La salida de médicos legistas de la Policía de Santa Fe paraliza funciones esenciales, traslada riesgos a hospitales públicos saturados y expone el desprecio del Estado por sus trabajadores.
Por Marcos Anglada
La crisis en el área de Medicina Legal de la Policía de la provincia de Santa Fe no solo se profundiza: se expande. A la reciente renuncia de médicos en dependencias policiales de la ciudad capital se suma ahora una situación aún más grave: la ausencia total de médicos legistas en la Policía de Investigaciones, incluso para intervenir en escenas de hechos graves. Todos renunciaron.
¡LO ADELANTAMOS! Renunciaron todos los médicos de policía en la capital provincial
La consecuencia inmediata fue la derivación compulsiva de detenidos, aprehendidos y lesionados a efectores públicos de salud, una decisión improvisada que trastoca de manera directa la actividad policial y judicial como auxiliares de la Justicia, y que además sobrecarga hospitales ya colapsados, introduciendo un nuevo factor de riesgo institucional y social.
Hospitales saturados y detenidos trasladados con personal armado
Según comunicaciones internas a las que accedió APROPOL, desde la 1ª a la 6ª Zona se informó telefónicamente que “hasta nuevo aviso no cuentan con médico forense” en la Policía de Investigaciones. En paralelo, se emitió una orden que dispone que entre las 20 y las 08 horas, todos los detenidos, aprehendidos y lesionados sean trasladados al Hospital Mira y López, donde serían examinados por el Dr. Lisandro Fuentes, quien —según nuestras fuentes— es «médico psiquiatra» y cuya actitud habría generado malestar entre sus camaradas y colegas por su falta de solidaridad con la medida.
Esta situación abre múltiples interrogantes:
- ¿Quién garantiza la idoneidad técnica de los exámenes?
- ¿Quién responde por las cadenas de custodia, los informes periciales y su validez judicial?
- ¿Quién se hace cargo del riesgo que implica el ingreso permanente de detenidos escoltados por personal armado a hospitales públicos?
Impacto directo en la Justicia y en la seguridad pública
La ausencia de médicos policiales no es un problema administrativo menor. Afecta el corazón del sistema penal, desde la constatación de lesiones hasta la intervención en escenas de homicidios, muertes dudosas o hechos complejos. Sin médicos legistas propios, la Policía pierde capacidad operativa, la Justicia pierde calidad probatoria y el Estado expone causas penales a nulidades futuras.
Todo esto ocurre mientras se traslada la carga a hospitales públicos, que no fueron diseñados ni dotados para cumplir funciones periciales policiales, y que ya arrastran déficits estructurales de personal, insumos y espacio.
Condiciones deplorables que explican las renuncias
Las renuncias masivas de médicos no pueden explicarse como hechos aislados ni como decisiones individuales. Responden a condiciones laborales deplorables, salarios atrasados, sobrecarga de tareas, exposición permanente a situaciones críticas sin respaldo institucional y una gestión que naturaliza el desgaste y la precarización.
Lo ocurrido con los médicos es apenas la punta del iceberg. Las mismas condiciones afectan al resto del personal policial y penitenciario, como APROPOL viene denunciando desde hace años. El mensaje es claro: el Estado empleador no cuida a quienes sostienen funciones esenciales.
Ley 12.913: una herramienta ignorada
Este escenario reabre con urgencia la necesidad de activar los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo, previstos en la Ley 12.913, que establece la participación paritaria de los trabajadores para detectar riesgos, alertar sobre condiciones inseguras y construir soluciones de manera preventiva y consensuada.
La sistemática decisión de soslayar la participación de los trabajadores no es neutral ni técnica: es política. Y constituye una faceta más de la deriva autoritaria de la gestión Pullaro–Cococcioni, que reemplaza el diálogo institucional por la imposición, y la prevención por la improvisación.
Cuando el desprecio se vuelve política de Estado
La deserción de médicos, el colapso de Medicina Legal, la ausencia de legistas en Investigaciones y la derivación caótica a hospitales públicos no son fallas del sistema: son el sistema funcionando bajo una lógica de desprecio hacia el trabajador estatal.
Cuando el Estado abandona a sus propios profesionales, el daño no se limita a ellos. Impacta en la Justicia, en la seguridad pública y, finalmente, en toda la sociedad. Persistir en negar esta realidad no hará más que profundizar una crisis que ya dejó de ser sectorial para convertirse en institucional.
¿Policías con detenidos en un mismo consultorio?
A esta situación se suma otro factor de profunda preocupación: el control médico del ausentismo del personal policial. En medio de la falta de médicos propios y sin información oficial clara, comenzaron a circular versiones internas que indican que los efectivos policiales podrían ser derivados al mismo consultorio y a los mismos efectores públicos donde concurren detenidos y aprehendidos para sus evaluaciones médicas.
La ausencia de directivas formales, protocolos diferenciados y comunicación transparente genera incertidumbre, malestar y un grave riesgo institucional, exponiendo al personal a situaciones de vulnerabilidad, estigmatización y potenciales conflictos de seguridad. Esta improvisación refuerza la sensación de abandono y desprecio hacia los trabajadores, que no solo deben cumplir funciones de riesgo, sino además hacerlo sin garantías mínimas de resguardo sanitario, profesional y humano.
Estado edilicio del Hospital Mira y López
Lejos de ofrecer una solución, la derivación al Hospital Mira y López expone otro problema estructural: las condiciones edilicias del establecimiento. Según testimonios coincidentes, el estado del hospital presenta deficiencias similares a las denunciadas recientemente por médicos en la Comisaría 8ª, con espacios deteriorados, falta de mantenimiento, condiciones de higiene cuestionables y carencias básicas para una atención adecuada. Pretender que ese ámbito absorba, además, funciones médico-legales policiales y judiciales no solo es irresponsable: es trasladar el colapso de una institución a otra, profundizando una crisis que el Estado se niega a abordar de raíz.
Una fuerza que se vacía: bajas y renuncias incluso de los recién egresados
Las consecuencias ya son visibles y dramáticas: se registra una catarata de pedidos de baja, incluso entre integrantes de las últimas promociones egresadas del ISEP, que apenas comienzan su carrera y ya buscan salir de la institución. Las pésimas condiciones laborales, la sobrecarga, la falta de descanso, la presión disciplinaria y el desprecio institucional están empujando a la Policía de Santa Fe hacia una crisis de recursos humanos sin precedentes. No se trata de casos aislados: es el síntoma de un modelo de gestión que erosiona desde adentro a la fuerza que dice conducir.
Licencias recortadas por orden: otra señal de autoritarismo administrativo
Como si el cuadro no fuera suficiente, desde la Unidad Regional I se impartió una orden improcedente: los médicos deben justificar licencias de no más de siete (7) días, sin atender a su criterio profesional ni a la normativa vigente.
Esta directiva se vincula directamente con una decisión política previa de la Jefatura de la Unidad —quien además se autopostula como futura Jefa de Policía— de “recomendar” que no se otorguen más de 15 días corridos de licencia anual ordinaria, pasando por alto el régimen legal aplicable y poniendo en riesgo la salud psicofísica del personal.
El resultado fue previsible: una avalancha de carpetas médicas, mayor presión sobre un sistema ya colapsado y un nuevo avance sobre derechos laborales básicos.
APROPOL Noticias
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