Dos policías llegan a juicio tras más de dos años detenidos: la defensa asegura que las pruebas sostienen su inocencia

El debate contra Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano comenzará este lunes 20 de julio. El abogado Martín Mazzeo afirmó que registros de GPS, cámaras de seguridad, pericias genéticas y testimonios contradicen aspectos centrales de la acusación. “Esperamos que los funcionarios judiciales hagan su trabajo”, sostuvo.

Los policías Lautaro Ulises Álvarez y Ezequiel Puntano comenzarán a ser juzgados este lunes 20 de julio de 2026, luego de permanecer aproximadamente dos años y medio en prisión preventiva, acusados de un presunto abuso sexual contra una adolescente ocurrido en marzo de 2023, en la localidad de Roldán.

El debate se desarrollará durante cuatro jornadas. Entre el lunes y el miércoles está prevista la producción de la prueba testimonial y pericial, mientras que el jueves se realizarán los alegatos de clausura. El veredicto sería comunicado el lunes 27 de julio.

La Fiscalía mantiene un pedido de doce años de prisión para cada uno de los acusados.

En una entrevista concedida al programa Se presume culpable, conducido por la periodista Alejandra Ojeda Garnero en FM Wox 88.3 de Rosario, el abogado defensor Martín Mazzeo sostuvo que la causa llega a juicio pese a la existencia de elementos objetivos que, según su interpretación, respaldan la inocencia de los policías.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la defensa, durante la madrugada los dos efectivos encontraron a la adolescente sola, en cercanías de la autopista y la antigua ruta nacional 9, en una zona de descampados.

Los policías la trasladaron hasta su domicilio y la entregaron a su madre. Según Mazzeo, la mujer agradeció la intervención y posteriormente firmó una constancia en la que dejó asentado que había recibido a su hija.

El abogado explicó que los agentes regresaron aproximadamente cincuenta minutos después porque inicialmente habían omitido solicitar la firma de esa constancia. Afirmó que, aun después de ese tiempo, la madre no manifestó haber advertido ninguna situación irregular vinculada con el estado de la adolescente.

La posterior denuncia dio origen a la investigación penal que mantiene a ambos funcionarios privados de la libertad desde hace más de dos años.

GPS, cámaras y pericias

La estrategia defensiva se apoyará principalmente en lo que Mazzeo definió como “prueba objetiva”.

Entre esos elementos mencionó el registro de GPS del móvil policial, filmaciones de cámaras de seguridad y los resultados de las pericias genéticas practicadas durante la investigación.

Según el abogado, el hecho denunciado habría ocurrido dentro del patrullero. Sin embargo, sostuvo que los registros técnicos permitirían reconstruir la ubicación del vehículo y compararla con las imágenes captadas por cámaras de la Guardia Urbana de Roldán.

Mazzeo afirmó que una de esas filmaciones ubicaría a la adolescente a aproximadamente un kilómetro del móvil policial en el momento en que, conforme a una de las versiones analizadas, habría sucedido el episodio.

También señaló que las pericias de ADN no habrían encontrado rastros genéticos pertenecientes a los acusados que permitan sostener materialmente la imputación.

Estos elementos deberán ser introducidos, examinados y confrontados durante el juicio. Será el tribunal el que determine su alcance probatorio y si resultan compatibles o contradictorios con la acusación fiscal.

Los cambios en el relato

Otro de los puntos que la defensa pretende plantear es la existencia de diferentes versiones sobre las circunstancias del supuesto hecho.

Mazzeo sostuvo que inicialmente habrían sido señaladas otras personas y que familiares de la adolescente incluso formularon una denuncia contra ellas. Según explicó, aquella primera versión incluía una secuencia, un lugar y presuntos participantes diferentes de los que finalmente llegaron acusados al juicio.

El abogado manifestó que también existirían variaciones respecto del lugar, los autores y los roles atribuidos posteriormente a Álvarez y Puntano.

Para la defensa, no se trataría de simples diferencias sobre cuestiones secundarias, sino de modificaciones vinculadas con la estructura central del relato.

Mazzeo aclaró, no obstante, que su planteo no consiste en responsabilizar a la adolescente ni atribuirle necesariamente una actuación maliciosa. Señaló que durante el juicio buscará analizar, mediante los profesionales intervinientes, las circunstancias psicológicas y emocionales que pudieron influir en las sucesivas declaraciones.

Cuestionamientos a la investigación

El abogado también formuló objeciones sobre la manera en que se realizaron algunas entrevistas y sobre la valoración de la prueba durante la etapa investigativa.

En particular, cuestionó la intervención de la profesional que participó en la Cámara Gesell y sostuvo que existirían momentos en los que podría advertirse una posible sugestión durante el interrogatorio. Esa interpretación, al igual que el resto de los planteos defensivos, deberá ser discutida ante el tribunal y confrontada con la declaración de los profesionales responsables.

Mazzeo indicó además que por la causa pasaron tres fiscales: una durante la investigación penal preparatoria, otra en una etapa posterior y una tercera que representará la acusación durante el juicio.

Aunque cuestionó aspectos de la investigación, el defensor distinguió el rol de la Fiscalía del que tendrá el juez. Señaló que la función acusadora implica sostener la imputación, pero reclamó que el tribunal valore integralmente tanto las pruebas incriminantes como aquellas que beneficien a los acusados.

“Que el juez nos escuche”

El juicio estará a cargo del juez Mariano Aliau. La acusación será sostenida por la fiscal Guso, mientras que Mazzeo ejercerá la defensa de los dos policías.

Está prevista la declaración de aproximadamente 25 testigos, entre ellos familiares de la adolescente, profesionales que participaron de la investigación y personas ofrecidas por ambas partes.

El abogado aseguró que incluso algunos testigos propuestos por la propia Fiscalía podrían aportar elementos compatibles con la teoría defensiva.

“Lo que nos preocupa es que el juez no mire para otro lado”, expresó. Y agregó que espera que las pruebas sean analizadas y que, en caso de ser descartadas, exista una explicación concreta y jurídicamente fundada.

La defensa no pide un trato privilegiado para los acusados por su condición policial. Reclama que sean juzgados conforme a las mismas garantías constitucionales que protegen a cualquier ciudadano: presunción de inocencia, valoración racional de la prueba y obligación de fundar las decisiones judiciales.

Una prisión preventiva que ya supera los dos años

Más allá del resultado final, el caso vuelve a colocar bajo discusión la extensión de las prisiones preventivas.

Álvarez y Puntano llegarán al juicio después de aproximadamente dos años y medio privados de su libertad, sin que hasta el momento exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad.

Cuando una medida cautelar se prolonga durante años, el proceso puede comenzar a operar materialmente como una pena anticipada. Si posteriormente se dicta una absolución, el tiempo perdido, el daño familiar, la afectación laboral y el deterioro personal difícilmente puedan ser reparados de manera completa.

Investigar una denuncia grave es una obligación ineludible del Estado. Pero esa obligación incluye investigar tanto las circunstancias que podrían comprometer a los acusados como aquellas que podrían demostrar su inocencia.

El juicio será, finalmente, el ámbito en el que deberán confrontarse las distintas versiones. Allí se sabrá si la acusación puede superar el estándar de certeza requerido para una condena o si, como sostiene la defensa, las pruebas objetivas conducen a la absolución.

“Esperamos que los funcionarios judiciales hagan su trabajo, ni más ni menos”, concluyó Mazzeo.

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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario

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