Rosario – Efectivos y familiares siguen frente a la Jefatura. Cada vez son más. Se sostiene en toda la provincia.
Por Rubén Pombo (*)
La protesta policial en la provincia de Santa Fe continúa escalando pese a las advertencias de sanciones y las medidas disciplinarias anunciadas por el gobierno provincial. Este mediodía, efectivos en actividad, junto a familiares y allegados, permanecían concentrados frente a la sede de la Jefatura, confirmando que el conflicto sigue abierto y sin una resolución inmediata.
Una protesta que resiste las sanciones
La permanencia de los manifestantes se produce pocas horas después de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibalas, además del inicio de actuaciones administrativas y penales contra quienes abandonaron el servicio o bloquearon la salida de patrulleros.
Lejos de desactivar el conflicto, las medidas disciplinarias no lograron dispersar la concentración. Por el contrario, la presencia de uniformados y familiares frente a la Jefatura se mantuvo como señal de respaldo al reclamo y de rechazo a las sanciones anunciadas.
El reclamo salarial como eje del conflicto
El núcleo de la protesta gira en torno a la exigencia de mejoras salariales, la actualización del sueldo básico y condiciones laborales que reflejen la exigencia del servicio. Los efectivos sostienen que el deterioro del poder adquisitivo, el impacto de la inflación y el desgaste operativo han profundizado el malestar en la fuerza.
Muchos agentes, especialmente aquellos que cumplen funciones en zonas de alta conflictividad o que deben trasladarse largas distancias, consideran que el actual esquema salarial no compensa las responsabilidades ni los riesgos inherentes a la función policial.
Familiares en apoyo y una señal de cohesión interna
Uno de los elementos más visibles de la protesta es la participación activa de familiares, quienes acompañan a los efectivos en la concentración. Esta presencia refuerza el carácter social del reclamo y evidencia que el impacto del conflicto trasciende el ámbito institucional y afecta directamente la vida cotidiana de los trabajadores policiales.
La continuidad de la protesta, incluso frente a medidas disciplinarias, refleja un nivel de cohesión que no es habitual en una estructura tradicionalmente marcada por la disciplina jerárquica.
La respuesta del gobierno y el intento de sostener el control
Desde el gobierno provincial, la postura se mantiene firme. El ministro Cococcioni reconoció que el reclamo es legítimo en su fondo, pero advirtió que no se permitirán acciones que afecten el funcionamiento del servicio ni el despliegue de seguridad.
En ese marco, se reforzó el patrullaje con recursos extraordinarios y apoyo de fuerzas federales, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y evitar que el conflicto impacte de manera directa en la seguridad pública.
Un conflicto abierto con impacto institucional
La escena frente a la Jefatura expone una tensión estructural entre la necesidad de mantener la disciplina institucional y el reconocimiento de las demandas del personal. El conflicto pone en evidencia el delicado equilibrio entre autoridad política y legitimidad interna dentro de la fuerza.
La continuidad de la protesta, pese a las advertencias y sanciones, muestra que el conflicto no ha sido resuelto y que su desenlace dependerá de la capacidad del gobierno provincial para canalizar el reclamo sin perder el control institucional.
Por ahora, la imagen de efectivos y familiares frente a la Jefatura es el reflejo más claro de una crisis que sigue en desarrollo y que representa uno de los desafíos más complejos para la conducción política de la seguridad en la provincia.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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