Sin anuncios oficiales ni explicaciones públicas, el apartamiento de Julio Ángel Romano como asesor del Ministerio de Seguridad de Santa Fe se produjo en medio de un creciente escándalo que ya no puede disimularse bajo el silencio administrativo.
Por Marcos Anglada (*)
Romano quedó en el centro de una trama que combina irregularidades graves, decisiones controvertidas y presuntos vínculos con sectores delictivos. Entre los hechos más sensibles aparece su supuesta intervención para habilitar el ingreso de un exconvicto por homicidio como capacitador de personal policial, una situación que, por sí sola, ya plantea interrogantes profundos sobre los criterios de selección y control dentro del sistema.
A esto se suman denuncias reiteradas por abuso de poder, posibles maniobras de protección indebida y relaciones comprometedoras dentro del ámbito penitenciario. No se trata de episodios aislados: el cuadro general sugiere un funcionamiento con zonas grises que, durante demasiado tiempo, no encontraron freno institucional.
Pero el foco del problema ya no puede limitarse a una sola figura. La responsabilidad política alcanza directamente a altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad que quedan bajo cuestionamiento por haber sostenido —o al menos tolerado— una estructura que hoy evidencia signos claros de desgaste y descomposición.
El desplazamiento de Romano, lejos de cerrar la crisis, abre un escenario más incómodo: ¿Cómo funcionó durante tanto tiempo un esquema con estas características sin controles efectivos? ¿Quiénes miraron para otro lado? ¿Y quiénes se beneficiaron?
Cuando la verdad empieza a emerger, no suele hacerlo de forma ordenada. Más bien irrumpe, arrastra nombres, responsabilidades y deja al descubierto aquello que durante años se intentó mantener bajo llave. En Santa Fe, esa puerta parece haber empezado a abrirse.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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