Mientras el Gobierno provincial reclama más presencia policial en las calles, decenas de efectivos no pueden cumplir funciones operativas porque el Estado no les entrega armas reglamentarias. Los trabajadores afectados exigen ser destinados a las tareas para las que fueron formados.
Una contradicción difícil de explicar
En medio de los permanentes discursos oficiales sobre la necesidad de reforzar la seguridad pública y aumentar la presencia policial en la vía pública, una situación interna de la fuerza expone una llamativa contradicción.
Actualmente, unos 85 efectivos policiales de la provincia de Santa Fe permanecen afectados a tareas administrativas debido a la falta de armamento disponible para su asignación, según señalaron fuentes consultadas por APROPOL.
Se trata de personal apto para cumplir funciones operativas que, sin embargo, desarrolla tareas de oficina, archivo, atención administrativa o apoyo interno porque no cuenta con el equipamiento básico necesario para prestar servicio en la calle.
Policías formados para prevenir delitos, detrás de un escritorio
La situación genera malestar entre los trabajadores afectados.
Muchos de ellos fueron incorporados, capacitados y entrenados para desempeñarse en tareas de prevención, patrullaje y seguridad ciudadana, pero hoy se encuentran realizando labores administrativas por razones ajenas a su voluntad.
«Queremos trabajar en aquello para lo que fuimos preparados. No tiene sentido que falten policías en la calle mientras nosotros seguimos haciendo tareas de oficina por falta de armas», señaló uno de los efectivos consultados.
El problema no radica en la falta de recursos humanos sino en la imposibilidad material de asignarlos a funciones operativas.
Menos policías en la calle
La consecuencia es directa.
Cada efectivo que permanece en una dependencia administrativa por falta de armamento representa:
- Menos personal disponible para patrullajes.
- Menos capacidad de prevención.
- Menor presencia policial en los barrios.
- Menor capacidad de respuesta ante emergencias.
Paradójicamente, mientras se anuncian inversiones en equipamiento, móviles y tecnología, existe personal disponible que no puede ser utilizado plenamente por la ausencia de un recurso tan elemental como el arma reglamentaria.
Un problema de gestión de recursos
La situación abre además interrogantes sobre la planificación logística y la administración del armamento institucional.
¿Cuántas armas faltan realmente?
¿Cuántos policías se encuentran hoy imposibilitados de prestar servicios operativos por esta causa?
¿Existe un cronograma para normalizar la situación?
Hasta el momento no se conocen respuestas oficiales.
El reclamo
Los trabajadores afectados no solicitan beneficios especiales ni cambios de destino.
Su reclamo es mucho más simple: que el Estado les provea el equipamiento necesario para cumplir con las funciones para las cuales fueron incorporados y capacitados.
Porque mientras la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los santafesinos, resulta difícil comprender por qué decenas de policías permanecen detrás de un escritorio cuando podrían estar prestando servicio en las calles.
La pregunta pendiente
Si el propio Gobierno sostiene que hacen falta más policías en la vía pública, la pregunta surge sola:
¿Faltan policías o faltan las herramientas para que los policías existentes puedan trabajar donde realmente se los necesita?
APROPOL Noticias seguirá recabando información sobre esta situación y solicita a las autoridades provinciales que informen oficialmente la cantidad de efectivos afectados, la disponibilidad real de armamento y las medidas previstas para resolver un problema que impacta directamente en la seguridad pública de todos los santafesinos.
AMPLIAREMOS.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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