La Justicia santafesina dispuso la prisión preventiva para cuatro de los seis policías imputados en la causa que investiga la muerte de Mauro González, ocurrida dentro de una celda de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, luego de haber sido detenido el pasado 17 de enero en la zona noroeste de la capital provincial. FAMILIARES AFIRMAN QUE SON INOCENTES Y HABLARON SUS ABOGADOS.
La resolución fue adoptada por la jueza Cecilia Labanca, al término de una extensa audiencia de medidas cautelares que se desarrolló durante dos jornadas. Según informó El Litoral, la magistrada resolvió que permanezcan detenidos los efectivos del Comando Radioeléctrico Lucas Amarillo, Sebastián Bogliolo, Sebastián Bandirali y Melisa Gabriela Díaz.
En tanto, los otros dos imputados, Sabrina Petitón y Juan Cruz Barros, este último perteneciente al Cuerpo Guardia de Infantería, continuarán el proceso en libertad, aunque sujetos al cumplimiento de medidas alternativas y reglas de conducta.
La defensa
El abogado de una de las policías investigadas por la muerte de un hombre en la Comisaría 8° adelantó que pedirá el cambio de imputación. Además, Sebastián Oroño, confirmó que nadie lo contactó del Ministerio de Seguridad para pagar la defensa de la agente del comando radioeléctrico.
Los familiares
Familiares de los policías investigados por la muerte de Mauro González en la comisaría 8°, se concentraron frente a Tribunales para reclamar justicia.
Una causa de extrema gravedad institucional
El caso es investigado por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación. La acusación sostiene que Mauro González atravesaba una situación de crisis subjetiva, vinculada presuntamente a un padecimiento mental o consumo problemático, cuando personal policial fue comisionado para intervenir.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, lejos de aplicarse los protocolos correspondientes para una intervención de esas características, se habría producido un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza. La investigación señala que González habría sido reducido violentamente, esposado y trasladado en condiciones que terminaron derivando en un cuadro crítico.
El desenlace fatal se produjo dentro del calabozo de la Comisaría 8ª, donde Mauro González fue alojado en grave estado. La hipótesis investigativa sostiene que falleció por asfixia luego de broncoaspirarse, sin poder defenderse ni recibir la asistencia médica que su condición requería.
Prisión preventiva no es condena
La decisión judicial conocida este jueves no implica una condena. La prisión preventiva es una medida cautelar dentro del proceso penal y debe ser analizada siempre con prudencia, porque toda persona imputada conserva su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Dicho esto, también corresponde reconocer que estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional. Cuando una persona muere bajo custodia estatal, el Estado tiene una obligación reforzada de investigar con seriedad, transparencia y sin encubrimientos. Esa obligación alcanza al Ministerio Público de la Acusación, al Poder Judicial, a la conducción política y a la propia institución policial.
No hay seguridad pública posible si la sociedad pierde confianza en los procedimientos policiales. Pero tampoco hay justicia verdadera si se utiliza cada caso grave para condenar mediáticamente a todos los trabajadores policiales antes de que hable la prueba.
Un llamado a revisar protocolos, conducción y responsabilidades
La muerte de Mauro González debe obligar a revisar algo más que la conducta de seis imputados. Debe revisarse cómo se interviene ante personas en crisis, qué formación recibe el personal, qué protocolos existen, quién controla su cumplimiento y qué responsabilidades asume la conducción política y operativa.
No alcanza con mirar el último eslabón de la cadena. En seguridad pública, los errores graves rara vez nacen de la nada. Suelen ser el resultado de deficiencias acumuladas: falta de capacitación, ausencia de supervisión, precarización laboral, naturalización del maltrato, respuestas improvisadas y una cultura institucional que muchas veces aprende a sobrevivir antes que a corregirse.
Por eso debe haber una discusión seria sobre cómo se conduce la policía, cómo se protege a la ciudadanía, cómo se cuida al propio personal y cómo se evita que una intervención termine en tragedia.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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