y de control.

Una función estatal con deberes precisos

El Convenio N.º 953, suscripto el 3 de noviembre de 1998 y registrado el 18 de ese mes entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y la autoridad de Seguridad Pública santafesina, ratificó la intervención policial en los puestos habilitados para tareas vinculadas con la identificación vehicular, grabados RPA y RPM y verificaciones requeridas por los registros.

El documento es categórico al establecer que la Policía provincial debía proveer, a su exclusiva costa, los elementos mecánicos, técnicos y humanos necesarios para desarrollar esa tarea en forma adecuada, racional y oportuna. También le imponía desarrollar un sistema de control de las verificaciones, entregar constancias a los usuarios y mantener una trazabilidad documental conectada con los Formularios 3 y 12.

No se trata, entonces, de una gestión informal ni de una responsabilidad diluida entre oficinas. Había deberes de organización, recursos, personal y supervisión.

La adecuación posterior

La Nota D.N. 61, del 18 de enero de 2011, informó a las autoridades santafesinas que la Resolución MJSyDH N.º 3369/2010 había aprobado un nuevo modelo de Convenio de Colaboración para la verificación física y peritaje de automotores, motovehículos y maquinaria. Ese nuevo modelo debía sustituir al anterior e incorporar obligaciones adicionales.

En 2012, la División Sustracción de Automotores requirió formalmente a una planta verificadora de la Unidad Regional I que informara si se encontraba en condiciones de cumplir esas nuevas exigencias. El expediente provincial N.º 00201-0143402-9 acredita, al menos, que la cuestión de la capacidad operativa y de las obligaciones de las plantas fue objeto de una preocupación administrativa expresa.

Cuando el formulario no refleja una verificación real

El Formulario 12 certifica una verificación física. Si se demostrara que fue emitido sin examinar realmente el vehículo, o que se asentaron como constatados números de motor, chasis u otras identificaciones que no fueron revisadas, la discusión excedería ampliamente al papel firmado.

En ese supuesto podrían abrirse, según los hechos acreditados, tres planos de responsabilidad:

• Administrativa y disciplinaria, para quienes incumplieron procedimientos, controles o deberes funcionales.
• Civil o patrimonial, si el funcionamiento defectuoso del servicio provocó un daño a una persona que adquirió un vehículo adulterado, robado o de origen ilícito pese a contar con una constancia oficial.
• Penal, únicamente si la investigación reuniera evidencia suficiente de una conducta dolosa, una certificación falsa, una maniobra defraudatoria o cualquier otro delito atribuible a personas determinadas.

La precisión importa: no toda irregularidad administrativa constituye automáticamente un delito, pero tampoco una firma funcional puede reducirse a un gesto sin consecuencias cuando habilita trámites y genera confianza pública.

El ciudadano no puede cargar solo con el daño

Quien compra un vehículo que luego resulta malhabido, adulterado o con numeraciones irregulares puede sufrir la pérdida del rodado, gastos registrales, perjuicios económicos, reclamos de aseguradoras e incluso quedar involucrado en un proceso penal sin haber participado de la maniobra original.

En principio, tendrá acciones contra quien le vendió el vehículo. Pero si se acreditara que el daño fue facilitado por una verificación estatal defectuosa, también podría analizarse la responsabilidad de la Provincia y, eventualmente, la de los funcionarios involucrados, en los términos que correspondan al régimen aplicable y a la prueba reunida.

El antecedente judicial aportado para esta investigación apunta precisamente a esa posibilidad: la función pericial o verificadora no es decorativa cuando su certificación puede inducir a terceros a confiar en la legalidad de un vehículo.

La responsabilidad no baja sola

La cadena de responsabilidades no termina en quien atiende al usuario en una planta. Debe examinarse quién designó al personal, qué capacitación recibió, qué protocolos existían, qué controles se aplicaban, quién revisaba las constancias emitidas y si se cumplían las obligaciones de registro y reporte previstas en el convenio.

Esa es la diferencia entre buscar un fusible y reconstruir una responsabilidad institucional. Si hubiera irregularidades comprobadas, la Justicia deberá individualizar autores y partícipes; pero el Estado provincial no puede presentarse como un tercero ajeno cuando el servicio se prestaba bajo su estructura, con sus agentes y en ejercicio de facultades públicas.

La correcta identificación vehicular no es un trámite menor. Es una garantía para el comprador, una herramienta contra el delito automotor y una obligación estatal cuyo incumplimiento puede tener consecuencias que nadie debería barrer debajo de una alfombra registral.

Preocupación nacional y silencio político

Fuentes con conocimiento de conversaciones mantenidas en el ámbito del Gobierno nacional señalaron a este medio que existe preocupación por la dimensión que podría adquirir el escándalo de las verificaciones vehiculares en Santa Fe, especialmente si la investigación judicial lograra establecer que no se trató de maniobras aisladas sino de prácticas repetidas, facilitadas por déficits de control en plantas dependientes de la estructura provincial.

En ese contexto, llama la atención la “inercia política” del gobernador Maximiliano Pullaro. Hasta ahora no se conoce una decisión pública orientada a ordenar una auditoría integral de las plantas verificadoras, relevar sus procedimientos, revisar los Formularios 12 emitidos bajo sospecha ni garantizar que los responsables administrativos aporten toda la documentación requerida por la Justicia. La demora puede resultar costosa: cuanto más tarde se reconstruya la cadena de controles, más difícil será determinar quién hizo qué, quién dejó de controlar y cuántos ciudadanos pudieron haber quedado expuestos a comprar vehículos con una apariencia oficial de legalidad.