Funcionarios provinciales aclararon que la recomposición salarial se completará el 16 de marzo mediante planilla complementaria. Mientras tanto, el malestar persiste dentro de las fuerzas y continúan las manifestaciones en Rosario, Santa Fe y Reconquista.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El gobierno de Santa Fe realizó este miércoles una conferencia de prensa en la sede de Gobernación en Rosario para intentar aclarar la recomposición salarial anunciada para la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario, en medio de un clima de fuerte malestar dentro de ambas instituciones.
La presentación estuvo encabezada por la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, junto al ministro de Economía Pablo Olivares y autoridades de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Según explicaron los funcionarios, la “foto salarial completa” del mes de febrero recién podrá verse el próximo 16 de marzo, cuando se liquide una planilla complementaria que incluirá:
- retroactivos de diciembre de 2025
- diferencias del segundo aguinaldo
- retroactivo correspondiente a enero
- y el aumento salarial de febrero.
El gobierno insistió en que la recomposición alcanza a todas las jerarquías y que la política salarial se aplica “en espejo” tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario.
Sin embargo, la conferencia se realizó en un contexto que el propio gobierno reconoció como delicado.
Orciani sostuvo que existe “un gran nivel de desinformación”, pero también habló de “versiones malintencionadas que buscan confundir al personal y quebrar el plan de seguridad pública”.
La liquidación que desató el conflicto
La conferencia llega pocos días después de que la liquidación salarial de febrero generara una fuerte reacción en distintos sectores policiales.
Tal como informó APROPOL Noticias el pasado 28 de febrero, numerosos efectivos denunciaron que no habían recibido el aumento anunciado o incluso habían cobrado menos que el mes anterior.
Entre los testimonios recibidos se mencionaban:
- policías con más de 20 años de servicio cobrando solo el básico
- subinspectores con 15 años de antigüedad sin mejoras salariales
- bomberos y efectivos que denunciaron descuentos significativos en sus haberes
A esto se sumaron críticas por la asignación selectiva de pluses —como los operativos de calle o el adicional por chofer— que no alcanzan a todo el personal.
El resultado fue un clima de desconfianza interna y creciente malestar dentro de la fuerza.
El petitorio formal presentado al Ministerio de Seguridad
En el marco de la jornada de reclamo llevada a cabo simultaneamente en Rosario y Santa Fe, los trabajadores presentaron además un petitorio administrativo formal dirigido al Ministerio de Seguridad de la provincia, patrocinado por el abogado Gabriel Sarla.
Petitorio Entregado el 04/03/2026 por los «Policías Autoconvocados» en Rosario by Apropol Noticias
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El documento solicita medidas urgentes en materia salarial, sanitaria, laboral y previsional para el personal policial y del Servicio Penitenciario.
Entre los principales puntos se destacan:
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establecimiento de un piso salarial de $2.500.000 de bolsillo para el personal ingresante, con recomposición proporcional para todas las jerarquías
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transformación de los suplementos salariales en conceptos remunerativos y bonificables para evitar perjuicios previsionales
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extensión universal de la Tarjeta Alimentaria Policial
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mejoras en infraestructura, transporte y condiciones laborales
-
implementación de un programa integral de salud mental para el personal
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regulación de los servicios adicionales para evitar sobrecarga laboral.
El documento también solicita garantías de no represalias administrativas contra quienes participen del reclamo, invocando el derecho constitucional de petición ante las autoridades.
Además, en un anexo específico, el personal de Bomberos Zapadores plantea demandas vinculadas a los riesgos extraordinarios de su función, incluyendo reconocimiento salarial por trabajo de calle, plus para choferes de unidades de emergencia y respeto del régimen horario 24×72.
Un compás de espera hasta el 16 de marzo
En distintos sectores policiales se percibe ahora la existencia de un compás de espera hasta el 16 de marzo, fecha en la que el gobierno prometió liquidar la planilla complementaria con la recomposición pendiente.
Recién entonces —según el propio Ministerio de Economía— podrá verse la composición final del haber salarial correspondiente a febrero.
Este calendario introdujo una pausa prudente en parte del personal, que espera verificar si efectivamente la liquidación complementaria corrige las diferencias denunciadas.
Sin embargo, ese compás de espera no implica que el conflicto haya desaparecido.
Dentro de la fuerza existe la percepción de que el 16 de marzo funcionará como una prueba concreta: si la planilla complementaria confirma lo anunciado, podría contribuir a descomprimir el clima interno.
Pero si las diferencias persisten, el malestar podría reactivarse con mayor intensidad.
Menos gente en la calle, más organización en las redes
Las concentraciones realizadas este miércoles frente a la Jefatura de Policía en Rosario y frente a Casa de Gobierno en Santa Fe no alcanzaron el volumen de las jornadas más tensas del conflicto en febrero.
Sin embargo, interpretar ese dato como una desmovilización sería un error.
Lo que parece estar ocurriendo es un proceso de reorganización del reclamo, que hoy también se expresa en redes y microcomunidades digitales.
Dato clave: la organización crece en las redes
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Un indicador concreto del clima interno se pudo observar en las últimas horas.
En un solo grupo de WhatsApp creado el domingo, mediante un simple enlace de invitación, se sumaron más de 900 integrantes en menos de 24 horas.
El dato tiene dos particularidades:
- corresponde solo a Rosario
- corresponde a un único grupo
Esto permite dimensionar que el conflicto no desapareció, sino que también se está organizando a través de canales digitales donde los efectivos comparten información, comparan liquidaciones salariales y coordinan acciones.
El reclamo continúa
En paralelo a la conferencia oficial, el abogado Gabriel Sarla, vocero de trabajadores autoconvocados, convocó a una nueva manifestación para este miércoles.
Según explicó, tras analizar los números difundidos por el gobierno, el aumento real sería mucho menor al anunciado públicamente.
“De un análisis exhaustivo se puede detectar que el aumento va a ser de entre 160.000 y 250.000 pesos. Eso equivale hoy a cuatro o cinco kilos de carne”, afirmó.
Sarla también cuestionó que muchos de los pluses anunciados no alcanzan a todo el personal y que el esquema salarial sigue dejando afuera a jubilados, bomberos y distintos sectores de la fuerza.
El Petitorio Policial: un salto cualitativo en el conflicto con el gobierno de Santa Fe
La presentación del petitorio ante el Ministerio de Seguridad el pasado 4 de marzo no debe ser interpretada como un simple reclamo salarial más. Por el contrario, constituye un punto de inflexión que eleva el conflicto a una nueva dimensión política e institucional. El documento formaliza demandas, amplía el temario de discusión y, crucialmente, impone al gobierno provincial la obligación de dar una respuesta que ya no puede ser meramente comunicacional.
A continuación, se detallan las claves para comprender la nueva etapa del conflicto.
1. La institucionalización de un malestar persistente
El petitorio no es el inicio del conflicto, sino su profundización. Se trata de una reiteración y ampliación de planteos previos, ahora reforzados por la necesidad de aclarar los compromisos públicos asumidos por el gobernador Maximiliano Pullaro. Al canalizar el reclamo por la vía del derecho constitucional de petición, los efectivos trasladan el debate desde el terreno de las versiones y declaraciones públicas —donde el gobierno podía intentar desestimarlo como «ruido» o «desinformación»— hacia una instancia administrativa que obliga al Estado a una respuesta institucional documentada.
Esta estrategia coexiste y se potencia con otras formas de expresión del descontento (concentraciones, mensajes en redes, grupos de WhatsApp), conformando un entramado de presión que el Ejecutivo no puede ignorar.
2. De la queja salarial al cuestionamiento estructural
Un aspecto central del documento es que supera el marco de una discusión meramente salarial. Al incorporar demandas sobre condiciones laborales, salud mental y régimen previsional, el petitorio amplía el conflicto hacia las dimensiones estructurales que definen el trabajo policial. La tesis implícita es clara: la crisis en las fuerzas de seguridad no se resuelve solo con un aumento de sueldo, sino revisando integralmente cómo se organiza y se sostiene el sistema laboral de sus trabajadores.
3. El cuestionamiento al corazón del modelo salarial
Uno de los puntos de mayor tensión política es el rechazo explícito al modelo de «plus» y suplementos no remunerativos. El petitorio exige un salario compuesto íntegramente por conceptos remunerativos y bonificables. Esta demanda no es un tecnicismo; es un cuestionamiento directo a la lógica de gestión salarial vigente en Santa Fe desde hace años. Un modelo basado en asignaciones discrecionales que, al no ser remunerativas, generan distorsiones en el haber de bolsillo, debilitan el sistema jubilatorio y, como se señala más adelante, abren la puerta a prácticas discrecionales dentro de la cadena de mando.
4. La emergencia de una organización con representación democrática
El gobierno ha insistido en la ausencia de interlocutores válidos para dialogar. Sin embargo, el petitorio designa explícitamente un vocero y representante comunicacional. Este hecho es de suma relevancia política porque desmiente el argumento de la «falta de representación» y demuestra la existencia de una coordinación estructurada. Paradójicamente, esta organización surge en un contexto donde el propio Estado, al no propiciar canales formales (como los que podría brindar la Ley 12.913), ha contribuido a generar estas instancias autoconvocadas.
5. La sombra de la persecución administrativa
La inclusión de una cláusula que solicita garantías explícitas contra represalias administrativas (sanciones, traslados) no es un formalismo. Es la constatación de una preocupación histórica y fundada dentro de las fuerzas: el temor a que el ejercicio de un derecho constitucional sea respondido con operaciones de «ablande» o persecución laboral para desarticular cualquier intento de organización gremial autónoma.
Análisis del escenario político: más allá del relato oficial
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Reactivación de un conflicto no resuelto: La situación actual es la reemergencia de un malestar de fondo que las medidas oficiales no lograron desactivar. Los anuncios del gobierno no abordaron las causas estructurales, por lo que el conflicto solo cambió de forma, pero nunca desapareció.
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El prestigio del gobernador en juego: Dado que Pullaro asumió la interlocución directa en la fase previa del conflicto, lo que hoy está en juego no es solo una política salarial, sino la credibilidad política y el valor de los compromisos asumidos por la máxima autoridad provincial ante el personal policial.
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La persistencia de un modelo discrecional: El núcleo del problema sigue siendo un esquema salarial basado en pluses por cupos. Este sistema, lejos de ser una mera herramienta de gestión, genera desigualdad entre trabajadores que realizan igual tarea, fomenta el favoritismo y erosiona el principio de «igual remuneración por igual tarea», consagrado constitucionalmente.
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Precarización y pérdida de autonomía: El conflicto evidencia un proceso de precarización que excede lo económico. Cuando derechos laborales se transforman en beneficios discrecionales, el trabajador pierde previsibilidad y queda sujeto al condicionamiento de la jerarquía. El salario deja de ser un derecho para convertirse en un instrumento de disciplinamiento.
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El Agotamiento del Relato Oficial: La estrategia comunicacional del gobierno, que busca reducir el conflicto a un problema de «desinformación» o a la acción de «fuerzas externas», choca con la realidad de un reclamo que fue reconocido como legítimo por el propio Ejecutivo. Atribuir el malestar a conspiraciones es una lógica política que intenta explicar el conflicto sin asumir las falencias de la gestión.
Una advertencia que el gobierno no debería ignorar
El gobierno cuenta con una ventaja táctica: el conflicto no ha alcanzado la masividad y el punto ciego de febrero. La pregunta estratégica es si utilizará este tiempo para abrir un diálogo real que aborde las causas estructurales, o si continuará administrando la crisis con anuncios parciales y parches comunicacionales.
El petitorio del 4 de marzo es una advertencia institucional mayúscula. Ignorarlo o subestimarlo no hará más que postergar una solución inevitable. Porque cuando un conflicto de fondo no se resuelve, muta, se organiza y, como en este caso, encuentra los canales —formales e informales— para volver a interpelar al poder.
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara».
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